Ingresarían papeles en default por hasta u$s 2.000 millones. La cotización de los bonos impagos subieron ayer 23% por el negocio de comprarlos para entrar en la reestructuración
La reapertura del canje de deuda que votará el Congreso la semana próxima llevaría a regularizar cerca del 95% de los compromisos caídos en default en 2001, ya que ingresarían títulos por entre u$s 1.500 y u$s 2.000 millones. La cifra representa hasta un 30% de la deuda que permanece impaga, sin contar los intereses vencidos.
En eso coincidieron distintos expertos consultados por El Cronista. Así, la deuda reestructurada pasaría a representar el 95% del total y quedarían más aislados los fondos “buitre” que litigan contra el país.
Según Javier Alvaredo, economista socio de la consultora ACM y ex funcionario de la Secretaría de Finanzas, la reapertura del canje elevaría el nivel de aceptación “entre 1,5 y 3%”.
Hernán Lacunza, economista director de la consultora Empiria y ex gerente general del Banco Central, fue más escéptico. La deuda en default, contando capital e intereses, asciende a u$s 11.200 millones. “Los fondos buitres más radicalizados no tienen ningún incentivo a entrar, porque ahora van ganando el partido 2 a 0 y están mucho más cerca de cobrar su aspiración máxima. Así que quedan unos u$s 8.000 millones (unos u$s 4.700 millones más intereses) y de eso no va a entrar mucho”, dijo.
Los principales interesados en la nueva oferta serán los fondos de inversión que ya comenzaron a comprar títulos en default. “La oferta (del canje) hoy vale u$s 51 (por cada lámina de u$s 100 impaga) y los bonos en default se consiguen a u$s 27”, explicó Alvaredo.
Por eso, cree que la aceptación podría llegar hasta los u$s 2.000 millones.
Ayer, los bonos impagos argentinos alcanzaron los niveles más altos de los últimos cuatro meses, según reportó la agencia Bloomberg. Esos papeles subieron 23% hasta los 38 centavos de dólar. Los fondos especuladores tienen posibilidad de ganar hasta un 26% al hacerse de los títulos en default a esos precios para después canjearlos por papeles de deuda regularizada (ver F&M pág. 4).
Esas láminas impagas pueden cambiarse por bonos Par o Discount más otro bono por los intereses caídos y cupones atados al PBI. En el canje de 2010, el Gobierno entregó bonos Global 17 por los intereses vencidos. En esta oportunidad, podría replicar la oferta de un bono con vencimiento en 2017 o emitir otro papel, a siete o diez años.
El lunes, la presidenta Cristina Fernández anunció por cadena nacional la tercera apertura del canje de deuda y la posibilidad de que quienes tengan bonos bajo legislación extranjera los cambien por otros de jurisdicción nacional para evitar posibles embargos de la justicia de los Estados Unidos.
El canje replicará la oferta de 2010: el inversor podrá optar por cobrar bonos Discount o Par en pesos o dólares más el Global 2017 (u otro bono más largo) por los intereses caídos y el cupón PBI. Pero con una diferencia sensible: en esta ocasión, todos los bonos del canje que emitirá el Gobierno tendrán legislación local.
“La legislación de Nueva York era un mecanismo para aumentar las participaciones (en los canjes anteriores). Ahora vale más un bono de legislación local que uno de ley internacional, pero hay que ver qué impacto va a tener eso en la adhesión”, afirmó Marina Dal Poggetto, directora del estudio Bein.
Sin embargo, el Gobierno maneja una alternativa: separar la emisión de deuda del canje de la oferta que se le hará a los fondos buitres ante la Corte Suprema de Estados Unidos. A NML Capital, de Paul Singer, Aurelius y los trece bonistas individuales que participan del litigio les ofrecerían los bonos de la reestructuración pero bajo ley de Nueva York, para replicar con exactitud la propuesta de 2010.
Ayer, los litigantes pidieron a la Corte Suprema que rechace el caso argentino por considerar que la propuesta argentina pone de manifiesto la voluntad de evadir una sentencia en contrario. Además, pidieron una audiencia con el juez de distrito Thomas Griesa, que levantaron a último momento sin nueva fecha. Se especuló con una reunión privada entre los buitres y los abogados argentinos, pero distintas fuentes oficiales lo descartaron de plano.
