Será para 46.000 productores de hasta 700 toneladas, a un promedio de $ 4500 por mes. Se pagará desde el 15 de abril, directo al CBU. Críticas de otras entidades
Por cadena nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer la creación de un Programa de Estímulo a Pequeños Productores de Granos, por el cual se reintegrará una pequeña parte de las retenciones que se cobran a la exportación de cereales y oleaginosas a un universo de algo más de 46.000 agricultores de hasta 700 toneladas.
Se trata de un fondo de reintegros $ 2500 millones para este año (5% del total que se espera recaudar por retenciones), por lo que a cada productor le tocará un promedio de unos $ 54.150 anuales o $ 4500 al mes, a pagarse desde el próximo 15 de abril de manera directa en la cuenta bancaria del chacarero.
Cristina presentó la medida como «una decisión del Gobierno, pero una política acordada con la nueva conducción de la Federación Agraria».
«Es un hecho histórico», destacó la jefa del Estado, quien además elogió al ministro de Economía, Axel Kicillof, por ser el artífice de ese acercamiento.
Tanto Cristina como Kicillof recalcaron que se tuvo en cuenta la caída de los precios internacionales de los commodities que llega a «30% desde 2013» y que «si bien afecta a todos los productores, golpea mucho más a los que menos espalda tienen», dijo el ministro. Enfatizó que el reintegro beneficia al 70% del total de productores de los cuatro cultivos más importantes, y que sólo explican el 12% de la cosecha total. Resaltó, además, que este año habrá una cosecha «récord de todos los tiempos» de 115 millones de toneladas, entre cereales y oleaginosas.
En esa línea, calculó que este año, los ingresos al Fisco por retenciones oscilarán entre $ 50.000 y $ 60.000 millones, de los cuales «los pequeños chacareros aportan entre 8% y 10%». Por eso, aseguró el funcionario, se decidió reintegrar $ 2500 millones, que «será la mitad de las retenciones que ese universo tendrá que pagar este año».
Según Kicillof, cuanto más chico sea el productor, más beneficio recibirá, y enfatizó que la devolución se hará directamente en la cuenta bancaria del ruralista, que deberá inscribirse en la Secretaría de Comercio, sobre la base de datos de AFIP 2014.
El pago se hará los 15 de cada mes «según el momento en que se vaya liquidando la cosecha al exterior, que es cuando el Estado lo recauda», indicó Kicillof, por lo que exhortó a las cerealeras a liquidar «porque no solo van a perjudicar al país, sino también a este fondo».
«Para que nadie se quiera hacer el vivo tomamos el registro de AFIP y esos 46.121 productores de hasta 700 toneladas serán los que reciban el estímulo», puntualizó Cristina, quien elogió al nuevo titular de Federación Agraria (FAA), Omar Príncipe. «Fue una conversación clara, abierta y sincera, superando todos los prejuicios que tenían ellos y que yo también tenía», sostuvo la mandataria.
Tras el anuncio desde la Casa de Gobierno, Príncipe admitió que la medida está lejos de satisfacer las necesidades de los productores, pero ponderó que «es el inicio de un camino para ir instalando las políticas públicas diferenciadas».
«Es un paso hacia eso, que es el reclamo de FAA», comentó a El Cronista el líder federado. Dijo además que se estaba consultando con todos los delegados de la entidad para decidir qué hacer con la marcha prevista para este jueves al Ministerio de Agricultura en reclamo de políticas diferenciadas y que fue la punta de lanza para no adherir al cese comercial del resto de la mesa de enlace.
Las otras 3 gremiales del agro cuestionaron el anuncio. En un comunicado titulado «Las retenciones se deben eliminar», Sociedad Rural, CRA y Coninagro recordaron «otros planes, como trigo plus y maíz plus, que solo quedaron en promesas.
«Si van a devolver las retenciones mediante mecanismos engorrosos y de difícil cumplimiento, ¿para qué las cobran? Más aún si se subordina la supuesta rebaja a la voluntad de los exportadores», se quejaron. Y lamentaron que Cristina no haya incluido en su discurso a las economías regionales, «cuya pérdida de competitividad pone en riesgo el empleo de 1,5 millón de personas».
