La norma publicada en el Boletín Oficial modifica un artículo clave de la Ley de Administración Financiera que fuerza a obtener extensión de plazo, recorte de intereses y/o quita de capital para concretar una reestructuración
En un intento por darse más margen de acción para manejar los vencimientos de deuda del próximo año, el Gobierno nacional flexibilizó las condiciones legales para realizar canjes de deuda en moneda extranjera. El cambio fue oficializado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/2024, publicado en el Boletín Oficial, y permite al Ejecutivo reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF). Es decir, ya no será necesario que consiga dos de tres posibles mejoras en términos de plazo, intereses o quita de capital para llevar adelante un eventual canje de deuda.
El artículo 65 de la LAF exigía que cualquier canje de deuda en moneda extranjera debía mejorar al menos una de las siguientes condiciones: plazos, intereses o montos. Sin embargo, el nuevo DNU elimina esta limitación para las operaciones en moneda extranjera, lo que, según explican desde el mercado, abre una mayor flexibilidad para el Tesoro en momentos donde los vencimientos de deuda presionan las reservas.
La consultora 1816 señaló en un informe reciente que el nuevo decreto modifica lo dispuesto en la era del exministro de Economía Martín Guzmán, donde solo se permitía realizar canjes sin cumplir el artículo 65 para deuda en moneda local. “El Gobierno había intentado modificar dicho artículo en la Ley Bases, pero no hubo consenso en el Congreso para avanzar con ese cambio”, explicaron desde la consultora, agregando que en el Presupuesto 2025 se había eliminado la referencia al artículo 65, aunque sin derogar la norma. “Finalmente el Gobierno opta remover esta restricción a través de una Decreto, veremos si es por una cuestión de urgencia”, agregó la firma de análisis de mercado.
Además, el DNU también habilita la suscripción de deuda pública, independientemente de la moneda de pago, lo que permite al Tesoro realizar canjes de títulos en pesos a cambio de papeles nominados en otras monedas. Este cambio se suma a la creciente preocupación del Gobierno por cómo afrontar los pagos de deuda externa en 2025, especialmente con la incertidumbre actual en torno a las reservas y las negociaciones en curso con el FMI.
Un punto adicional del decreto apunta a las modificaciones en los límites de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según un informe de la consultora Outlier, se extendió la capacidad del FGS para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos, con o sin garantías, una norma que anteriormente estaba limitada hasta el 31 de diciembre de 2024. La consultora también destacó que ahora se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa, lo que aporta una mayor flexibilidad para las inversiones del FGS.
El decreto llega en un contexto en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, está en Estados Unidos manteniendo reuniones con inversores internacionales, en medio de la incertidumbre sobre el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin confirmaciones de reuniones oficiales con la cúpula del organismo, el Gobierno busca transmitir señales de estabilidad al mercado financiero y demostrar que tiene un plan para afrontar los compromisos de deuda del año próximo.
Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, subrayó que “antes de este DNU, si se quería reestructurar deuda en dólares, se debía cumplir con al menos dos de las siguientes tres condiciones: alargar el plazo, reducir intereses y/o reducir capital. Ahora se pueden hacer canjes en condiciones de mercado sin necesidad de cumplir lo anterior”, lo que podría facilitar las negociaciones de deuda.
La modificación de estas condiciones busca aliviar la presión sobre el Tesoro en un año electoral y con vencimientos críticos en el horizonte. Sin embargo, persisten dudas entre los inversores sobre la capacidad del país para acumular reservas suficientes y asegurar los pagos de deuda en 2025.
Voceros del Ministerio de Economía no habían respondido a las consultas de Infobae al momento de la publicación de esta nota.
