Ganancias pasará a una tasa efectiva del 40% y las provincias subirán Ingresos Brutos. Las medidas van en la dirección contraria a lo que reclama el sector privado, que considera estas medidas contrarias a la inversión y generación de empleo
La voracidad fiscal en la Argentina no tiene límites. Los nuevos cambios que se avecinan demuestran que la clase política siempre está dispuesta a seguir subiendo impuestos con tal de mantener su fiesta y evitar el a toda costa el ajuste. Las empresas están exhaustas, el empleo privado hace por lo menos una década que no crece y la inversión se encuentra cerca de mínimos históricos. Pero nada de eso parece relevante: lo único que importa es tratar de sacar agua de las piedras y seguir aumentando la presión impositiva a las empresas que todavía pueden mantener su actividad en blanco.
Las principales cámaras empresarias del país mantendrán reuniones ni bien arranque la semana para poner sobre la mesa las novedades que se avecinan. Se descuentan durísimas críticas ante medidas intempestivas, que según entienden no sólo modifican todo el tiempo las reglas de juego. Pero lo más grave es que se empuja aceleradamente a diversos sectores de la economía a la informalidad. Cada vez son más los que aseguran que la única manera de mantenerse vivos es “negreando”, es decir evitan facturar.
La más impactante pasa por la decisión de volver a subir el impuesto a las Ganancias, dando marcha atrás a la reducción que había dispuesto el gobierno de Mauricio Macri.
Como resultado, las empresas que presenten una utilidad mayor a 2,6 millones de pesos anuales volverán del 30% al 35 por ciento. Lo más increíble del proyecto es justamente lo que el Gobierno considera “gran empresa”. Dentro de esa categoría ingresan todas las que ganen en promedio más de…1.500 dólares por mes.
La propuesta original de la reforma tributaria de Macri, que luego por la crisis quedó a mitad de camino, planteaba que a esta altura la tasa de Ganancias debía ubicarse en el 25 por ciento. Sin embargo, ahora vuelve a saltar al 35% y a ese porcentaje se le suma otro 7% (ya existente) cuando se distribuyen dividendos. Según cálculos del tributarista César Litvin, la tasa efectiva del impuesto ya roza el 40 por ciento.
El oficialismo tiene tres explicaciones (o excusas) para justificar la nueva suba de Ganancias. La primera es que la recaudación adicional servirá para tapar el agujero de reducir el impuesto a los asalariados que ganen hasta 150.000 pesos brutos por mes. Incluso el sindicalismo consiguió que también queden exentos el medio aguinaldo y las horas extra. Otro motivo está relacionado con la progresividad del impuesto, es decir pagan más quienes más utilidades consiguen. Y la tercera (y sumamente discutible) es que la reducción de impuestos que decidió el gobierno macrista no redundó en un aumento de las inversiones, por lo que no vale la pena brindarle esa ventaja a las empresas.
Exactamente una semana antes, el Foro de Convergencia Empresarial le había pedido al Gobierno que equipare las reglas de juego de la Argentina con el resto de los países de la región. Y puntualmente se concentró en el costo impositivo, que “es dos veces más elevado que el resto de Latinoamérica”. El informe “Doing Business” del Banco Mundial del 2019 estableció que la carga fiscal representa 106% de las ganancias de una compañía argentina, contra 65% en Brasil, 36,8% de Perú y 34% de Chile. ¿Qué multinacional estaría tan loca de invertir en un país que tiene el doble y hasta el triple de presión tributaria que sus vecinos?
Todavía más serio para la actividad empresarial es la suspensión del Pacto Fiscal que votó el Congreso. Aunque la noticia fue casi intrascendente, para las compañías puede resultar un golpe mortal. Esta medida no sólo suspende la rebaja de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, que también figuraban en la anterior reforma tributaria, sino que además habilita a las provincias a subirlos. El objetivo sería conseguir unos $70.000 millones extra para hacer frente al aumento del gasto público electoral.
Existe una distancia sideral entre la concepción del Gobierno y las necesidades de las empresas. Todo aumento de impuestos está justificado para solventar el gasto de un Estado “fuerte y presente”. Los empresarios lo ven exactamente al revés y exigen que el Estado les saque una pata de encima para volver a crecer.
Ni siquiera los súper precios de la soja ni la recaudación adicional que llegará por el cobro de retenciones (se estima unos USD 2.500 millones extra) fueron suficientes para calmar la sed de recaudar cueste lo que cueste. Ni siquiera alcanzó con el controvertido impuesto a la riqueza, que según el Gobierno podría significar otros $ 300.000 millones adicionales.
No será fácil con semejante presión tributaria que se mantenga la incipiente reactivación que muestran algunos sectores de la economía, como la industria y la construcción. Si bien se trata de un rebote lógico después del derrumbe que generó el cierre total de la economía a causa de la pandemia, la incógnita es hasta qué punto se puede sostener una vez que se haya recuperado buena parte de aquella caída.
El panorama no es favorable. Los nuevos aumentos de impuestos al sector privado se suman a un clima ya de fuerte desconfianza de los inversores, escasísima inversión y poca claridad sobre el rumbo de la economía. Para colmo, el acuerdo con el Fondo no avanza y quedaría para 2022, lo que suma otra fuente de inestabilidad, como lo demostró la nueva suba del riesgo país que esta semana llegó a niveles de 1.600 puntos.
Los aumentos de impuestos tendrán, además, incidencia directa sobre los precios y generarán más inflación. En los casos de ingresos brutos y otros gravámenes municipales la relación entre la mayor presión impositiva y las remarcaciones es directa. Las empresas ya no tienen margen alguno para absorber semejantes cargas.
Ni siquiera la caída de poder adquisitivo actúa ya como un freno. La fuerte caída del salario real no fue obstáculo para que la inflación de los últimos cinco meses se ubicara por encima del 3% (con picos de 4%). No aflojará en marzo, y posiblemente tampoco en abril.
En medio de estas pálidas, la mejor noticia de la semana para la economía estuvo relacionada con la aceleración de la vacunación. La Argentina viene muy rezagada y apenas un 4,6% de la población recibió al menos una dosis. Pero ya en la última semana hubo 150.000 vacunados y la cantidad de personas inoculadas podría aumentar fuertemente a partir de ahora. Según los cálculos del economista Fernando Marull, entre las dos millones de dosis que están en el país y las tres millones que llegarían de China, podría cubrirse al 16% de toda la población en cuestión de semanas (al menos con una dosis).
Suavizar el pico de una segunda ola de contagios es clave para que se pueda sostener la producción y el comercio en los próximos meses. Se trata de otra variable clave para el objetivo de corto plazo del Gobierno: llegar con el envión de la reactivación económica al menos hasta las elecciones legislativas, en octubre. Lo que sucederá después es casi imposible de adelantar.
