En un escrito, pidió al tribunal que dé por concluido el caso que obliga al país a pagar u$s 1500 millones e insistió en que el Gobierno evita cumplir sentencias adversas
El fondo NML Capital, principal demandante contra el país por la deuda en default, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que rechace el caso y dé por concluido el juicio. Entre sus fundamentos, mencionó que el cambio de jurisdicción que propuso el Gobierno a los tenedores de bonos con legislación estadounidense, para evitar eventuales embargos, incumple compromisos que había tomado la Argentina en tribunales de Nueva York.
La administración de Cristina Fernández, recordó el fondo “buitre”, había prometido no cambiar los mecanismos de pago de la deuda regularizada, con el juez de distrito Thomas Griesa, primero, y la Cámara de Apelaciones, después, ataron al pago de la sentencia a NML Capital, del magnate Paul Singer y otros bonistas individuales por unos u$s 1500 millones. Singer es, junto a Kenneth Dart, el principal escollo a la reestructuración de la deuda.
Citó la declaración de Francisco Eggers, el director nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, que el 22 de noviembre último se comprometió a que el país acataría un fallo contrario y no aplicaría mecanismos tendientes a desviar los pagos, como informó El Cronista en su edición de ayer.
Robert Raben, el director ejecutivo de American Task Force Argentina, el think tank patrocinado por los fondos buitre, dijo que el cambio de jurisdicción de los bonos “es de lo más descarado, dado que en noviembre de 2012 la República Argentina prometió en una corte de Estados Unidos que no alteraría o enmendaría los procesos o mecanismos específicos de transferencia para realizar los pagos” de la deuda regularizada.
El viernes, la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York convalidó el fallo de primera instancia de Griesa, que obligó al país a pagar de una vez el total de la sentencia en favor de NML Capital y trece bonistas particulares. También comprometió en el cumplimiento al Banco de Nueva York (BONY), encargado de dirigir los pagos de deuda regularizada.
Apelaciones consideró que la Argentina no probó que la sentencia de Griesa violara la Ley de Inmunidad Soberana, que obligaría a la Corte Suprema a tomar partido. Y que tampoco probó eventuales perjuicios a la comunidad financiera.
Pero además, consideraron los litigantes, “Argentina dejó en claro que tratará de burlar cualquier juzgamiento adverso que esta Corte emita”. Citó a la Cámara de Apelaciones, que mencionó que Cristina “pública y repetidamente anunció la intención de desafiar cualquier sanción de esta Corte y la corte de distrito con la que no concuerde”. Recordó que la Presidenta dijo que no se le pagará “ni un solo dólar” a los fondos buitre luego del fallo de Griesa del 26 de octubre pasado, en el que obligo a pagar los u$s 1.500 millones. El anuncio oficial de cambiar la jurisdicción de los bonos es “quizás el más flagrante desprecio por el imperio de la ley hasta ahora”. “La presidenta Kirchner no dejó dudas sobre la única razón de este plan: evadir la jurisdicción de las cortes de Estados Unidos”.
Por eso, los holdouts consideró que “sería una mala asignación de los escasos recursos de esta Corte otorgar la revisión a un litigante que ha exhibido tal desprecio por la autoridad judicial del sistema de Estados Unidos”.
