Fue a través de una presentación de recursos Amicus Curiae que realizaron la Caja de Valores Argentina y el 93% de los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010
El Gobierno recibió el respaldo de nuevos actores en el litigio de la Argentina contra los holdouts, con la presentación efectuada el viernes último de recursos Amicus Curiae ante la Corte Suprema de los EEUU por parte de la Caja de Valores argentina, y el 93 por ciento de los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.
Entre ellos se encuentran Exchange Bondholder Group, Fintech y los denominados Euro Bondholders.
La Caja de Valores hizo saber el viernes pasado a la Corte Suprema de los Estados Unidos su posición con relación a la sentencia que condenara a la Argentina por violación de la cláusula pari passu a través de sus abogados Raul R. Herrera y Ramon Marx, de la firma Arnold and Porter.
Los letrados opinaron que la sentencia de la Cámara de Apelaciones del pasado 26 de octubre debía ser revertida por la Corte Suprema.
Entre sus argumentos, la Caja de Valores consideró que "la orden dictada por la Cámara del Segundo Distrito es una decisión sin precedentes que ignora los límites territoriales impuestos por la FSIA a la jurisdicción de los jueces americanos, ya que alcanza a activos que se encuentran fuera del territorio de ese país".
Sostiene que la orden "agravia también la presunción de territorialidad de la referida ley sostenida en reiteradas oportunidades por la Corte Suprema y otros tribunales americanos", e invoca un posible "riesgo de disrupción del mercado de bonos internacionales y del sistema de pagos".
Por su parte, el Exchange Bondholder Group (EGB), Fintech y los Euro Bondholders también presentaron sus Amicus ante la Corte Suprema para acompañar la posición de Argentina.
El EGB, que representa a un grupo sustancial de fondos e instituciones financieras de los Estados Unidos, con derecho a cobrar servicios de deuda de la Argentina por más de U$S1.500 millones, destacó una vez más la necesidad de que la orden confirmada por la Cámara de Apelaciones debía ser revertida por el superior tribunal estadounidense.
Al respecto, entendieron que "la orden era una violación sin precedentes de la Foreign Sovereign Immunities Act (Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, FSIA por sus siglas en inglés) en tanto una corte de los Estados Unidos está intentando coercionar a otra nación para que use sus recursos soberanos para fines prohibidos por su propia normativa local y por sus principios de orden público, siendo así privada del control de sus propios recursos".
También destacan que la orden "excede el alcance de los remedios de equidad que tienen disponibles las cortes federales, lo que la transforma en una privación inconstitucional de los derechos de propiedad de los miembros del EGB, bajo la Quinta Enmienda".
Además, remarcaron que la decisión "puede llevar al default de más de U$S24.000 millones de deuda argentina de tenedores que ya aceptaron un fuerte descuento sobre sus créditos originales", por lo que consideraron que "la orden afecta los derechos de propiedad de miles de tenedores que no son más que terceras partes en esta contienda".
En igual sentido, el grupo de tenedores europeos sostuvo que ellos representan el interés de una porción sustancial de tenedores de deuda argentina que puede verse afectada por la sentencia impugnada.
Los europeos también destacaron el conflicto entre la sentencia y precedentes jurisprudenciales de otras Cámaras, y entre la sentencia y los límites que impone la FSIA, al implicar una restricción de recursos de un soberanos que se encuentran fuera del alcance territorial de la Cámara.
