La entidad agropecuaria presentó en los tribunales federales de Córdoba una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones
Ayer la Sociedad Rural Argentina presentó ante la justicia federal de Córdoba una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones. Fue en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María. El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro del impuesto con posterioridad al 1º de enero de 2022. Hay que recordar que el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación. Y en el mismo se prorrogaba por dos años las facultades mencionadas.
La presentación judicial se realizó luego que las entidades agropecuarias mencionadas exhortaran al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado para que resuelva la problemática, ya que se advierte que no hay un sustento reglamentario para que se proceda al cobro del impuesto. Además, reclamaron que se legisle al respecto y se brinde previsibilidad y medidas de largo plazo, algo que el sector viene reclamando desde hace tiempo.
Los dirigentes de la Rural de Jesús María se mostraron a favor también de que estos temas sean legislados y tratados por el Congreso de la Nación, y dejar de lado de esa manera las leyes de emergencia. “Todo esto sería importante porque daría previsibilidad a nuestra gente y permitiría realizar las tareas a largo plazo y de esa manera aumentar los niveles de producción”, precisó el vicepresidente de la entidad, Eduardo Riera, en diálogo con este medio.
A partir de esto, el campo disputará en la Justicia con el Gobierno el futuro de un impuesto que el año pasado le significó al Estado ingresos por USD 10.128 millones, que representa el 8,8% del total de los ingresos tributarios nacionales y equivale al 2,1% del PBI. Además, estimaciones de la Rural señalaron que solamente las actividades agroindustriales aportaron en 2021 unos USD 9.666, de los cuales las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada aportaron USD 9.104 millones, la carne vacuna USD 251 millones, las economías regionales USD 225 millones y los lácteos USD 86 millones.
Ahora bien, al momento de fundamentar por qué el campo reclama desde hace tiempo la eliminación de las retenciones, desde la SRA sostienen que las mismas “generan una dinámica negativa para toda la economía y por lo tanto necesitamos contar con un horizonte concreto para su eliminación”. Además, señalan que las retenciones son distorsivas porque disminuyen el precio interno del productor, y por lo tanto sus posibilidades de capitalización, uso y aplicación tecnológica y modernización. A su vez, desalientan la producción, distorsionan la competencia, al generar una subvención sin poder discriminar al beneficiario; distorsionan el federalismo y tienen un fuerte impacto frente a la situación de pérdidas extraordinarias.
“Esta demostrado que las retenciones son un impuesto muy distorsivo y no sirven como instrumento para contener precios en forma permanente. El impuesto a las ganancias es el instrumento adecuado, por una cuestión de justicia, puesto que las retenciones impactan sobre el precio, mientras que el Impuesto a las Ganancias impacta sobre la renta”, expresaron desde la entidad que preside Nicolás Pino.
Política agropecuaria
El campo al momento de reclamar medidas para construir una nueva política agropecuaria, siempre contempla la necesidad de que para aumentar la inversión se necesitan políticas que no afectan el normal funcionamiento de los precios de mercado. También se requiere para consolidar la confianza del inversor que la política respete las instituciones, la separación del poder del Estado, insistir en cobrar impuestos que no han sido sancionados como la Constitución lo establece, genera incertidumbre y reglas de juego primitivas.
Es por eso que la agenda que promueve Rural es la unificación del tipo de cambio, una política fiscal basada en impuestos no distorsivos, una política comercial sin cupos o registros de exportación, ni mecanismo de transferencias intra-cadena, eliminar las restricciones cuantitativas a la exportación y regresar al sistema de registros automáticos, eliminar el pago de compensaciones y todo fideicomiso o instrumento que redistribuya recursos entre los eslabones de la cadena, rechazo a los controles de precios y mejorar la administración tributaria para ampliar la base contributiva y solucionar el problema de la marginalidad es un tema muy importante a considerar.
