Aseguran que es una decisión autodestructiva, luego de que la Argentina había logrado ganar un tiempo considerable tras el fallo del viernes. El anuncio, advierten, pone en riesgo la suspensión de la sentencia y puede perjudicar el pedido del gobierno argentino de que la Corte Suprema revise el caso
El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la que el Gobierno ofrecerá a tenedores de deuda reestructurada emitida bajo ley extranjera cambiar el lugar de pago de sus bonos a Buenos Aires para evitar eventuales embargos, traería consigo implicancias legales adversas para el país.
En opinión de especialistas legales argentinos y norteamericanos consultados por El Cronista, el “stay” otorgado por la Cámara de Apelaciones – que impide que se ejecute la pena de pagar a los holdouts el 100% del capital adeudado hasta que el caso se defina en la Corte Suprema de Justicia estadounidense – podría ser levantado ante un pedido de los holdouts, si la Cámara así lo decidiera. De esta manera, el Gobierno pondría en serios riesgos el efecto suspensivo del fallo emitido el viernes pasado y con ello la posibilidad de que la Corte escuche el caso argentino.
“La decisión de intercambiar la legislación extranjera de los bonos por ley local me parece una muy mala idea. Creo que esta decisión es autodestructiva. Elliot intentará levantar el stay, la Cámara de Apelaciones le concederá este pedido, y ningún tercero con presencia en Nueva York podrá participar de esta medida por temor a sanciones judiciales. Con el fallo de la Cámara de Apelaciones, la Argentina se había comprado dos años y acaba de desperdiciarlos por nada”, explicó Anna Gelpern, profesora de leyes de la American University.
Según Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, el anuncio del Gobierno es una muy buena noticia si implica terminar con la ley cerrojo. Sin embargo, advierte que la justicia norteamericana podría reever el “stay” ante la alteración de los mecanismos de pago. “Si [el Gobierno] hace un canje de los bonos emitidos bajo ley Nueva York, esto podría implicar alterar los mecanismos de pago en violación a la orden de Griesa que sigue vigente y que prohibía alterarlos. Ello pude llevar a que se revea el otorgamiento del stay. Hay que ser muy cuidadosos pero ignoro cuál es la estrategia de Argentina atrás de todo esto”, analizó Etchebarne, quien agregó: “Cleary Gotlieb no puede ayudar a la Argentina a violar una orden judical de Nueva York, con lo cual el país quizás no sepa cuáles sean todas las consecuencias de esta ley”.
Con el otorgamiento del “stay” la Argentina evitó caer en un default técnico y además ganó tiempo en términos procesales, ya que en opinión de especialistas la Corte Suprema puede tardar entre 6 meses y un año en dar a conocer su decisión. Al haber un soberano involucrado es probable que la Corte le pida la opinión al Procurador General, lo cual tomaría más tiempo para que la Corte se expida.
“Creo que la justicia norteamericana reaccionará en forma adversa. Quedará ver qué es lo que harán exactamente con esta medida, pero levantar el stay es una posibilidad”, analizó Anthony Constantini, representante de bonistas individuales que decidieron no aceptar la propuesta de los Canjes en 2005 y 2010.
Stephen Marzen, de la firma Shearman & Sterling, también sostuvo que es esperable que los demandantes peticionen ante la Cámara de Apelaciones para que se levante el “stay”. “El anuncio de ayer a la noche pone esta instancia en riesgo y puede perjudicar el pedido del gobierno argentino de que la Corte Suprema revise el caso”, argumentó Marzen, para quien sigue en juego el riesgo de un default técnico. “Que los bonos entren en un default técnico depende si el Canje ocurre antes que se realice el pago y del número de bonos que son canjeados. Como el anuncio del Gobierno pone en peligro el stay, está latente el riesgo de un default técnico”, agregó Marzen.
