Tienen este año necesidades de financiamiento por $45.000 y un escenario de default técnico les impedirá obtener en el mercado los fondos que esperaban renovar
Las administraciones provinciales serán las más perjudicadas por la restricción crediticia que implica el fallo de la Justicia estadounidense en favor de los holdouts, ya que este año requerirán de necesidades de financiamiento por 45 mil millones de pesos, advirtió la consultora Ecolatina.
La situación cobra especial importancia a pocos días del pago de la primera cuota del aguinaldo, en un contexto en el que además del Estado nacional, la deuda de cinco provincias (Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Salta y Neuquén) y la de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una baja en la calificación por parte de Standard & Poor's, añadió la entidad.
"A diferencia de la Nación, que es asistida por el Banco Central y se ve beneficiada por el efecto de la devaluación en los recursos del comercio exterior, las provincias no pueden emitir para financiar su déficit, sus gastos son muy inflexibles a la baja (el 50% corresponde a salarios) y el efecto positivo de la devaluación alcanza a sólo 2 por ciento de sus ingresos totales", señaló.
Ecolatina precisó que "este año las provincias deberán cubrir necesidades de financiamiento cercanas al 1,5% del PBI ($ 45.000 millones), por encima del 1 por ciento de 2013", por lo que "el endeudamiento era central para cerrar las cuentas de las provincias en 2014", al punto que "la mayor parte de los presupuestos provinciales 2014 cerró con déficit a ser financiado (en más de un 80%) con emisión de deuda".
"Así se entiende que las provincias miraban con buenos ojos el giro en la estrategia de financiamiento externo realizado por el Gobierno Nacional con el CIADI, Repsol y el Club de París, ya que esto representaba una oportunidad para salir a los mercados internacionales y hacerse de recursos a tasas más bajas", consideró.
Muchas provincias "optaron por esperar a la resolución de la Corte para colocar deuda en los mercados externos", pero la resolución judicial adversa "alteró los planes provinciales en el corto plazo", advirtió.
La baja en la calificación de riesgo, sostuvo Ecolatina, "dificulta la colocación de deuda de manera inmediata encareciendo el acceso al crédito externo más allá del acuerdo al que se arribe con los holdouts en los próximos meses".
No obstante, la consultora remarcó que antes de la decisión de la Corte "la situación de las provincias con respecto a sus compromisos de deuda ya se había complicado", ya que "la devaluación de principios de año había elevado el pago de intereses debido a la importante utilización de bonos dollar-linked (pagaderos de acuerdo a la evolución del tipo de cambio oficial) durante 2012 y 2013".
Al respecto, señaló que "sólo por la devaluación de enero el pago de intereses de las provincias se incrementó en 3.700 millones de pesos".
Asimismo, tras el fallo adverso, Ecolatina evaluó que el Gobierno nacional "podría volverse reacio a entregar divisas, dificultando la cancelación de servicios de deuda provincial en moneda extranjera".
"La colocación de deuda por parte de los gobiernos sub-nacionales para hacerse de recursos es fundamental en los próximos meses debido a la elevada estacionalidad de sus erogaciones durante el segundo semestre del año (tienen lugar los aguinaldos por $ 25.000 millones en julio y $ 28.000 millones en diciembre)", señaló la consultora.
En ese sentido, recordó que en 2012 "la provincia de Buenos Aires tuvo dificultades para pagar en tiempo y forma los aguinaldos de julio" y "tuvo que optar por cancelar el pago en cuatro cuotas los meses siguientes".
"De manera que, en un año que de por sí era complicado para las provincias, no hay que descartar que la ya comenzada moderación fiscal (principalmente en obra pública) sea mucho más pronunciada debido a los efectos de las últimas novedades", alertó.