El alto tribunal dictó la inconstitucionalidad de un decreto de 2001 que le dedujo el 15% de los fondos por impuestos. Sólo en 2016 generaría egresos al Estado por unos $ 16.000 millones
Después de un año en el que buscó mantenerse afuera de la contienda electoral, la Corte Suprema de Justicia se activó en el último mes y, con fallos trascendentes, directa o indirectamente terminó influyendo en los comicios que consagraron como nuevo presidente de la Nación a Mauricio Macri. Primero fue el freno a la ley de subrogancias, y luego la orden para que se haga público el contrato firmado entre YPF y Chevron, dos reveses directos al Gobierno nacional. Ayer, el máximo tribunal se despachó con un fallo resonante, cuyos costos deberá afrontar el Ejecutivo entrante a partir del 10 de diciembre. Atendiendo a reclamos de Santa Fe, San Luis y Córdoba, la Corte declaró la inconstitucionalidad del decreto que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso y pidió un nuevo régimen que, de cumplirse, representará un desembolso de $ 80.000 millones.
La decisión contó con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimaron en cerca de $ 80.000 millones el monto de la devolución dispuesta por la Corte, si se contabilizan unos $ 19.800 millones en términos históricos correspondientes a Córdoba y un monto similar para Santa Fe, que tienen coeficientes de coparticipación casi idénticos. Con la actualización, la cifra podría ascender a unos $ 35.000 millones para cada distrito, más otros $ 9.000 millones para San Luis. Un estudio realizado por la consultora Economía & Regiones, en tanto detalla que sólo en 2016, por los dictámenes de la Corte, el Gobierno Nacional deberá reintegrar recursos en $ 16.552 millones.
En detalle, el fallo determinó la inconstitucionalidad de los artículos 1º inciso «A» y 4º del decreto 1399/01 del Poder Ejecutivo, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica. Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente al 1,9% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
En los casos de San Luis y Santa Fe, la Corte consideró que esos fondos eran coparticipables, y en consecuencia que debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias por aplicación de ese decreto. Los jueces argumentaron que la deducción fue dispuesta por el Ejecutivo para financiar la operatoria de la AFIP sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias que ahora reclaman.
En total fueron cinco los fallos dictados por la Corte respecto de la coparticipación, los cuales dispusieron la inconstitucionalidad de la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, y que son utilizados para financiar a la ANSeS. El fallo relativo a Córdoba ordena la suspensión de manera inmediata de los descuentos que se le hacen sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.
El estudio de Economía & Regiones también arroja que, en caso de que todas las provincias se sumaran al reclamo de Santa Fe, San Luis y Córdoba, el costo fiscal ascendería a $ 363.648 millones. Ese monto surge de los acumulados entre 2006 y 2015 por la detracción del 15% de la masa de recursos coparticipables para financiar la ANSeS y entre 2002 y 2015 del 1,9% de la misma masa para el sostenimiento de la AFIP.
