El Gobierno elevó a unos $ 8.000 millones la obligación de financiar a las pymes y proyectos de infraestructura por parte de los fondos comunes de inversión (FCI), a través de una norma que los obliga a invertir un 2,5% de su patrimonio en esos activos y a elevar la porción de activos «inciso k» en su patrimonio.
Las medidas no sólo provocaron rescates en la industria sino que hicieron que bajara a 0% el rendimiento de los cheques de pago diferido y que YPF elevara el monto de emisión bajo el sello k la semana que viene.
Además, el Comité de Elegibilidad está analizando incorporar nuevos bonos de otras empresas en el menú k, ante la falta de activos para poder con las nuevas obligaciones.
Según la resolución 644 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los FCI deberán invertir 2,5% de su patrimonio neto en valores negociables que financien proyectos privados destinados a la inversión productiva, desarrollo de infraestructura y a las pymes. Se trata de unos $ 4.500 millones.
La norma se publicó en la peor versión esperada por la industria, ya que deberán invertir 2,5% por cada fondo que administre cada gestora, aunque no tengan como objetivo de inversión este tipo de títulos.
Para poder cumplir esta norma, la CNV pide 1,5% del patrimonio se adapte en los próximos 60 días hasta alcanzar el 2,5% en los próximos 120 días corridos. Y si bien la CNV había considerado no incluir a los FCI money market en la obligación, ahora analizó que «era factible que participen si les daba un plazo de adecuación considerable». Según la norma, ellos tienen tiempo para adecuarse hasta el 30 de julio de 2016.
En tanto, la Superintendencia de Seguros de la Nación obliga a los fondos bajo el sello k a alcanzar un 25% en los fondos pyme y un 30% en los de infraestructura como primera meta, que desde el 30 de septiembre ahora la industria espera que se extienda al 30 de noviembre.
El gobierno no quiso caratular como «inciso k» los activos que ya están comprados por los fondos, así que las administradoras están acomodando sus carteras comprando productos bajo ese sello y vendiendo los que no lo obtuvieron, mientras evitan como pueden los rescates de las aseguradoras. Tienen que redireccionar unos $ 3.500 millones.
La consecuencia es que los cheques de pago diferido que financian a las pymes ayer se negociaban a 0%. Se trata de un rendimiento que se considera falso, por lo que obligó a cada administradora a tomar una decisión: si priorizar el rendimiento que le deben a su cliente y no comprar esos instrumentos, y eventualmente no cumplir con la norma, o acatar aunque el fondo pierda rentabilidad.
Pero la presión de las aseguradoras, que son las que indirectamente deben invertir en estos fondos para llevar una porción de su cartera a la economía real permitió a YPF elevar el monto de la emisión que hará el martes que viene de $ 1.500 millones a $ 1.900 millones bajo el sello k, aunque extendiendo un año el plazo.
En tanto, el Comité de Elegibilidad está analizando incluir emisiones de Action y de Central Térmica Loma de la Lata (que había suspendido una emisión prevista para ayer ante la falta de demanda que generó la nueva normativa) para que los fondos puedan adaptar sus carteras.
La industria está atenta a los rescates que podrían darse después de estas emisiones, mientras la CAFCI sigue tratando de aliviar la norma ante CNV.
