El dato de 2017 se compara con uno de la era kirchnerista, confesó un ministro. Parte del Gabinete cuestiona a Energía por “actuar sólo” en tarifas. Esperan un enero bajo control.
En el Gobierno todas son ahora caras de cierta desilusión. Y de cruce de facturas. Algunos apuntan a Federico Sturzenegger y a sus casi utópicas metas de 15% para 2017. Otros a Nicolás Dujovne por no haber sido lo suficientemente ejecutivo para reducir el déficit fiscal. Otros, la mayoría, apuntan a Juan José Aranguren, el ministro que con más libertad se maneja para tomar decisiones dentro del Gabinete económico, y el que más impulsó con la suba de las tarifas el índice inflacionario hacia arriba. Incluso en momentos políticamente inoportunos como el alza de los combustibles de julio pasado, que impactó de lleno en el incremento de agosto. Lo cierto es que tanto para el “ala política” como para el Ministerio de Hacienda y el BCRA, el dato de un alza de los precios cercano a 25% fue un bombazo vivido como una sensación de promesa política incumplida. “Una inflación kirchnerista”, como se la definió en algún muy alto despacho oficial.
Sin embargo, y como aquellos boxeadores a los que se los ve tambaleantes y acariciando la lona durante varios momentos del comienzo de las peleas, el Gobierno quiere mostrarse aún como el potencial vencedor en el combate contra la inflación en estos cuatro años. Viene con tarjetas negativas. Entre el primer y el segundo año de gestión de Mauricio Macri, el acumulado trepa ya a casi 65% (no hay datos oficiales sobre todo 2016, pero el alza habría llegado al 40%); con salarios que en promedio no llegaron al 60%. En otras palabras, por ahora, los sueldos pierden contra los precios.
Confía sin embargo el Gobierno, que ya terminó la “mala hora” y que, ahora sí, puede salir a defender con la cabeza en alto una inflación para este año de cerca del 17% y lejos del 20%. Para esto hay un juramento de todos los actores de la obra: que en el primer trimestre, el alza de precios no llegue al 5%; dato que los privados ya ubican cerca del 6%. Y que Aranguren deje de actuar en solitario y se sume al equipo de coordinación inaugurado en la conferencia de prensa del 28 de diciembre pasado, donde hasta Federico Sturzenegger participó entusiasta. Que la meta del 17% sea creíble resultará fundamental en el cortísimo plazo. En dos meses los gremios privados más importantes del país tendrán que comenzar a abrir las negociaciones paritarias correspondientes a 2018, y la idea del Gobierno es que la meta básica circule cerca del 15% para cerrar en ese 17%. Parecería difícil que hoy el sindicalismo argentino acepte esta invitación; por lo que la idea oficial es extender lo máximo posible el inicio de las negociaciones hasta que los gremios vean que, ahora sí, el alza de los precios parece estar dominada y en vías de reducción. Y que la promesa de un 17% anual final puede ser posible. Algún hombre fuerte de la jefatura de Gabinete deslizó una eventualidad política, hoy por hoy, bastante lejana a ser debatida: que los gremios entiendan que 2018 será un año de transición y que, quizá, deberían aceptar que los salarios empaten o pierdan contra el alza de precios este año. El “ala política” se negó a tomar en serio la sugerencia.
La estrategia oficial es simple. Y difícil. Se cree que enero será un mes tranquilo, al evitarse la aplicación de incrementos de combustibles del 5% que el ministro de Energía ya tenía en las gateras bajo promesa a las petroleras que ahora refunfuñan. Según la visión oficial, este mes el alza de los precios debería estar cerca del 1%. Febrero será más complicado. El mes que viene comenzarán a aplicarse los fuertes incrementos del transporte público (trenes y colectivos); lo que tendrá inevitablemente un impacto alcista. El Gobierno tiene sus esperanzas puestas en que el incremento sólo impacte fuerte en los precios de la Capital Federal, y que el resto del país amortigüe y licúe el alza. Así, finalmente, el aporte sería del 0,7%, llevando el índice final a menos de 1,5%. Marzo volvería ser un mes tranquilo en cuanto a los servicios públicos, pero resulta siempre un período complicado en términos sectoriales con incrementos en librería, bebidas, textiles y alimentos. Si marzo no se rebela y aporta otro 1,5%; el aumento final debería ser de menos de 4%. El gobierno incluso aceptaría un punto más para el primer trimestre y “compraría” hasta 5% de aumento de precios. Abril será problemático. Es el mes donde mayores alzas de servicios públicos se sufrirían en el primer semestre del año, con un residual no menor al 1%. El transporte público y el servicio del agua volverán a subir en mayo, con otra herencia de 0,8% para el índice final. A todo este esquema le falta agregar la suba de los combustibles, en teoría, liberados desde el año pasado.
Si toda la estrategia se cumpliera, el dato final para el primer semestre de 2018 se debería ubicar no más allá del 8%. Si se repitiera la saga, el 17% final es aún posible.
