Tras las fuertes críticas por parte del empresariado, el oficialismo aceptó una serie de modificaciones y emitió dictamen. La oposición aclaró que igual no acompaña
El Gobierno admitió ayer más cambios que los que se esperaban a su proyecto para reformar la Ley de Abastecimiento, con los que suavizó el alcance de algunos de los artículos que más irritaban a los empresarios. Éstos, que criticaron con dureza el texto durante el debate en comisiones del Senado, se mostraron gratamente sorprendidos tras conocer las modificaciones. En la misma sintonía se expresó la oposición, que de todas formas anunció que mantendrá su rechazo a la iniciativa el próximo miércoles en el recinto.
El Frente para la Victoria firmó junto a sus aliados el dictamen, luego de que los funcionarios del Ejecutivo anunciaran las modificaciones. El jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, reconoció que las correcciones “minimizan o disminuyen la arbitrariedad”. Sin embargo, su bloque no cambiará la postura original frente al texto porque, aseguró, la iniciativa mantiene “la lógica de que el control de precios es la única política antiinflacionaria”.
Las modificaciones fueron definidas por el subsecretario de Justicia, Julián Álvarez –quien las leyó ante los senadores–, el secretario de Comercio, Augusto Costa, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Entre otros puntos, los funcionarios decidieron excluir a las pequeñas y medianas empresas de los alcances de la ley; agregar tipificaciones sobre las conductas pasibles de sanción para evitar discrecionalidades; eliminar la clausura definitiva como uno de los castigos previstos en la norma; e incluir una cláusula de confidencialidad para que el Estado no pueda difundir información de costos de producción de las empresas.
Además, incluyeron instancias judiciales para morigerar el poder de la autoridad de aplicación de la iniciativa, que ya no será la Secretaría de Comercio sino quien decida la Casa Rosada en la reglamentación. Así, cuando la sanción sea la inhabilitación o la clausura especial temporaria, el Gobierno necesitará autorización judicial previa; al igual que cuando pretenda extender por 30 días una clausura preventiva.
Por otra parte, las empresas que reciban multas podrán solicitar una reconsideración parcial o total y, en los casos en que sean obligadas a continuar con su producción aun a pérdida, podrán solicitar una recomposición económica.
Los cambios, que por el Senado fueron analizados por el jefe del bloque, Miguel Pichetto, y los referentes oficialistas Marcelo Fuentes, Aníbal Fernández y Rodolfo Urtubey, alcanzaron también a los proyectos para crear un fuero judicial del consumidor y un observatorio de precios, aunque en esos casos fueron retoques menores.
Según pudo saber El Cronista, el sector empresario recibió con alegre sorpresa la decisión del kirchnerismo de corregir la iniciativa. Antes de conocer esa información, sin embargo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, la denostó ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Presupuesto; Justicia; Derechos y Garantías;
e Industria. Allí, planteó que la propuesta oficial es un “abuso de autoridad” y reafirmó que la entidad que preside acudirá a la Justicia en busca de una declaración de inconstitucionalidad. “Estamos cerquísima de un abuso de autoridad”, enfatizó.
A lo largo del día, sin embargo, hubo algunas voces favorables a la iniciativa, como la de Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, quien les reclamó a los opositores que “piensen con el sentido común del futuro, no con el de los partidos políticos o el de las elecciones” porque “hay Estados paralelos que quieren hacer faltar la yerba en las góndolas, cartelizar”, aseguró.
