La CNV podrá designar veedores o separar a los órganos de administración de una empresa en base a la denuncia de accionistas que posean al menos 2% de las acciones. El Estado participa 42 empresas a través de la ANSeS y en 37 de ellas cuenta con más del 2% del capital, entre ellas el Grupo Clarín
La primera reglamentación de la Ley de Mercados de Capitales, publicada ayer en el Boletín Oficial, establece que la Comisión Nacional de Valores podrá intervenir empresas cotizantes de oficio o a pedido de cualquier accionista que alcance el 2% del capital social de una firma cotizante. El Estado participa 42 empresas a través de el fondo de inversiones de la ANSeS, y en 37 de ellas cuenta con más del 2% del capital, entre ellas el Grupo Clarín.
Sociedades de bolsa, empresas cotizantes y operadores amanecieron ayer con la expectativa de conocer la esperada reglamentación de la ley que dará forma al futuro mercado de capitales, pero quedaron defraudados de inmediato. El decreto del Poder Ejecutivo que se publicó ayer da pocas precisiones, al menos en los puntos que más interesan al mercado, y que quedan a la espera de un a futura reglamentación elaborada por la CNV. Entre las pocas precisiones que se conocieron aparece la del controversial artículo 20 de la norma, que en el texto original establecía que accionistas minoritarios podían pedir a la CNV la intervención de una empresa en caso de considerar violados sus derechos.
El decreto publicado ayer especificó las condiciones de aplicación de esas intervenciones.
?Cuando la CNV como resultado de un dictamen sustentado en? informes, investigaciones e inspecciones, ?iniciados de oficio o mediante denuncia de accionistas minoritarios (..). determinase que fueron vulnerados los derechos de los mismos, podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad o separar a los órganos de administración de la misma?.
Los interesados en la intervención deberán ser tenedores de un mínimo en acciones o valores negociables equivalentes al 2% del capital social de la empresa y una denuncia ?fundada? referida a un daño a sus derechos.
?El mínimo que se establece para poder hacer la denuncia se desprende de la Ley de Sociedades, es el mismo que existe para pedir informes a los accionistas mayoritarios?, dijo un abogado especializado en el mercado de capitales. ?Claro que no es lo mismo pedir informes que una intervención?, agregó.
Los veedores con capacidad de veto serán designados por la propia CNV, mientras que la separación por 180 días de los órganos de administración implicaría la designación de un administrador o coadministrador por parte del mismo organismo. ?Ninguna empresa va a querer salir así al mercado. Ninguna empresa es un convento de monjas, en todas ?ya sea en Argentina, España o Estados Unidos? hay alguien con motivos para pedir una intervención?, comentó un docente universitario y operador del mercado.
Dos abogados, operadores y un académico consultados para esta nota ?todos ellos prefirieron el anonimato? coincidieron en señalar que, aunque esta aclaración respecto al artículo 20´ sorprendió por su alcance, la mayor parte de la reglamentación todavía no se conoce (ver página 2). ?Queda casi el 70% de los artículos por reglamentar, mientras que lo que más se espera es la definición de condiciones para ser operador en el mercado?, dijeron en un estudio legal.
La ANSeS, a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es accionista de 42 firmas privadas. En dos de ellas, Grupo Clarín y Siderar, el Gobierno sostuvo duros conflictos durante sus asambleas de accionistas.
