En las reuniones de la mesa de la vivienda con directivos de las diferentes cámaras del sector inmobiliario y de la construcción que venimos teniendo, hemos decidido abordar un tema muy sensible: la ley de alquileres. Impulsaremos el desalojo express (que resuelve el debate sobre garantías), que en lo que no sea vivienda social las partes puedan pactar libremente la precancelación, y desde ya que pediremos exenciones de impuestos para proyectos de vivienda de alquiler social.
Si esto se lograra, podríamos impulsar inversiones reales importantes en emprendimientos residenciales de renta, como se ven hoy en día en tantas partes de Latinoamérica y del mundo. En efecto, los lentos desalojos desalientan a los inversores, así como también agudizan la discusión sobre las garantías. Lo mismo sucede con la pesada carga impositiva que sufren estos proyectos.
En lo relativo a la precancelación, es clave que se pueda pactar entre las partes con las penalidades del caso. Ello habilitarían una nueva herramienta de financiamiento: el descuento de los contratos. Mientras la precancelación sea virtualmente sin penalidad, como en la actualidad, ese esquema de fondeo resulta inviable.