Es para que los indemnicen por lo que cobraron de menos en títulos e inversiones ajustados por ese índice desde 2007 hasta 2015. Equivale a u$s 12.000 millones
Apareció una nueva «pesada herencia» del kirchnerismo. La ONG sin fines de lucro (Consumidores Financieros, Asociación Civil para su Defensa) que actúa en representación de los afectados por las maniobras en el Indec del kirchnerismo, inició una acción de clase contra el Estado para que se indemnice a todos los que poseían bonos públicos remunerados por el CER (coeficiente de estabilización de referencia) y títulos de inversiones privadas también ajustados por ese índice (plazos fijos, cuotas de fideicomisos) por las sumas que cobraron de menos desde 2007 al 2015.
Según análisis econométricos realizados por especialistas, la patología durante los nueve años que duró ascendería a $ 180.000 millones. Es el equivalente a u$s 12.000 millones, una cifra similar al pago a los holdouts, y el de mayor monto económico en la historia de reclamos judiciales dentro del país.
En 2008, la variación del CER fue 9% de menos, en el 2009 fue del 17%, en el 2010 del 25%, en el 2011 del39%, en el 2012 del 52%, en el 2013 del 68%, en 2014 del 86% y el año pasado del 158% menos. Por lo tanto, este porcentaje es lo que le correspondería cobrar de más a los damnificados, que no será en efectivo, sino seguramente mediante bonos públicos.
La demanda fue presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo N´9, Secretaría 17, a cargo del juez Pablo Cayssials. Los bonos estatales que se ajustaban por CER son el Cuasipar, el Bocon Prov4´ 2%, el Bogar 2018, el Bogar 2020, el Bocon Cons.6´ 2% y Tucumán Consadep-1.
La demanda la deberá resolver el actual Poder Ejecutivo, porque el Ministerio de Economía es la persona jurídica en cuyo marco se realizó la sistemática manipulación. El juez le mandó la demanda al procurador del Tesoro, que tiene 60 días para que tome conocimiento, y otros 60 días para responder.
El macrismo no puede negar esto, porque la manipulación del CER durante nueve años fue reconocida por funcionarios públicos, incluso hasta por el decreto 55 del 8 de enero pasado del Poder Ejecutivo Nacional. Como la culpa ya está reconocida, esto ahorra una gran parte del pleito, ya que no corresponde la etapa de prueba, sino que primero debe venir la sentencia y luego cuantificar el monto total a indemnizar.
El sistema elegido de iniciar una «acción de clase» con su prueba ya preconstituida permitiría obtener sentencia firme a favor del reclamo en un plazo no mayor de dos años e incluso menos. Y la indagación pericial un año más luego del fallo.
Derecho a indemnización
Asimismo, la reparación comprendería un mecanismo que diseñará el juez para que cada afectado (luego del fallo judicial) se presente a demostrar su derecho a la indemnización, el cual podría durar aproximadamente otro año posterior al dictamen pericial. En síntesis, hacia el año 2020 podría tener este tema una definición final.
De todos modos, la Anses tiene alrededor del 30% de la tenencia total, con lo cual serían bonos del Estado que irían a parar al propio Estado.
Por otra parte, es previsible que alrededor de un 10% de los damnificados no se presenten por diversas razones (fallecimiento de perjudicados, aunque los herederos podrían hacerlo en caso de tener conocimiento; dada la antigüedad del problema; dispersión enorme de casos, etcétera) pero, sin embargo, eso no impediría que el Gobierno igual deba pagar el total del daño.
Los fondos no retirados que se originan en la sentencia serían destinados a finalidades de bien público que decidiría el juez a cargo, tal como lo contempla el sistema que proviene de lo practicado en las acciones de clase de Estados Unidos y se denomina «fluid recovery», también usado en Argentina.
Es muy factible, dicen los abogados, que cuando llegue ese momento exista una decisión en tal sentido coordinada entre el juez y el Poder Ejecutivo, por lo cual se daría la curiosa situación de que lo que pague el Estado por un lado, por el otro abastezca sus propias necesidades (fondeo para hospitales, educación), con el esperable remanente que no acudirá a pedir su beneficio.
Claro que, una vez cuantificado el daño, puede haber responsabilidades económicas personales de los funcionarios kirchneristas que realizaron o permitieron hacerlo, pues incurrieron en un mal desempeño de sus funciones públicas.
La ONG demandante arrancó hace doce años como «Damnificados financieros» y su especialidad son las patologías de tipo económico, mercado de capitales, bancos, financieras, créditos de retail, e incluso realizó una demanda muy grande contra Petrobras por pérdida de acciones. Formada por arquitectos y contadores, protege los intereses de aquellos inversores no profesionales.
