Se trata del rescate mandatorio. Implica condicionantes entre las colocaciones de deuda que se hagan en el futuro y las de la reestructuración.
Como si nada hubiera pasado, como si siempre se hubieran relacionado con sonrisas y palabras agradables, las partes volvieron ayer a prender sus computadoras y conectarse vía teleconferencias para reiniciar las negociaciones por la deuda. “No somos buscadores de pleitos. Queremos, y creemos que ustedes también, un acuerdo para terminar con este desagradable tema”, fue la frase que abrió la comunicación de ayer de parte de uno de los abogados estrella que representan los acreedores. “Tenemos el mandato político de negociar para llegar a un acuerdo. No somos el Gobierno del default”, fue la respuesta desde Buenos Aires.
Con esta buena educación, los funcionarios argentinos y los referentes de los tres grupos que representan a los acreedores de la deuda argentina emitida bajo legislación nacional volvieron ayer por la mañana a desearse mutuamente suerte con las discusiones que se reabrieron y que tendrán como fecha tope el 24 de julio. Con este muy buen clima comenzó la cuarta etapa de negociaciones. Sin embargo, a segundos de haberse lanzado mutuamente los mensajes de buena fortuna, desde Wall Street llegó el primer misil. Para mejorar la oferta y predisponer a los acreedores, los abogados que los representan reclamaron rápidas definiciones en uno de los capítulos técnicamente más importantes y difíciles de explicar dentro del país. Especialmente al ala política del Gobierno.
Los abogados de BlackRock reclamaron que el país acepte que cada vez que hacia delante se emita deuda en la Argentina, la mitad de esa colocación se destine a recomprar títulos lanzados desde 2016 en adelante, y como compensación por no quitarles a estos bonos la “cláusula antibuitre”. Esta limitación fue uno de los puntos más complicados de la fallida segunda fase de negociaciones, como también en la algo más productiva tercera etapa de discusiones. En todas, el grupo Ad Hoc de bonistas quiso imponer como una injusticia y una doble vara para medir los derechos de los acreedores la posibilidad de hacer juicios sin cláusulas colectivas que detentan los tenedores de deuda emitida durante el kirchnerismo. BlackRock, Fidelity y Ashmore siempre pidieron que el beneficio se extienda también a ellos, y que la obligación que impone un mínimo de acreedores de casi el 35% para poder iniciar un juicio en los tribunales de Wall Street quede eliminada.
El Gobierno propuso en la primera tanda de discusiones eliminar la cláusula también para los bonistas K; y luego, en la tercera etapa, aceptó incluirla pero sólo para los tenedores de deuda emitida durante 2003 y 2010, y como el reconocimiento de un derecho anterior que legalmente era imposible de no aceptar. Cuando desde las huestes de BlackRock notaron que sus primos hermanos lograron que se les mantuviera el beneficio (una de las exigencias del abogado Dennis Hranitzky), los representantes legales del fondo de Larry Fink frenaron toda posibilidad de avanzar en las negociaciones y comenzó una nueva espiralización del conflicto. El debate sobre este punto fue uno de los que derivaron en el mal humor general con que cerraron las discusiones el miércoles pasado y los lanzamientos de acusaciones públicas entre las partes del jueves. Ayer, BlackRock dejó claro que este capítulo volverá a ser materia de negociaciones.
La novedad es que el fondo ahora busca que si se mantiene excluido del derecho a los bonistas macristas, haya algún beneficio especial para ellos que no reciban los acreedores kirchneristas. Y la propuesta es recibir el beneficio del “rescate mandatorio”, un capítulo que fue reclamado en algún momento por los acreedores, pero que rápidamente, y por la negativa explícita de Martín Guzmán, quedó rechazado. El tema no se trataba desde la segunda etapa, pero ahora volvió con cierta virulencia sobre la mesa de telenegociaciones. Ante la novedad, los negociadores argentinos impusieron la misma lógica que se inauguró en la tercera etapa: cuestiones tan complicadas son trasladadas a la decisión política. Esto es, al despacho de Olivos de Alberto Fernández.
La “cláusula mandatoria” es de aplicación simple, pero complicada de aceptar. Implica que un porcentaje de cada colocación futura de deuda sea destinada a recuperar deuda ya caída en default, para mejorar su performance en los mercados. Se entiende que es un mecanismo de “buena fe” de parte del deudor, al comprometerse con el acreedor a mutar en una mala posición presente en los mercados por la apuesta de una buena situación financiera internacional en el futuro. Mencionan los negociadores de BlackRock que de haberse aplicado en las emisiones de deuda de Macri, los bonistas K habrían recibido tanta cantidad de dinero durante los dos primeros años del Gobierno anterior que se habrían licuado sus pasivos negociados en los canjes de 2005 y 2010; y se habría recuperado gran parte de las pérdidas. Obviamente también hubiera implicado menos dinero disponible para el Gobierno de Mauricio Macri; y, quizá, una aceleración de la crisis, lo que luego hubiera perjudicado a BlackRock. Esto, claro, no lo menciona el fondo de inversión norteamericano. Lo que sí se lanzó en las negociaciones es que esta alternativa podría cubrir en el futuro lo que en teoría los adherentes al Grupo Ad Hoc perderían por no percibir el beneficio de la posibilidad de acelerar los juicios ante el default.
Para los argentinos, esta relación no tendría sentido. La posición del Gobierno es la de discutir las condiciones financieras y judiciales del canje por separado y de manera independiente.
