Los integrantes del Consejo Agroindustrial realizaron un nuevo plenario donde cuestionaron iniciativas del oficialismo. Además hablaron sobre el acuerdo con el FMI y definieron los temas que conforman la agenda de prioridades del espacio.
Mientras se aguarda el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de desarrollo agroindustrial, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) realizó ayer un nuevo plenario donde se consensuaron las prioridades de las diferentes mesas de trabajo y se actualizó la agenda de temas para el presente año. Además el encuentro sirvió para dar una señal de unidad, tras la salida del espacio de tres de las entidades de la Mesa de Enlace.
Durante la reunión, los integrantes del Consejo expresaron su satisfacción por la disposición de los diferentes bloques parlamentarios que permitirá avalar el acuerdo de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. “Un escenario de default hubiera implicado un golpe letal a la matriz productiva y exportadora del sector”, manifestaron los dirigentes en un comunicado.
También lamentaron el actual escenario sobre el ataque de Rusia a Ucrania. “El conflicto significa una mayor responsabilidad y presenta nuevos desafíos para el rol de Argentina como proveedor mundial de alimentos y energía. Para afrontarlos es menester trabajar en conjunto en una estrategia nacional de mediano y largo plazo que nos permita alcanzar 100.000 millones de dólares anuales de exportaciones”, agregaron.
“Un escenario de default hubiera implicado un golpe letal a la matriz productiva y exportadora del sector”, manifestaron los dirigentes del Consejo Agroindustrial
En momentos de máxima tensión en la relación del Gobierno con el sector de los productores agropecuarios, el CAA reiteró una vez más su rechazo a todo tipo de restricciones a la exportación de sectores agroindustriales y a posibles incrementos en las alícuotas de derechos de exportación, las famosas retenciones. En ese sentido, hay que recordar el malestar del campo sobre la intervención oficial en la exportación de carne, maíz y trigo, pero también por la implementación de fideicomisos para subsidiar el precio de diferentes productos que se consumen en el mercado interno. Los dirigentes de la Mesa de Enlace definieron dichos mecanismos como “una retención encubierta”, que afecta al sector primario.
Agenda
En relación a la agenda de temas que propone el Consejo para debatir con los funcionarios nacionales, las prioridades serán introducir mejoras y alcanzar la aprobación del proyecto de desarrollo agroindustrial, que promueve una serie de beneficios fiscales para aumentar los niveles de producción. La iniciativa que fue enviada por el Gobierno de Alberto Fernández no incluye debatir la cuestión de las retenciones. Sin embargo, desde el espacio agroindustrial reafirmaron el compromiso de seguir trabajando para alcanzar una eliminación de las mismas para algunas economías regionales que han quedado pendientes, y además un cronograma de baja gradual hasta su eliminación para el complejo de cereales, oleaginosas, y carnes.
En el campo hay malestar por la intervención oficial en la exportación de carne, maíz y trigo, pero también por la implementación de fideicomisos para subsidiar el precio de diferentes productos que se consumen en el mercado interno
Por otro lado, se promoverá alcanzar un proyecto de ley de riesgo agropecuario, y que el mismo sea de carácter federal y que contemple a todas las producciones agropecuarias. Además, se impulsará desde el Consejo recomendaciones de buenas prácticas de género y programas de formación de líderes dirigentes.
En lo que respeta a la infraestructura, el CAA propone un programa de conectividad rural federal con alcance nacional, generar políticas de logística y transporte que faciliten la operatoria de exportación y que incluyan soluciones para el tránsito marítimo de contenedores, una licitación de la hidrovía, acceso a puertos, sistema ferroviario de cargas y fletes terrestres.
Por último, el espacio conformado por más de 60 entidades de la cadena agroindustrial promoverá estrategias de largo plazo para la agenda de cambio climático, incluyendo proyectos de legislación en agenda parlamentaria con impacto en los sistemas productivos como por ejemplo un Proyecto de Buenas prácticas Agropecuarias, entre otros.
