Así se lo propusieron en forma conjunta empresarios y sindicalistas del sector al Gobierno, que vería con buenos ojos la iniciativa. Cuáles son las diferencias y similitudes con el anterior esquema lanzado por Cristina Kirchner en 2013.
Que empresarios y sindicatos se unan en una propuesta es algo que raramente se ha visto en la Argentina. Pero la crisis del sector es tan profunda, ahora agravada por la cuarentena, que se produjo el milagro. Las principales cámaras del sector junto con la UOCRA (el sindicato que dirige Gerardo Martínez) efectuaron un exhaustivo informe sobre la situación del sector y varias medidas concretas que elevaron al Gobierno a fines de la semana pasada. El objetivo, según señalan, es conseguir una reactivación en etapas, pero arrancando ya desde este tercer trimestre.
“Plan de re-construcción de la economía a través de la construcción privada” es el título del trabajo en el que además de la Uocra participan la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV). Entre todos constituyen la flamante “Mesa de la Construcción”.
El cuadro de situación del sector es crítico. Según señala el informe, a mayo ya se habían perdido 150.000 puestos de trabajo en un año, lo que representa una caída del 40% interanual. “La construcción privada representa 70% del total de la actividad del sector. Requiere poco aporte estatal y requiere incentivos para recomponer la atracción al inversor”, agregan.
Uno de los puntos del proyecto, claramente no el único, es un plan para “exteriorizar pesos”. Esos fondos sólo podrían aplicarse para construir, ya sea desde el pozo en la mitad de un proyecto, es decir que el objetivo sería revitalizar la actividad con fondos frescos.
Este esquema, que desde el Gobierno ya dejaron trascender que podría funcionar, es diferente a los Cedines, lanzados como instrumento de blanqueo en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Aquel producto se suscribía básicamente en dólares y servía para comprar inmuebles. Algo movió la actividad inmobiliaria, pero los USD 1.000 millones que captó en dos años estuvieron muy lejos de los vaticinios oficiales.
Por lo tanto, a diferencia de aquella experiencia del 2013 al 2015, si ahora hay un nuevo blanqueo destinado al sector inmobiliario sería para financiar nuevas obras y no para la compra de inmuebles existentes. Además, debería volcarse todo en pesos en vez de dólares.
En forma paralela, desde la CNV están en plena elaboración de un proyecto para crear “fondos de inversión colectiva” cuyo objeto sería canalizar inversiones en el sector de real estate.
El objetivo del plan presentado es poner en marcha el sector lo antes posible, aprovechando su efecto multiplicador. No sólo porque generaría rápidamente empleo de manera directa, sino también porque activaría a una serie de sectores que son proveedores y también tienen complicada su subsistencia si la crisis se prolonga. Sin embargo, el trabajo no estable cuál sería el costo para el Estado de llevar adelante las medidas.
¿Cuáles son concretamente las propuestas para reactivar el sector, que está virtualmente paralizado por la cuarentena en el AMBA y con escasa actividad en el resto del país? Los principales puntos, adelantados el viernes por Infobae, son los siguientes:
– Ya desde el tercer trimestre piden “préstamos de emergencia” para reactivar obras en curso utilizando boletos y adhesiones a fideicomisos en desarrollo.
– Activar el régimen previsto en el Presupuesto 2019 para financiar la construcción de viviendas por un valor inferior a 140.000 UVAs, simplificando su implementación.
– Ya para el cuarto trimestre se sugiere la creación de una nueva figura, la Sociedad Simplificada de Construcción- con incentivos fiscales para inversores y familias.
– Impulso al crédito hipotecario en Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con un fondo anticíclico para compensar las diferencias entre el CVS y el CER.
– Exteriorización (es decir plan de blanqueo) para flujo de inversiones en obras nuevas y en construcción.
– Ley de Vivienda que incentive la inversión permanente en vivienda para venta, alquiler o leasing (alquiler con opción a compra). También que permita diferir el pago de Ganancias sobre la compra del terreno.
– Aportes previsionales para financiar la compra de viviendas, replicando programas como “Minha Casa, Minha Vida” de Brasil o al Infonavit de México.
– Créditos hipotecarios implementados contra posesión.
“La cadena de valor del sector –concluye el informe- está unida y lista para iniciar la reconstrucción del país”. Aunque por ahora no se conocen mayores detalles, trascendió que una de las patas principales del plan que presentará el Gobierno para salir de la crisis desatada por la pandemia se apoya en darle incentivos a este sector.
