El ministro de Economía podría avalar pagos diferenciales para los acreedores de los Discount y el bono Par. Si no hay acuerdo, serían los que mayores posibilidades tendrían en juicios contra el país.
Martín Guzmán analiza y piensa seriamente avalar, al menos en parte, la contraoferta que los bonistas con deuda emitida para salir del default del 2001, presentaron en las últimas horas al ministerio de Economía. Estos bonistas quieren que Alberto Fernández vuelva a emitir la misma clase de títulos públicos diseñados exitosamente por el dúo Roberto Lavagna-Guillermo Nielsen en 2005 y refrendados en la reapertura del canje de 2010: como bono estrella un cupón PBI que además de pagar intereses de 4,5%, ate la suerte de los acreedores al crecimiento de la economía argentina. Y que, si el producto sube, esas ganancias se compartan. Y que los pagos comiencen ya en 2021 y no desde el último trimestre del 2023.
Como se descarta, hasta por cuestiones matemáticas y físicas derivadas del desplome que generará este año la pandemia, que Argentina volverá a crecer en los próximos dos años, los tenedores de títulos públicos con jurisdicción internacional emitidos en la década pasada, cobrarán mucho más que sus primos (y colegas en la batalla por la reestructuración actual) que poseen deuda lanzada durante la gestión de Mauricio Macri. La propuesta quedó plasmada ayer en el comunicado del Argentina Exchange Bondholders (Comité de Acreedores de Argentina), el grupo que representa a los acreedores con mayoritaria deuda K; y que comparte cartel con el Ad Hoc Exchange Bondholders Group (El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos) comandados por Monarch y el Ad Hoc Bondholders Group (Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina), por lejos el más poderoso, y al que suscriben BlackRock, Fidelity, Ashmore, VP y T.Rowe. La propuesta del grupo de bonistas K se basa en volver al acuerdo de la oferta de reestructuración del 2010. Fue la que en su momento, y durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, organizó Amado Boudou y llevó la aceptación final de la oferta de salida del default del 2001 al 96%.
Por lo que se sabe, Guzmán rechazará la propuesta general presentada por los acreedores K del primer grupo. Sin embargo, en Economía estudian seriamente la presentación de una propuesta alternativa para este sector, diferente a la del resto de los acreedores. Esta distinción incluiría la eventualidad de algún tipo de pago extra para el período enero de 2021 y septiembre de 2023 (en octubre de ese año comenzaría el cronograma de regularización que presentó originalmente Guzmán). Tendrían además el reconocimiento del 100% del capital original, sin la quita del 5,4% que también propuso el ministro de Economía en la presentación que venció el 8 de mayo.
Los bonistas K creen que se merecen esta distinción y ser tratados con más suavidad y consideración que sus compañeros de negociación; al asegurar (no sin razón) que sus acreencias ya fueron reestructuradas y fruto de la salida de otro default, el del 2001. Además de considerarse con más derechos que los dueños de títulos públicos M, tienen un arma letal para presionar a Martín Guzmán y sus negociadores. El diseño original de los bonos en cuestión (el Par y el Discount), implica que si el país entra en default y no paga los vencimientos de intereses y capital, se habilita libremente a los titulares de esta deuda a acelerar las presentaciones judiciales en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde gobierna Loretta Preska. Según la jurisprudencia que dejó el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, si el país no paga esa deuda y entra en default con esos bonos, tendrá que hacerse cargo de la liquidación total de la emisión. Y sólo si llega a un 85% de aceptación general en la actual negociación, podrá evitar esta peligrosa y casi letal instancia judicial; que obligaría al país a pagar en tiempo y forma unos u$s 8.000 millones. Ese es el monto que aún hay que pagar en la vida útil de los dos bonos a renegociar emitidos durante el kirchnerismo, y que si no se liquidan los próximos vencimientos (el próximo es el 30 de junio), habilitarán la aceleración de los juicios. Como ya se mencionó, esta posibilidad de aceleración judicial no cuenta para la deuda emitida durante el macrismo.
Esta incluye una cláusula antibuitre que dificulta y traba la posibilidad de avanzar en un juicio contra el país, aun en default. Para poder litigar ante una situación de deuda impaga, y si los bonistas quisieran avanzar en litigios, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento de los títulos; ni ejecutarlos de manera individual, sino de manera colectiva. Y bajo la representación del Trustee/Bondholder Rerpresentative (Comisario de la emisión). Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, solo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal de Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde el 2016 en adelante.
Los bonistas con deuda emitida para salir del anterior default, son en estos tiempos los que mejor relación tienen con el gobierno nacional. Militan en el grupo de los acreedores “friendly” y, tal como mencionó este diario, tienen en sus filas a dos viejos aliados del país en épocas de crisis: los fondos Gramercy y el Fintech. Ya habían trabajado en conjunto para convencer en el 2010 a los bonistas aún chúcaros para aceptar la propuesta del kirchnerismo de salir del default del 2001, y se presentaron como “amicus cureae” en el tribunal de Thomas Griesa durante el Juicio del Siglo. Incluso, con mucha discreción y con estricta comunicación satelital, Alberto Fernández escuchó atentamente los consejos de un viejo amigo de la Argentina. Desde Nueva York David Martínez (dueño del Fintech) explicaba pacientemente, y con su inconfundible acento urbano mexicano, las conveniencias de llegar a un acuerdo con los acreedores y evitar el default. Hábil como pocos, explicaba también que dentro del grupo que él integra con Gramercy, existen otros bonistas con títulos K que no tienen su actitud de acercamiento y sostienen una posición combativa. La vieja estrategia del “policía bueno y policía malo” que trabajan para el mismo equipo. Otra partida más del apasionante “Póker”.
