Hay 8 nuevos juicios del fondo de Paul Singer. Para el país, la mayoría de los me too son cosa juzgada. De abrirse la compuerta, habría otros u$s 10.000 millones en reclamos
Acreedores particulares y fondos buitre pidieron sumar demandas por u$s 5.400 millones contra Argentina por sus bonos en default y anexarlas al juicio ganado por el grupo de holdouts encabezado por NML Capital, por u$s 1.700 millones. El total de reclamos contra el país acumulados en el despacho del juez de Nueva York Thomas Griesa asciende así a u$s 7.100 millones.
En un escrito presentado ayer en Nueva York, Argentina admitió que recibió demandas de 37 grupos de litigantes, integrados por 526 personas y fondos de inversión. Estos acreedores pidieron a Griesa sumarse en calidad de me too a la sentencia a favor de NML Capital, Aurelius y otros, lo que les permitiría ganar el litigio en una especie de juicio express. Los abogados del país, del estudio Cleary Gottlieb, pidieron al juez que rechace estas nuevas demandas.
Además, advirtió que si Griesa da lugar a estos reclamos, podría a su vez habilitar otros juicios por u$s 10.000 millones adicionales, que harían su cumplimiento todavía más inalcanzable.
Cosa juzgada
Para el país, la gran mayoría de estos juicios ya obtuvieron sentencias a favor, por lo que aplicaría el principio de “cosa juzgada” (no puede juzgarse dos veces el mismo hecho). Existen 498 reclamos individuales que ya han obtenido resoluciones judiciales monetarias. Estos litigios agrupan a casi todos los me too y suman u$s 5.300 millones.
“Tanto los reclamos originales como los nuevos reclamos pari passu se basan en la misma crisis profunda de la República (…), el mismo default de la deuda externa resultante (…) y el mismo contrato”, afirmó Argentina en el escrito. Según la interpretación de la cláusula pari passu de la deuda en default que convalidó Griesa y todo el sistema judicial de Estados Unidos, los holdouts fueron discriminados porque el país continuó con otros pagos de deuda (la reestructurada) sin satisfacer sus reclamos.
El país también usó un curioso argumento para rechazar estas nuevas demandas. La cláusula de pari passu, afirmó, alcanza a los bonos en default, pero no a los juicios por esa deuda incumplida. Y, prosiguió, aquí los acreedores reclaman por esos juicios que el Gobierno perdió y no pagó. “Claramente, la República no está obligada a pagar a los litigantes (…) los bonos FAA 1994 (defaulteados) al mismo tiempo que está obligada a pagar a los litigantes el mismo monto, más intereses legales, por los juicios ingresados después”. En otras palabras, debería pagarse el juicio y ya no el bono.
Entre estos 498 litigios pos-judiciales, existen varios nombres que se repiten. NML Capital, el fondo buitre de Paul Singer, presentó 8 reclamos adicionales que suman u$s 1.656,5 millones. Aurelius, otro de los fondos ganadores en los tribunales de Griesa, sumó otras dos causas por un total de u$s 324,3 millones. Y EM, el fondo de Kenneth Dart, presentó su demanda por u$s 725 millones.
Por otro lado, existen otros 28 reclamos pre-judiciales (es decir, sin una sentencia favorable previa) que han iniciado nuevos juicios contra la República. En la mayoría de estos casos, entendió el Gobierno, los demandantes no presentaron pruebas suficientes para acreditar la tenencia de bonos defaulteados alcanzados por las órdenes de Griesa.
En el escrito de 39 carillas firmado por el abogado Carmine Boccuzzi pero elaborado en los despachos del ministro Axel Kicillof, Argentina apeló a un lenguaje mucho más virulento que el habitual para estos textos, plagados de tecnicismos. Descalificó en varias ocasiones la interpretación del pari passu contenida en la sentencia madre de Griesa y la contrapuso con opiniones de expertos, declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y aseveró que para los litigantes, la catástrofe humana y social (que devino en el default de 2001) fue sólo una oportunidad para hacer más dinero.
Según el cronograma acordado por las partes, Argentina debía responder ayer la solicitud de incorporación a la causa de los me too. En un par de semanas, el 7 de abril, los holdouts deberán responder los argumentos del país.
