La conducción económica ya tiene elaborados dos o tres escenarios posibles para avanzar en la eliminación de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos. Las diferencias entre las alternativas diseñadas se refieren al piso y al techo de los aumentos que deberán pagar los usuarios, pero ya hay consenso de que el primer paso será la reducción de los subsidios en Capital Federal y Gran Buenos Aires, para las facturas eléctricas en las áreas de concesión de Edenor y Edesur.
En la realidad, los subsidios del Estado al precio mayorista de la energía eléctrica y al costo del gas importado, tienen alcance nacional: los usuarios residenciales, comerciales e industriales de todo el país tienen el beneficio, con las quitas que se determinaron en noviembre de 2011 que incluyen los countries en todo el territorio y partes de barrios y localidades de Capital y GBA , y en el caso de las empresas a los bancos, financieras y compañías de seguros.
Lo que sucede es que en el interior los gobiernos provinciales aprovecharon los subsidios para mejorar los ingresos de las empresas distribuidoras, ya sean estatales o privadas, por lo cual las facturas son mucho más altas que en Capital y GBA donde el gobierno nacional acotó al máximo los aumentos destinados a las cajas de Edenor y Edesur.
Esa diferencia en el nivel de tarifas es lo que deja espacio ahora empezar por la electricidad en el área metropolitana. La decisión no implica un trato discriminatorio o por lo menos lo será tanto como cuando en 2011 se decidió eliminar subsidios sólo en La Horqueta, y no en todo San Isidro, o en parte de Palermo y no en todo el barrio.
La medida debe lograr no crear susceptibilidades con los intendentes del Gran Buenos Aires, por el impacto en sus electores. Por eso habrá además una diferenciación según la contribución fiscal de cada usuario. Se presume además que aunque ya está descartado bajar subsidios a los que compraron dólares, el piso de $7.200 de ingresos mensuales que permite acceder a la compra de divisas para atesoramiento, también podría tomarse de referencia de modo que quienes ganen menos de eso seguirán plenamente subsidiados, al igual que los que cobran la asignación universal por hijo, y los jubilados con haberes menores a esa base.
A partir del piso, la reducción de subsidios se definiría por franjas de ingresos, y sería mayor cuanto más alto sea el consumo si la contribución fiscal y la valuación fiscal del inmueble lo permiten. La intención es evitar que queden entre los que más pagan, los usuarios residenciales que por razones económicas tienen gas en la puerta de su casa pero no hicieron la instalación interna y se siguen calefaccionando con electricidad.
Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=729460
