Es en coincidencia con la Asamblea Anual conjunta con el Banco Mundial. Mientras, se avanzará en las negociaciones y en el diálogo político para lograr el indispensable apoyo de Estados Unidos.
La intención del Gobierno de Alberto Fernández es que el caso argentino sea tratado formal y abiertamente por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre. Concretamente, durante la Asamblea Anual de Otoño conjunta del organismo que dirige Kristalina Georgieva y el Banco Mundial. Esto será entre el 15 y el 17 de octubre, días antes de las elecciones legislativas del 24 de ese mes. En ese ámbito, y con la presencia personal del ministro Martín Guzmán y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce (como corresponde a este tipo de encuentros), el país y el organismo deberían presentar en sociedad un avance concreto de las negociaciones, susceptible de ser tratado hacia diciembre por el board del FMI. Y, obviamente, de ser aprobado.
La especulación de Alberto Fernández, Guzmán y el resto de los responsables de la negociación con el organismo (incluyendo los líderes importantes del oficialismo en el Congreso que deben conseguir la masa crítica para aprobarlo en Diputados); es llegar al momento de votar con la sensación en los mercados financieros que el acuerdo está cerca, lo que debería redundar en una estabilidad cambiaria y macroeconómica que no complique las pautas electorales. Y que, para los entendidos en el tema, tampoco genere dudas de que el acuerdo final será posible. Mientras tanto, y hasta esas fechas de octubre, Argentina y el FMI reabrirán formalmente el dialogo bilateral y tripartido (si se suma al Banco Mundial); para discutir en profundidad y sin apuro los cinco capítulos de la negociación que Guzmán tiene en su portafolio, y que fueron consensuadas en Buenos Aires con el oficialismo legislativo. La intención es sostener un dialogo constante hasta octubre, tratando los temas aún en discusión (básicamente todos, o los más importantes), e ir cerrando aquellos donde se van logrando acuerdos y manteniendo siempre el debate de buena fe en los que hay dificultades serias para acercar posiciones.
Durante el tiempo de las discusiones Alberto Fernández, Guzmán, y quién pueda hacer su aporte desde el oficialismo, avanzarán en el dialogo político con el gobierno de Joe Biden en general y la secretaria del Tesoro Jannet Yellen en particular, para lograr el indispensable y obligatorio apoyo de los Estados Unidos ante el Fondo Monetario. Sin el voto positivo del embajador de ese país en el directorio del FMI, Argentina nunca tendrá el apoyo necesario en el board del organismo.
Este es el planteo general que Guzmán lleva a Washington para las reuniones con el Fondo, que hoy se profundizarán en las jornadas más importantes que el ministro mantendrá en la capital de los Estados Unidos. El ministro de Economía argentino circulará por estas horas por los despachos de la responsable del caso argentino en el Fondo, la norteamericana Julie Kozac, y con algunos de los departamentos técnicos que trabajan en el caso argentino. El plato fuerte será obviamente el encuentro que mantendrá con la mismísima Georgieva. Guzmán podrá comprobar en vivo el verdadero ánimo con la Argentina que mantienen la economista búlgara. Algunas versiones que le llegaron al ministro, hablan de cierto malhumor de la titular del FMI, por el retraso de las negociaciones.
Como precalentamiento, Guzmán ayer mantuvo una muy buena reunión (según ambas partes), con el director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; responsable de mantener las líneas crediticias de la entidad (ver aparte).
Tal como adelantó este diario, Guzmán y su equipo llevaron a Washington cinco capítulos para discutir con el FMI hasta octubre. El primero, por orden del ala política, es insistir sobre la responsabilidad del FMI en la negociación, firma y ejecución del stand by cerrado con el gobierno de Mauricio Macri por unos u$s 44.800 millones. El ministro debe profundizar sobre el informe interno referido al otorgamiento del préstamo que la conducción del organismo mandó a ejecutar, y el grado de responsabilidad que ese “paper” debería esclarecer. Puntualmente el ministro quiere saber si habrá una severa autocrítica que sirva en Buenos Aires para justificar la avanzada legal contra funcionarios del macrismo. El segundo capítulo es discutir los términos del “Facilidades Extendidas” que se aplicará en el caso argentino. La clave del potencial acuerdo es que se respeten los términos de pagos de intereses al comienzo de cada año, y de capital hacia el fin de cada ejercicio. Y que haya un plazo de liberación de liquidaciones de no menos de 4/ 4,5 años. Según el estatuto del FMI estos lineamientos son posibles, pero representan los acuerdos más flexibles posibles.
Donde parece que hay acuerdo es en la tasa de interés menor a 3% máximo que aplica el organismo. El tercer capítulo depende del anterior. El gobierno quiere que el Fondo aplique cambios que no están dentro de su carta orgánica, y que el tiempo de plazo supere los 10 años máximo reglamentarios para un “facilidades extendidas”. El cuarto capítulo tiene que ver con los montos a pagar. Teóricamente el Facilidades Extendidas clásico le permitiría a la Argentina pagar capital desde el 2026 (el primer o segundo semestre dependerá de la firma del acuerdo en 2021 o 2022); liberando liquidaciones durante toda la gestión actual de Alberto Fernández. El problema es que los pagos se acumularían en 7 años, obligando a un plan de cuotas de interés y capital acumulado con pagos superiores a los u$s4.000 o 5.000 millones anuales. El “ala política” no acepta pagos de más de u$s 2.000 millones. El quinto capítulo es el más importante. Y polémico. Al menos para Washington. Argentina quiere un acuerdo flexible en cuanto a las condiciones, que no incluyan reclamos desproporcionados de ajustes fiscales.
