El proyecto, promovido por la Argentina, fue respaldado por 136 países. Axel Kicillof planteó en la Asamblea General que el organismo proponga cambios en la estructura financiera global
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy la iniciativa que impulsaba la Argentina para intentar blindar los procesos de reestructuraciones de deudas soberanas de las injerencias de los holdouts. Se trata de una resolución no vinculante que impulsa la creación de un marco regulatorio para esos casos y que ya tiene un listado de principios para atender.
La votación resultó favorable por el apoyo de 136 países, principalmente de América Latina, África y Asia. Hubo 41 abstenciones y seis pronunciamientos en contra: los de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón.
Al hablar ante el cuerpo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que la aprobación es «un paso fundamental contra los ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden sufrir otros países».
El funcionario llamó entonces a que la ONU proponga una modificación de las estructuras financieras internacionales «para lograr un mundo mejor y en paz, un mundo libre de buitres».
Entre los «Principios básicos», el texto menciona la «inmunidad soberana» de los Estados frente a tribunales extranjeros y el respeto de las mayorías en los procesos de reestructuración, según el cual se deben aceptar las decisiones respaldadas por una mayoría cualificada de los acreedores.
También aboga por la «sostenibilidad» y considera que las reestructuraciones de deuda soberana deben preservar los derechos de los acreedores, pero a la vez promover un «crecimiento sostenible e inclusivo» en el país, «minimizar los costes económicos y sociales» y «garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional y el respeto de los derechos humanos».
La propuesta, que en el mundillo económico hay quienes la denominan «Doctrina Kicillof», establece un plazo de negociación y la creación de una comisión veedora de los procesos, y tiene como objetivo evitar fallos como los que dictó el juez de los EEUU Thomas Griesa contra la Argentina.
Para la Argentina, impulsora de la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China, se trata de un apoyo internacional en su batalla judicial contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio por 1.600 millones de dólares en los tribunales federales estadounidenses por deuda en default desde 2001.
«Quiero agradecer enormemente a la inmensa mayoría de miembros de las Naciones Unidas que han comprendido la importancia de esta resolución, que es una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos», dijo el canciller argentino Héctor Timerman, presente en la sesión.
La resolución no menciona sin embargo a Argentina ni a esos fondos a los que califica de «buitres» por haber comprado bonos en default a precio de remate para luego litigar ante la justicia, rechazando los canjes de deuda de 2005 y 2010 que incluyeron importantes quitas y fueron aceptados por el 93% de los acreedores.
La resolución, redactada por un comité especial ad-hoc, fue presentada a votación por Sudáfrica tras un año de negociaciones desde septiembre de 2014, cuando se pidió a la ONU -también a través de la Asamblea General- establecer un marco para reforzar el sistema financiero mundial y evitar que los países endeudados padezcan situaciones como la de Argentina.
La Argentina se niega a cumplir un fallo del juez Thomas Griesa de Nueva York que dio la razón a los fondos NML Capital y Aurelius, instando a la República a pagar 1.600 millones en concepto de capital e intereses actualizados.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, saludó la aprobación del texto en la ONU afirmando que se trata de un «paso fundamental» para conseguir «un mundo mejor, un mundo libre de buitres».
