A dos días del vencimiento con el Fondo Monetario, el Gobierno no informó aún si pagará los 712 millones de dólares y se endurece la negociación con el staff del organismo. El sector privado, en alerta ante un posible incumplimiento
El reloj corre y el Gobierno no alcanza aún un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, a dos días de un vencimiento de deuda con el organismo por unos 712 millones de dólares, más otros 365 millones el martes próximo. A esta altura, el Poder Ejecutivo aún no confirmó si cancelará ese monto o incurrirá en un incumplimiento directo, que si bien no implica un default propiamente dicho, tendrá consecuencias en el desarrollo de una negociación hoy muy trabada y también en las finanzas del sector privado.
Este miércoles continuaron las conversaciones entre los funcionarios del Gobierno y el Fondo Monetario, que se sostienen sin interrupciones desde la semana pasada. Si bien hasta el martes ambas partes reconocían un acercamiento en el tema principal que divide las aguas, un probable acuerdo se enfrió en las últimas horas porque el FMI insiste en que el plan argentino es “poco sólido”, según explicaron fuentes desde EEUU.
En este contexto es que crece un poco más el escenario de un incumplimiento argentino, ya que el pago de los USD 1.087 millones entre el viernes y el martes formaba parte en rigor de las cartas que el Gobierno llevó a la mesa para negociar con el staff. El riesgo es que el organismo pase a considerar al país como un deudor “de mala fe” y que eso termine por empantanar definitivamente las conversaciones. Para el sector privado también sería un baldazo de agua fría, estiman en el mercado.
Sobre este último aspecto, un informe reciente de la consultora Quantum, que dirige Daniel Marx, explicitó cuáles podrían ser las consecuencias para el sector privado en caso de un incumplimiento de pago ante el organismo financiero. En ese sentido mencionó, entre otros, que “se restringe el acceso a financiamiento comercial de empresas para pago de importaciones, dificultades adicionales para acceder a crédito bancario, proveedores (empresas vinculadas o no), previsiones de empresas vinculadas, etcétera”, enumeró.
Respecto a las inversiones, caída de flujos de inversión ante escenario de mayor incertidumbre y dificultad para evaluar rentabilidad y costos. También habría consecuencias como una limitación al acceso a financiamiento de otros organismos internacionales por fuera del FMI (entre ellos el Banco Mundial o el BID), “salvo y eventualmente para asistir en proyectos sociales, aunque restrictivo”, mencionó Quantum.
En el mercado de dinero, el informe anticipó que podría haber una caída en la demanda de dinero, aumento del financiamiento del BCRA al Tesoro como principal fuente de financiamiento. Sobre el perfil de riesgo de la deuda argentina, agregó que un eventual nuevo programa con el FMI podría poner en discusión la sostenibilidad de la deuda recientemente reestructurada.
Por último, el informe consideró que “en todo este proceso, es esperable observar presión sobre las reservas internacionales, inestabilidad en los tipos de cambio (oficial y libres), mayores restricciones y controles al acceso a divisas para pagos e importaciones, caída adicional de la demanda de dinero, aumento del costo de capital y paralización de inversiones, entre otros”.
Por su parte, la economista de C&T Asesores Económicos María Castiglioni Cotter, afirmó ante Infobae que “en el corto plazo el incumplimiento es una cosa, y otra es si Argentina entra en situación de default por dejar pasar los plazos establecidos y ya pensando en el vencimiento de marzo”, mencionó.
“Si Argentina fracasara y fuera al default, lo que pasaría es que más alla de no poder afrontar esos vencimientos y estar en conflicto con el FMI trabaría los desembolsos de otros organismos y dejaría en situación de estrés a muchos bonos en el mercado, que tendrían una caída de su precio e implicaría más riesgo país”, continuó.
Respecto al sector privado, dijo que un incumplimiento sostenido ante el Fondo “trabaría todos los movimientos comerciales, afectaría a las empresas que transan con el exterior, que tienen financiamiento en el exterior para importaciones”, ejemplificó. “Agravaría la incertidumbre más que en la actualidad, en un contexto de bajas reservas y un BCRA con un balance muy deteriorado”, opinó Castiglioni Cotter.
“Acordar con el Fondo Monetario no resuelve los problemas, pero es una condición necesaria para salir adelante y es una muestra de que Argentina pudo presentar un plan y una hoja de ruta para resolver su problema fiscal, que es lo principal que está trabando el acuerdo”, concluyó.
El informe de Quantum, además explicó paso por paso cómo sería el devenir en la relación entre la Argentina y el FMI en caso de que el Gobierno decida no pagar el vencimiento de deuda de estos días. “La secuencia involucra un período de 24 meses, con etapas bien definidas, tanto en término de acciones y los efectos en la relación”, definió la consultora que dirige el ex secretario de Finanzas.
El primer efecto, el inmediato, es que el staff comunica al país que debe atender el pago con urgencia, mientras que no se permitirá a la Argentina, en caso de que suceda ese impago, usar recursos del FMI hasta que se salde ese atraso. Dos semanas después tiene lugar el segundo paso, en el cual la conducción del Fondo se pone en contacto con el Ministerio de Economía para informarle sobre la “seriedad” del evento de impago y vuelve a reclamar esa cancelación.
Un mes después de un incumplimiento la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva debería comunicar oficialmente al directorio del organismo sobre la falta de pago por parte de la Argentina, en caso de que así fuera. El siguiente paso sucederá a las 6 semanas de sucedida la cuestión: Georgieva, a esa altura, debería comunicarse oficialmente con el país para exigir el pago. Si se llegara a este nivel de tensión, esto tendría lugar a mediados de marzo, cuando ya estén por vencer otros USD 2.800 millones con el FMI.
A los dos meses la directora gerente realizaría una queja formal ante el directorio respecto al evento de impago. Recién un mes después el Fondo Monetario haría público en su página web que uno de sus países miembro incurrió en incumplimiento de pago y difundiría además de qué monto se trata. Además, se dejará en claro que el país no tendrá acceso a ninguna asistencia del Fondo, incluyendo para programas para combatir la pobreza, hasta que salde esa deuda.
Luego Quantum enumeró una serie de consecuencias ya consideradas de mediano y largo plazo. En un rango de entre 6 meses y un año el Fondo Monetario revisará su decisión y considerará si la Argentina es “no elegible” para futuros desembolsos o préstamos. A los 15 meses desde sucedido el incumplimiento el directorio evaluará la cooperación del país en cuestión, y si existiera una declaración oficial de esa nación de que no cooperará, el FMI retirará cualquier asistencia técnica hacia ese Gobierno.
En un plazo de hasta un año y medio el FMI comenzaría la última parte del proceso, la más drástica y que ya evidenciaría eventualmente una relación completamente rota entre el organismo y el país. Primero evaluará la posibilidad de suspender su derecho a voto y de representación en el directorio y, por último, estudiará la expulsión del país como miembro del Fondo.
