El Gobierno confía. Los negociadores argentinos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que encararon la etapa de discusiones del último tramo del 2020 (algunos ya no están en la mesa de debate en 2021), y los que continúan ejerciendo ese rol este año; creen haber escuchado que los delegados del organismo financiero internacional avalarían los dos datos fiscales más importantes que necesita la gestión de Alberto Fernández. Según esta visión, desde Washington se aceptaría que en la eventual “Carta de Intención” que los técnicos del FMI y los negociadores locales deberían firmar antes de marzo; el déficit fiscal primario del ejercicio anterior sea de 6,5%, y que el de este año se reduzca al 4/ 4,5%. Creen en Buenos Aires, que los hombres y mujeres que trabajan con el director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, podrían otorgarle este guiño al país. Siempre que sea la llave para destrabar el acuerdo y trabajar sobre lo más importante para el Fondo: la manera en que el Gobierno se comprometerá a continuar con la contracción del déficit en el bienio 2022 y 2023; para llegar en 2024/2025 a la ansiada meta del déficit fiscal. Y con esto, a la posibilidad, hoy muy remota, de conseguir fondos sólidos para poder atender las múltiples exigencias de pagos en dólares ante los vencimientos con los acreedores externos privaros y los organismos financieros internacionales.
Desde el ministerio de Economía creen tener los argumentos para el aval. La explicación para el déficit fiscal es la clásica de estos tiempos, relacionada con la necesidad de encarar la pandemia con las herramientas disponibles. Las que en la Argentina estuvieron además restringidas a la languidez de las reservas con las que comenzó la gestión de Alberto Fernández. Se considera además que los números primarios fueron algo mejores a los que se hablaron al final del 2020 con el Fondo; cuando se discutía un 7,5%. Los números de las cuentas del Estado Nacional cerraron el año pasado con un déficit primario equivalente al 6,5% del PBI. El resultado equivale a un punto porcentual menos; pero manteniendo la misma proyección presupuestaria para el 2021, según las estimaciones del Presupuesto aprobado por el Congreso a fines del año pasado. Esto es un 4,5%. Están convencidos desde las oficinas de Guzmán, que el dato es sustentable con la rebaja que reclama el FMI y absolutamente coincidente con las intenciones de políticas fiscales activas que quiera aplicar el Gobierno este año. Ejercicio donde además el Gobierno se jugará su preeminencia legislativa en las próximas elecciones.
Para cerrar el capítulo de las promesas fiscales, Argentina y el FMI deben ponerse también de acuerdo en un tema clave: cómo se financiarán estos desequilibrios anuales. Verbalmente hay coincidencias en un concepto general: la Argentina debe reducir al mínimo su nivel de emisión monetaria, y concentrar el cierre de los desequilibrios tomando deuda. Y que ese pasivo financiero sea, en su mayoría, implementado a través de colocaciones en pesos y no en moneda extranjera. Obviamente, la recomendación final es que la deuda sea lanzada en el mercado doméstico, abandonando el país en lo posible la alternativa externa. Para el FMI, el cambio de denominador del pasivo en endeudamiento en pesos y no en dólares, contablemente es fundamental para la calidad de los números de la propuesta argentina. El Ministerio de Economía no ve mal la alternativa y está dispuesto a que el cronograma general de este año, y de los próximos hasta lograr el equilibrio fiscal surja de la toma de deuda en moneda doméstica, abandonando lo máximo posible las colocaciones en dólares, euros o similar. Y dejar para un nivel no mayor al 1,5% de cobertura de ese déficit, a través de la emisión de pesos.
Desde el ala política monetaria del Gobierno, se le da la seguridad a Economía que todas esas metas son logrables. Se habla que el Banco Central tiene las espaldas suficientes como para ejecutar política contractiva para la velocidad de circulación del dinero en el mercado doméstico, para evitar presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio de la colocación de esa deuda. La entidad que maneja Miguel Pesce afirma que conoce lo suficiente el mercado de títulos públicos emitidos en pesos, como para mantenerlo en un nivel de flotación positivo sin que afecte ni la inflación ni la reactivación de la economía.
