Por los dichos de los funcionarios, se iría por la de «precaución y liquidez», sujetos a exámenes semestrales. A dos años, serían unos u$s 25 mil millones, 500% la cuota del país.
El equipo de Hacienda comenzará hoy a negociar un acuerdo con el FMI. Aunque no especificó el tipo de arreglo que está buscando, por las palabras de los funcionarios se espera que de las tres opciones disponibles para el país, el ya conocido stand by, la línea de crédito flexible (LCF) y línea de precaución y liquidez (LPL), el gobierno está buscando esta última.
La LPL «proporciona financiamiento para satisfacer las necesidades potenciales o reales de balanza de pagos de los países que aplican políticas acertadas, y puede utilizarse como un seguro o para ayudar a resolver crisis», dice la web del FMI.
Los LPL pueden durar seis meses, uno o dos años. El de seis meses no puede superar el 125% de la cuota del país. En el de uno o dos años, el acceso máximo es del 250% de la cuota en el primer año y 500% durante todo el acuerdo. «En los acuerdos de una duración de un año, los montos comprometidos durante el segundo año pueden trasladarse al primer año mediante un reescalonamiento», advierte.
Pero el FMI impondrá condiciones fiscales y monetarias. Cuando el acuerdo es de uno o dos años está sujeto a exámenes semestrales: «Los países que utilizan la LPL se comprometen a aplicar políticas encaminadas a reducir las vulnerabilidades pendientes detectadas en el proceso de habilitación con una condicionalidad focalizada». Ante la necesidad efectiva de fondos, el acceso coincidirá con los exámenes.
Es el costo por multiplicar la cuota acumulada por Argentina, que es de unos u$s 4500 millones: si es a seis meses, a unos u$s 7000 millones, pero si es a dos años, a unos u$s 25 mil millones (Macedonia obtuvo 600% de la cuota acumulada en 2011), según explicó Alejo Costa, ex economista del FMI y hoy head de Argentine Strategy del BTG Pactual. Y por acceder a una tasa de un 4,6% por unos u$s 10 mil millones, el doble de la cuota, al considerar una tasa del 4% más 60 puntos básicos de comisiones y cargos de servicios.
«Estos programas sirven si permiten recuperar el crédito o reducir el costo. Si mantiene el crédito externo, no necesita tomar nada», dice Costa. «Pero el costo político puede neutralizar (el efecto sobre la tasa), por eso es una jugada arriesgada».
La LCF se otorga caso por caso y «garantiza a los países habilitados acceso amplio e inmediato a los recursos del FMI sin condiciones continuas», dice el Fondo. Para Argentina es difícil acceder porque fue diseñada para países «con marcos de política e historiales económicos muy sólidos».
«La condicionalidad ex-post puede no ser neutral políticamente dada la historia reciente de las relaciones entre Argentina y el FMI. En general, la barra para calificar para un PLL puede ser menor, pero la facilidad es más intrusiva y menos flexible en el uso de recursos que una FCL», dice un informe de Goldman Sachs.
Y el stand by es un viejo conocido del país, ya que se otorga en los momentos de crisis económica. Los desembolsos están sujetos a que se cumplan las condiciones objetivas.
