Igual, surge nuevo temor: que bonistas argentinos no acepten, apelen y se extienda por meses la definición
Sólo dos pasos separan al Gobierno de Mauricio Macri para llegar a un acuerdo que termine con el «juicio del siglo»: que no haya apelaciones de acreedores la próxima semana que extiendan el conflicto a la Cámara de Nueva York; y que el Congreso apruebe la derogación de la ley cerrojo y la de pago soberano. Lo primero dependerá de los últimos esfuerzos negociadores que los enviados argentinos desplieguen desde el lunes en esa ciudad. Sobre lo segundo, el Poder Ejecutivo asegura que ya está trabajando y que el primero de marzo Macri anunciará el envío de los dos proyectos en su discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias del Legislativo. Ayer la Argentina concretó un movimiento rápido y clave para cerrar uno de los capítulos legales más importantes: que definitivamente Thomas Griesa dé un fallo sobre la validez de la oferta que la primera semana de febrero el secretario de Finanzas, Luis Caputo, llevó ante el «special master» Daniel Pollack.Para esto, el abogado que ahora representa al país,Michael Paskin, del estudio Cravath, Swaine & Moore (CS&M), se presentó ante el tribunal del juez de Nueva York para reclamarle al magistrado de primera instancia que avance en el llamado de una nueva audiencia en su juzgado para definir «la medida indicativa» del viernes de la semana anterior. Esto es, que le dé el aval a la propuesta que presentó Caputo. Inmediatamente después el juez dio el aval y llamó a las partes para el próximo martes primero de marzo a las 13:30, donde «todos los interesados» tendrán la oportunidad de presentar sus argumentaciones (a favor y en contra) y plantear eventuales apelaciones en los casos en los que los acreedores no estén de acuerdo con la oferta y la decisión del juez.
Según el documento enviado ayer, la Argentina le informó a Griesa las definiciones de la reunión del miércoles ante la Cámara de Apelaciones, donde se ratificó la autoridad del juez para tomar decisiones definitivas sobre la propuesta, el aval a su autoridad para que tenga jurisdicción para aplicar su nueva medida a favor de la Argentina y, en consecuencia, la posibilidad de autorizar el llamado definitivo a empezar a cerrar oficialmente y ante la Justicia los acuerdos con los acreedores que ya aceptaron la oferta, incluyendo el que se estaría terminando de negociar con los fondos duros Elliott, Aurelius y Olifant, que blanqueó el miércoles ante la Cámara de Apelaciones el abogado Mathew McGill a nombre del buitre Paul Singer. En la presentación de ayer, Paskin le pidió a Griesa que lo más rápido posible llame a una nueva audiencia para «notificar a todas las partes del caso, proporcionándoles la oportunidad de ser escuchados». El juez la fijó para el martes próximo, demostrando que también quiere acelerar el cierre de la causa, al menos en su juzgado. Griesa ratificó además las dos condiciones impuestas desde un principio para avalar la oferta: que el país pague la totalidad de lo acordado con los holdouts que acepten la oferta oficial hasta el 29 de febrero, y que se deroguen las dos leyes en el Congreso argentino. También reconoció el juez de primera instancia las condiciones que la Cámara de Apelaciones impuso el miércoles para habilitarlo a avanzar con la causa. Esto es, el freno por dos semanas a la aplicación del «stay» para darles tiempo a los acreedores a presentar una eventual notificación de apelación. Este tiempo había sido originalmente solicitado por McGill para darle tiempo a avanzar en las negociaciones que se mantienen (hasta el miércoles en secreto) entre Caputo y Robert Cohen (el otro abogado de Singer) en el despacho de Daniel Pollack. McGill había dicho que se habían alcanzado con la Argentina «los términos económicos de un acuerdo desde el jueves pasado» (en referencia a una audiencia del 18 de febrero en el despacho de Pollack y que se mantenía en secreto) y que necesitaban un tiempo adicional para terminar de cerrar dicho entendimiento. Los jueces de la cámara le aclararon a McGill que no está cerrada la alternativa de avalar nuevas apelaciones ante esa instancia, y que para eso hay que esperar primero la decisión de Griesa, que se conocerá en las próximas horas.
«Cada apelación será consolidada para ser revisada por esta Corte», aclaró el tribunal ante McGill. Esto implica que la cámara podría atender las apelaciones que se presenten luego del fallo del juez de primera instancia, con lo que el final del «juicio del siglo» podría extenderse si algún acreedor no se muestra conforme con la oferta. En este punto radica el principal temor de los negociadores argentinos. Puede ocurrir que se cierren las negociaciones con el 90% de los acreedores, incluyendo los fondos buitre más duros y casi la totalidad de los «me too», pero que un grupo pequeño de ahorristas provoque la extensión de la definición ante la Cámara de Apelaciones. Los miedos ya no apuntan a los fondos buitre, sino a los bonistas argentinos agrupados en el denominado «Grupo Varela». Se trata de trece argentinos que se sumaron a la causa que inició Singer y que hasta ahora se mostraron irreductibles a aceptar la propuesta de Caputo. Incluso se quejaron de supuestos destratos por parte de los negociadores argentinos, quienes no les dieron el tiempo necesario para escucharlos en el despacho de Pollack. Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas se asegura que esta apelación podría extender los tiempos pero no impediría lo más importante que busca Alfonso Prat Gay: que Griesa imponga el «stay» y la Argentina pueda pagar vencimientos de deuda y colocar nuevos bonos en el mercado.
Fuente: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=829128
