En un contexto de alta desconfianza, la flamante ministra debe renovar este mes vencimientos por $487.000 millones y captar fondeo extra. El temor al «efecto pared».
La ministra de Economía, Silvina Batakis, tiene la misión más urgente de recomponer el programa de financiamiento en pesos del déficit público, que ya venía en falsa escuadra con su antecesor, Martín Guzmán, y que plantea un horizonte de grandes vencimientos de deuda. El problema es recuperar la confianza de los inversores que miraban de reojo los números del Estado.
Durante el último mes de Guzmán en el cargo, lejos de reducir el déficit fiscal en los términos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo venía subiendo. A ello se sumaron algunas medidas de descoordinación en el equipo económico, que originó una corrida contra el “riesgo Tesoro”. Hoy varios analistas estiman que en vez de un déficit primario del 2,5% del PBI, el mercado tendría que financiar uno de 3,5% del PBI.
Este mes Batakis tiene que enfrentar vencimientos de deuda en moneda local por el equivalente a u$s4.100 millones, pero de ellos solo u$s900 millones son intrasector público. De ese modo, en el cronograma de la Secretaría de Finanzas figura para este miércoles una nueva licitación de bonos que se prevé que sea por bajos importes.
El viernes vencen $717 millones de un Bocon, por capital e intereses, y $4.383 millones correspondientes a una Lelite. A eso se suman intereses de un Bonte 2024 por $1.182 millones e intereses de un Boncer por $4.546 millones, que expiran antes de la siguiente licitación, según detalles de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). En total se tendrían que cubrir solo $10.828 millones.
Será un verdadero testeo del mercado, ya que el grueso de los vencimientos quedan para el 29 de junio. Ese día Batakis tiene que conseguir, en principio, $338.983 millones de una Lecer, y otros $222.867 millones. Y el 30 de julio otros $523 millones del Bono del Consenso Fiscal. Junto con otros vencimientos menores, en lo que queda de julio vencen $487.863 millones. Solo algo más de 100.000 serían intra sector público.
En otro contexto, la cifra no generaría ningún problema pero bajo las actuales condiciones se encienden luces amarillas. De no poder “rollear” el 100% de los compromisos el Tesoro tendrá que pagar los pesos, que seguramente le pedirá al Banco Central que los cubra con emitisión.
El contexto político no es el mejor para salir a colocar deuda. Batakis asumió el cargo de manera casi imprevista hace una semana y todavía no ha emitido ninguna señal. Más allá de que es desconocida en el ambiente financiero, algunas de sus primeras declaraciones públicas despertaron dudas.
Según plantean en el mercado, este año el Gobierno va a lograr refinanciar el 75% de los vencimientos. Las estimaciones que se hacen entre algunos operadores e inversores institucionales es que la deuda en pesos se divide aproximadamente en una mitad entre privados y el otro 50 % en manos de agencias del Estado. Se cree, en números gruesos, que la mitad de los privados va a renovarle la confianza al Gobierno mientras que el resto se llevará los pesos.
Por otro lado, se estima que en la medida que avance el año se va a producir un “efecto pared”. Como el mercado le está renovando colocaciones al gobierno a un plazo máximo de tres meses, y los tiempos se van ajustando, el horizonte de cada renovación de deuda se hace más corto y eso genera una acumulación. Es probable entonces que las necesidades de rolleo pasen de unos $500.000 millones a $1 billón promedio por mes, dicen los operadores. Según señaló en una reciente charla el economista Miguel Kiguel, cada licitación se va a ir pareciendo a los “supermartes” de las Lebacs que solía licitar el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
La otra duda que existe en el mercado, entonces, es qué puede pasar si el gobierno no cumple con las metas fiscales acordadas con el FMI. En rigor, se espera que el organismo modifique las condiciones del acuerdo para evitar que se caiga el Programa de Facilidades Extendidas, por lo menos hasta fin de año.
