Axel Kicillof evalúa una alternativa para evitar una cesación de pagos el 30 de junio: girar u$s1.500 millones que quedarán en custodia como garantía de la voluntad de pago argentina a los acreedores. A cambio, se espera el restablecimiento del "stay" para poder cumplir con los vencimientos de la deuda reestructurada
El sorpresivo y repentino viaje del ministro de Economía Axel Kicillof a Nueva York, al parecer, no solo fue para hablar en las Naciones Unidas sino también para acelerar los tramites con los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton para que la Argentina pueda el 30 de junio pagar los vencimientos por unos u$s 900 millones del bono Discount que recibieron los acreedores que entraron en los canjes I y II. En su discurso, Kicillof manifestó que "Argentina quiere pagarle a la totalidad de sus acreedores", pero advirtió que de cumplirse con el fallo del juez Thomas Griesa se corre el riesgo que el "uno por ciento de los acreedores ponga en riesgo todo el proceso de restructuración" de la deuda y de la economía argentina.
Kicillof dejó claro que ante los tribunales de Nueva York el Gobierno ha pedido un trato justo pero destacó que no ha habido respuesta. "No puede ser en tres días que un país pueda tener una deuda nueva de 15.000 o 150.000 millones de dólares", dijo Kicillof en la reunión del G-77 más China, que se realizó en la sede de las Naciones Unidas y transmitió la televisión local. Pero lo que Kicillof no comentó es que el Gobierno está negociando realizar una especie de depósito judicial por unos 1.500 millones de dólares en la sede del juzgado de Nueva York a cargo de Griesa para logara que la Argentina pueda evitar entrar en situación de default técnico a partir del 30 de junio. Esa seria una de las alternativas que maneja del estudio de abogados que asesora a la Argentina para evitar un futuro embargo de los llamados "fondos buitre": NML Elliott, Aurelius y Blue Angel, más 13 bonistas que le ganaron el juicio a la Argentina que tiene sentencia de ejecución, luego que el 16 de junio pasado la Corte Suprema de los EEUU se negara a tomar el caso.
La posibilidad de realizar un depósito judicial se desprende de las últimas reuniones que tuvieron los abogados de Argentina y los directivos del fondo NML Elliott junto a Daniel Pollack, el abogado experto en mediaciones financieras designado por le juez de Nueva York para tratar de llegar a un acuerdo. La gran duda es de dónde saldrían los fondos para realizar ese depósitos, y allí se abre un abanico de versiones que circulaban en estas horas entre algunos operadores locales y también de Wall Street. La más fuerte era que habría varios bancos internacionales entre los que se mencionan JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Barclays o Citi, que podrían adelantarle esos fondos al Gobierno a cuenta de futuras colocaciones de deuda que el Gobierno podría hacer para pagar en el futuro parte de la deuda defaulteada que no entró en los canjes. En este caso alguno de estos bancos le aseguraría a los bonistas que tomen esos títulos, que podrían ser Bonar 24 o un bono más largo que se emita, como un Bonar 28, que serán comprados inmediatamente después de que los reciban del Gobierno, tal como ocurrió con los u$s 5.000 millones en títulos soberanos que recibió Repsol y que inmediatamente vendió al JP Morgan.
A la espera de una nueva medida cautelar
En las recientes reunionos los abogados del país, tal como lo manifestó Kicillof en su discurso, reiteraron que necesitan una cautelar, volver al stay, para poder proteger los pagos de deuda reestructurada antes de efectuar una oferta de pago final a los "fondos buitre", pero al parecer estos quieren cobrarle a la Argentina lo más rápido posible, aduciendo además que el peligro de un futuro embargo obliga al gobierno de Cristina Kirchner a realizar una oferta de pago ahora. Al parecer, el facilitador nombrado por Griesa habría solicitado que la Argentina haga por lo menos una oferta, pero el Gobierno se niega a realizarla por el peligro que advirtió Kicillof acerca que otros bonistas que entraron y otros que no entraron en el canje pidan los mismo que los que ganaron la sentencia. Por su parte hay que reiterar que los holdouts le solicitaron a Griesa que rechace la solicitud de Argentina y no imponga nuevamente el stay hasta que el gobierno argentino no dé indicios de tener voluntad de pago y de presentar un cronograma. Desde el lunes 30 de junio próximo la Argentina tendrá un mes de gracia para pagar esos desembolsos antes de entrar formalmente en default, pero la situación se ha complicado. El abogado de NML Robert Cohen ha manifestado el martes que "no hay razón para que las negociaciones no puedan concluir antes del 30 de julio". En tanto que los abogados de Steen Cleary Gotlieb & Hamilton han vuelto a reiterar que la Argentina no puede mejorar la oferta de los los canjes de deuda por la cláusula RUFO. Ésta vence a fin de año, por cuanto desde enero del 2015 se podría mejorar la oferta.
"Argentina está dispuesta a negociar (con los que no entraron al canje de deuda) de buena fe, pero si de aquí al lunes que viene el juez (Griesa) no pone una suspensión de esa sentencia, la negociación se haría en condiciones muy complejas" dijo Kicillof. Pero el ministro fue más allá al manifestar que "esa decisión judicial abre por la cláusula pari-passu (tratamiento igualitario) la posibilidad de que el 92,4% que sí entro al canje también reclame el pago del total adeudado, por lo que deberíamos estar pagando 150.000 millones de dólares".
Esto implica que los bonistas que entraron en los canjes I y II podrían reclamar una oferta igual a la que Griesa obliga a pagarle a los "fondos buitre" por la aplicación de la cláusula RUFO (Rigth Upon Future Offer). En este caso, de acuerdo a lo que opinan algunos abogados expertos en reestructuraciones de deuda soberna, no se daría esta situación. Esto se debe a que la sentencia de Griesa es obligatoria y no una actitud voluntaria de la Argentina de ofrecer mejores condiciones de pago.
