Por Luis Secco
La fuerte vulnerabilidad de la economía argentina a los vaivenes del contexto internacional ha dicho presente en todas las crisis económicas que la sacudieron desde mediados de siglo pasado. Tan es así, que no recuerdo ningún gobierno que no haya intentado exculparse de toda responsabilidad haciendo uso del argumento de la herencia (dejada por la gestión anterior) y de la «crisis internacional» que justo le tocó en (mala) suerte. Ahora bien, correlación entre el discurso político y las crisis macro argentinas no es necesariamente sinónimo de causalidad. Un ejemplo bastante claro de ello es la crisis del otoño-invierno de 2018, la cual fue básicamente auto-inducida sin que mediara un componente de «crisis internacional», más allá de los esfuerzos del gobierno de entonces por sugerir uno.
Es bastante obvio, además, que dicha vulnerabilidad un tanto extrema es un fenómeno bastante particular de la Argentina. Las crisis globales afectan a todos los países, y mucho más a los emergentes, pero en nuestro país suelen tener consecuencias más graves. Está claro que los gobiernos locales no tienen la posibilidad de evitar o moderar una crisis global, pero sí podrían hacer que sus consecuencias sobre la economía doméstica fueran menos gravosas. Sin embargo, lejos de preparar la economía para este tipo de eventos incontrolables, Argentina no es sólo un laboratorio de políticas macro que deberían evitarse, sino también un laboratorio de debilidades estructurales que no se abordan y se agravan a lo largo de las décadas. Y, tanto unas como otras, lejos de moderar el ciclo causado por la dinámica internacional, lo exacerban.
En cuanto a la macro, la política fiscal es pro-cíclica, se gasta todo excedente de recursos y mientras el mundo no se hace ningún cuestionamiento sobre la liquidez o solvencia del fisco argentino, el endeudamiento crece a niveles que luego, cuando el contexto internacional cambia o cuando la macro o la política local le sacan el apetito a los inversores, lucen exorbitantes o insustentables.
Al mismo tiempo, la política monetaria es recurrentemente dominada por la fiscal, y la indisciplina del erario público es una invitación permanente a más inflación y, por lo tanto, a huir de una moneda débil poco demandada. Por su parte, el tipo de cambio flotante, que es la mejor medicina para economías con una alta exposición a shocks de naturaleza real (externos, climáticos), no parece funcionar en la Argentina, dado el rol vital del dólar en los mecanismos de formación de precios y como ancla de expectativas. Así que ni la política fiscal ni la monetaria y cambiaria están disponibles cuando, en una crisis, más se las necesita.
En cuanto a las debilidades estructurales, Argentina es una economía cerrada, poco competitiva y extremadamente regulada, con un Estado gigante (medido en términos de su gasto y de la presión tributaria sobre los sectores formales de la economía) pero que no provee bienes públicos ni en la cantidad ni de la calidad necesaria para que el sector privado pueda desenvolverse en condiciones favorables para el crecimiento de su productividad. La infraestructura de transporte y logística, de comunicaciones y la energética tampoco favorecen la productividad, y el sector privado enfrenta regulaciones (de todos los niveles de gobierno) que resultan no sólo volátiles, sino que muchas veces contrarias a la idea misma de una economía privada y capitalista.
Un Gobierno lento, y encerrado en la idea de que todo (incluso las soluciones) gira en torno a la política, hace que estas restricciones se tornen aún más evidentes. Dicha lentitud no sólo se manifiesta en relación a la contención del COVID-19,sino también en la ausencia de propuestas concretas y consistentes en materia de manejo de la deuda pública y armado de un programa económico sustentable. Se desperdiciaron 90 días clave para generar el cambio de expectativas que la Argentina necesitaba. No se recreó la confianza y las pocas medidas adoptadas lejos de propiciar un escenario favorable para la producción y la inversión de riesgo se concentraron en redistribuir ingresos a favor de algunos sectores en detrimento de otros.
Asimismo, la especulación –impulsada hasta hace días con mucho vigor desde la propia cúspide del Gobierno–, de que habría otras medidas (un programa) después de renegociarla deuda, le dio un tinte transitorio a las actuales, lo que determinó que la actitud prevaleciente resultase la de esperar y ver. Es como si la gran mayoría de los agentes económicos estuviera esperando algo, sin saber muy bien que si un nuevo inicio o un desenlace, un algo que actúe como gatillo de ese cambio de expectativas favorable que aún reluce por su ausencia.
Este otro virus es el que debería causarnos aún más preocupación y el que no hay que subestimar. El virus de la inacción y de la complacencia. El de creer que se está haciendo todo lo que se puede hacer, que siempre hay tiempo por delante, que se puede ir de a poco. Y que lo que no se hace, sencillamente no se puede hacer porque, dirían el Gobierno y el FMI, no es económica ni políticamente viable. No se puede bajar el gasto, no se pueden bajarlos impuestos, no se pueden desregular mercados, no se puede abrirla economía, no se puede…, no se puede… Este virus no es nuevo, muchos gobiernos del siglo pasado y todos los de este siglo, incluyendo el anterior –a pesar de su lema–, fueron presa y agentes transmisores del mismo.
La historia argentina parece indicarnos que nunca es momento adecuado para arrancar con políticas macro sustentables y cambios estructurales que impulsen la productividad. Ni siquiera las últimas crisis sirvieron para viabilizarlos. Peor aún, hemos visto lo contrario: siempre es un buen momento para hacer políticas macro irresponsables y para agravarlas debilidades estructurales que condicionan la productividad. Ojalá que la historia no vuelva a repetirse.
Fuente: https://www.cronista.com/columnistas/Virus-subestimados-20200311-0065.html
