Los tesoreros de empresas de primera línea están recibiendo desde principios de esta semana la sugerencia de funcionarios del equipo económico para que se desprendan de sus bonos dolarizados. El objetivo es el mismo que persiguió la Resolución 646 de la Comisión Nacional de Valores, es decir, presionar a la baja al dólar que surge del «contado» con liquidación y que esto a su vez repercuta en el «blue». Aquella normativa cambió la valuación de esos títulos para que sean contabilizados según el tipo de cambio oficial en vez de hacerlo por su precio de mercado.
Pese al revuelo que generó la decisión de la CNV, el resultado no fue el esperado. Los bonos dolarizados sufrieron caídas en sus precios en pesos en las primeras jornadas, pero luego comenzaron a recuperarse. El motivo es que muchos inversores consideraron que estaban frente a una nueva oportunidad para acceder a dólares, al menos en forma indirecta, a un precio mucho más barato.
Pero no sólo aparecieron nuevos demandantes, sino que al mismo tiempo la oferta de títulos resultó acotada. Sucede que los principales vendedores de cuotapartes fueron los inversores minoristas, que buscaron evitar una pérdida en sus portafolios. En cambio, la gran mayoría de inversores institucionales (como compañías de seguros y empresas) prefirieron quedarse con sus posiciones en los fondos afectados. La decisión es mantener las cuotapartes a la espera de una unificación cambiaria que borraría automáticamente las pérdidas en las que incurrieron por el repentino cambio de valuación.
Claro que esa decisión conspiró contra la ofensiva del Gobierno para forzar una venta mucho más masiva de títulos en dólares y así conseguir la baja del dólar en un momento de extrema sensibilidad. Ya desde hace tiempo se viene notando una fuerte tendencia a la dolarización por parte de los inversores, que claramente se acentuará en este último mes antes de las elecciones presidenciales.
Las empresas poseen tenencias de bonos dolarizados a través de dos vías: los fondos comunes de inversión y en forma propia, a través de compras que hacen por sociedades de Bolsa. La intención del Gobierno es que reduzcan esas participaciones en forma voluntaria, obviamente ante la «sugerencia» de las autoridades. En caso de no suceder, aclararon, podría haber medidas específicas que obliguen a reducir su tenencia de títulos. Muchos empresarios temen que haya sanciones por otros motivos ante la postura de «resistir» dicha venta.
Quienes prefieren no hacer caso apuestan a que el margen del equipo económico para presionar ha caído significativamente y que es sólo una cuestión de esperar un par de meses al cambio de administración. Y por otra parte, si se toman medidas que unifican al tipo de cambio, se borrarían las pérdidas que genera la normativa, ya que el precio de mercado debería ser similar o parecerse mucho al que surge de calcular el precio de los títulos al tipo de cambio oficial.
Anteayer se reunieron autoridades del Merval con funcionarios de Economía donde se habló de la operatoria de «contado con liquidación». Si bien hubo acuerdo en que se trata de una modalidad legal, y así lo definió la Justicia, al mismo tiempo se sugirió que podría haber nuevas medidas que aceleren la venta de bonos en dólares. Una posibilidad, por ejemplo, es reducirles a las compañías de seguros el porcentaje de su cartera que pueden tener en este tipo de papeles, con lo que estarían obligadas a vender.
Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=809945
