Extendió el fallo de la Corte a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis a las otras jurisdicciones y ordenó que el Tesoro financie a ANSeS. Para el macrismo, la norma es inconstitucional
La presidenta Cristina Fernández abrió un nuevo frente de conflicto con su sucesor, Mauricio Macri, al firmar ayer un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que restituye el 15% de los fondos coparticipables que financiaban a la ANSeS a las provincias, en una suerte de cumplimiento extendido del fallo de la Corte Suprema que obliga a la Nación a devolver fondos a Córdoba, Santa Fe y San Luis.
La decisión, que en el macrismo calificaron de «mamarracho», contempla «el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada» entre la Nación y las provincias en 1992, como parte del llamado pacto fiscal y el traspaso de las cajas previsionales a la administración central. Se trata de $ 98.182 millones a números de 2015, según los cálculos oficiales citados en los considerandos del DNU 2635/15.
Consultores privados estimaron que el número es menor, ya que la Nación retendría una parte de ese dinero por diversos mecanismos. Para Gabriel Caamaño Gómez, economista de la consultora Ledesma, la masa a destinar a las provincias rondaría los $ 72.000 millones. Para Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la cifra rondaría los $ 80.000 millones el año próximo. Es un monto similar al que el Gobierno destinó este año a subsidiar la energía eléctrica.
Ese dinero, dispuso la norma en su artículo 3, será cubierto por el Tesoro nacional, por lo que la ANSeS no sufriría un recorte de fondos. «Esa cifra equivale a 1,7 puntos del PBI de 2015. En consecuencia, la torta de los tributos coparticipables pasaría del 60% Nación y 40% Provincias que imperaba desde 2006, a un 52,6% y 47,4%, respectivamente», estimó la consultora Ledesma.
El DNU rige desde ayer, por lo que ya desde diciembre el Tesoro suplirá a las provincias en el financiamiento a la ANSeS, lo que agravará el déficit fiscal nacional.
La norma considera que «los argumentos de la Corte Suprema permiten suponer su extensión a cuantas provincias reclamantes se presenten en el menor tiempo posible, por lo que es necesario evitar pleitos, gastos y la producción de intereses». Por eso, a diez días de dejar el poder, la Presidenta resolvió hacer extensivo el fallo del martes último a las 24 jurisdicciones subnacionales. No fueron pocos los que ayer contrastaban esta celeridad para cumplir con el fallo con la demora en la extensión del 82% móvil a las jubilaciones que resulta del fallo Badaro del tribunal supremo. Cristina «resolvió» con un DNU, en seis días, lo que la Corte conminó a adecuar en 120 días hábiles y con negociaciones entre la administración central y las provincias.
«El DNU es un mamarracho», consideró una fuente del macrismo. «Una cosa es la definición de la Corte con tres provincias que vienen litigando hace años, con criterios que compartimos, más allá de los tiempos. Pero en 12 años no hicieron nada y ahora salen con esto», se quejó.
«Entendemos que el decreto no es constitucional, porque está estrictamente vedado resolver cuestiones tributarias, impositivas, de esta manera», prosiguió la fuente del macrismo.
Sin embargo, no definieron si recurrirán a la Justicia para frenar la norma o la dejarán sin validez al asumir Macri al Ejecutivo.
Andrés Gil Domíngez, director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital, recordó que el artículo 99 inciso 3 prohíbe al Ejecutivo emitir decretos sobre materia tributaria. «Pero hay que ver qué se define como derecho tributario, si es establecer el hecho imponible y la alícuota de cobro o si es eso más la distribución de los fondos», explicó. «La distribución no ha estado en la parte tributaria, sino en la de derecho financiero», siguió. Pero consideró que «el decreto es inconstitucional porque no hay razones de urgencia que habiliten pasar por encima del Congreso».
Rogelio Frigerio, que asumirá el Ministerio de Interior, viene teniendo conversaciones con las provincias para definir un nuevo reparto de fondos. En Cambiemos entienden que esas negociaciones deberían durar meses y no pueden resolverse con un DNU que obliga a financiar a la ANSeS con más deuda y más déficit.
