El Gobierno envió al Congreso el “avance del Presupuesto” 2016. Aunque hay críticas a los holdouts, hay una ambigua referencia a “seguir avanzando en el proceso de regularización”. Se destaca que 63% de los vencimientos pueden refinanciarse porque es deuda en manos de organismos públicos.
El Gobierno envió hoy al Congreso el “avance del Presupuesto” 2016 que está confeccionando y que ejecutará quien asuma el 10 de diciembre para suceder a la presidenta Cristina Kirchner. El texto no tiene previsiones específicas –a diferencia de la Ley de Presupuesto, no hay estimaciones sobre Producto, el valor del dólar o el comercio exterior-, pero sí indicaciones sobre las políticas que el Ejecutivo está previendo para el año que viene, cuando otro será quien ocupe la Casa Rosada.
Con el lenguaje que el Gobierno viene usando desde hace años sobre los holdouts, el texto resalta que el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa –que quedó firme tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos- no significó “un default por parte del país, sino un impedimento de cobro para los acreedores que ingresaron al canje bajo legislación extranjera” y que, por eso, “no implicó un impacto significativo sobre el sector externo del país” ni “impidió la realización de los acuerdos de inversión arriba mencionados”.
El “avance” también en que la Argentina buscó “desde un principio una solución definitiva, justa, equitativa, legal y sustentable de su deuda” y que “una solución global no puede, por definición, priorizar los reclamos de los fondos buitre (…) que representa menos del 1% de la deuda”. Sin embargo, no queda del todo claro que no analice al menos un potencial acuerdo ya que, más adelante, el mismo informe resalta que “se prevé seguir avanzando en el proceso de regularización de los pagos de la deuda aún pendiente de reestructuración”.
Con respecto a los vencimientos de deuda, se destaca que “cerca del 63% de los servicios para el año 2016 estarán constituidos por obligaciones con organismos públicos nacionales que, en su gran mayoría, se estima tendrán los recursos necesarios y la autorización correspondiente para refinanciarlos”. “Exceptuando estas obligaciones –agrega el Gobierno-, los principales vencimientos están asociados con el pago al Club de París en mayo y los intereses del Bono Discount en junio y diciembre”.
En materia de deudas, se prevé seguir avanzando en “la evaluación y captación de fuentes de financiamiento adecuadas para la realización de obras de infraestructura” y “profundizando los vínculos con los gobiernos e instituciones financieras oficiales”, como China y países de Medio Oriente, “en materia de financiamiento bilateral”.
En cuanto al financiamiento del Estado, el texto menciona nuevas “colocaciones en el mercado local, ventas directas de bonos y suscripción de letras del Tesoro por parte de las agencias del Sector Público con excedentes financieros” y ya anticipa también como fuentes adicionales “los adelantos transitorios del Banco Central (…) y la negociación de créditos de organismos internacionales”.
En cuanto a gasto social y subsidios, entre otros, se anticipa que el presupuesto contemplará continuar la misma línea que hasta ahora, tanto en cuanto a asignaciones y subsidios directos (AUH, entre otros) como en los indirectos vinculados a las tarifas del transporte y la energía.
En cuanto a los gastos del Estado, se mencionan además como proyecto “monitorear el gasto en personal acotando la cantidad de contrataciones (…) al límite del crédito presupuestario” y “optimizar el empleo público, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante la implantación de tecnologías de gestión de recursos humanos”.
