Las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata, a un valor unitario de u$s10.000 promedio. Se trata de unas 2.233 máquinas por un valor total (FOB) de u$s21,9 millones de la marca Whatsminer.
Una maniobra. Y mucho más. Casi una especie de sistema de triangulación y sobrefacturación de importaciones para realizar un fraude al fisco. Eso es lo que parece haber tenido lugar. Según las fuentes oficiales, la maniobra, denunciada por la Aduana en la Justicia el pasado jueves 23 de junio, consistía en importar máquinas de minado de criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera “LLC” con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.
Un seguimiento del tema arroja algunos datos. Por ejemplo, las máquinas arribaron a Ezeiza, con destino a la Zona Franca de La Plata, a un valor unitario de u$s10.000 promedio. Se trata de unas 2.233 máquinas por un valor total (FOB) de u$s21,9 millones de la marca Whatsminer, variante M30S, y otros modelos.
La investigación realizada por Aduana dio con los valores reales de los productos, por antecedentes de itinerarios e ingresos aduaneros recientes. Es decir, descubrieron que los valores se encuentran en un rango inferior al declarado en los destinos inspeccionadas: entre u$s5.770 y u$s7.420. A eso se sumó que, de las consultas a las bases públicas para compras de ese producto, el precio también difería con el declarado: entre u$s6.316 y u$s7.700.
Al realizar un cálculo total, considerando estos valores, la sobrefacturación del total de las importaciones en esta maniobra se estimó en alrededor de los u$s5 millones, si bien el monto final, sostienen los investigadores, dependerá del peritaje que se efectúe para determinar la potencia de minería de cada máquina ya que el costo de la máquina está directamente asociado a la potencia para generar criptomoneda.
“Los dólares los debemos cuidar para la producción y la generación de empleo, no para la especulación financiera”, resaltó el director general de Aduanas, Guillermo Michel.
El camino judicial y la triangulación
Según pudo saber Ámbito, la causa penal está radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 2, a cargo de Pablo Yadarola, quien ayer ordenó un relevamiento de la mercadería secuestrada.
Como se dijo, la importación de máquinas de minado de criptomonedas tiene origen del producto China pero están facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, en una típica maniobra de triangulación. En el marco del proceso penal, trascendió que la Aduana está investigando las vinculaciones entre uno de las personas responsables de la empresa extranjera “LLC” (Compañía de Responsabilidad Limitada) con sede en el estado de La Florida, y otra persona, empleada y apoderada ante los bancos de la empresa importadora argentina.
Uso abusivo del Régimen de Zona Franca
Según los investigadores, la maniobra se perfeccionaba con un uso abusivo de las operaciones de tránsito aduanero Ezeiza-Zona Franca La Plata. Desde Zona Franca el giro de divisas se autorizaba por parte del BCRA con la oficialización del ingreso a dicha zona, sin requerir la declaración de la SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones).
En números, la cantidad de operaciones del circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para todo el año 2021 fue de 996, y en lo que va del 2022 ya se registraron 728.
Trascendió además que la Aduana ya realizó otras acciones tendientes a evitar estas maniobras. Además de la denuncia penal de este caso concreto, decidió bloquear todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca La Plata para hacer un análisis exhaustivo de cada operación. Además, inició fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad y estableció un proceso de comunicación a DGI para iniciar acciones de inspecciones fiscales de las empresas y las personas humanas vinculadas. A eso sumó también un incremento de los controles aduaneros para este tipo de operatoria, cursando el 100% de la misma por el canal rojo obligatorio en principio por el término de 15 días, lo cual implica control documental y físico de la mercadería. Por otro lado, se remitió una propuesta al Banco Central y al Ministerio de Desarrollo Productivo para mejorar el control de divisas para las operaciones con zona franca.
