El magistrado ordenó a los holdouts que argumenten por qué las trabas al país deberían seguir. Pero condicionó la estrategia oficial para conseguir financiamiento.
El juez de Nueva York, Thomas Griesa, conminó a los fondos buitre a que argumenten antes del próximo martes 16 en contra del levantamiento de restricciones a la Argentina que solicitó el Gobierno para poder pagar la deuda reestructurada y emitir nuevos bonos. Sin embargo, el magistrado volvió a correrle la cancha al Ejecutivo, al condicionar esa medida cautelar a favor del país al pago efectivo a los acreedores que acepten la propuesta argentina para salir del default antes de fin de mes.
La propuesta de pago que efectuó el viernes pasado la Argentina a los holdouts está sujeta a dos condiciones: el aval del Congreso (que debe derogar la ley que impide pagar más que el canje) y el levantamiento de las restricciones para acceder al mercado por parte de Griesa, que bloquea el pago de bonos reestructurados y persigue toda operación de financiamiento que intenta el país desde junio de 2014.
El Gobierno pidió ese gesto del juez para emitir nuevos bonos con los cuales hacerse de los u$s 6500 millones en efectivo que ofertó a los litigantes a cambio de sus sentencias reconocidas hasta el momento, valuadas en unos u$s 9000 millones. Sin embargo, el juez deslizó ayer que Argentina debe pagar a los acreedores que acepten la oferta antes de levantar las restricciones.
En un escrito, Griesa ordenó a los litigantes NML Capital, Aurelius y otros (los más duros) oponer sus argumentos contra el pedido argentino de liberar las trabas antes del martes 16. Si lo hacen, la Argentina tendrá un plazo de 48 horas para contestar. Así y todo puso dos «condiciones preexistentes» para desbloquear los pagos del país y su acceso al mercado. La primera es la derogación de la «ley cerrojo», que la administración de Mauricio Macri apuesta a lograr ni bien comiencen las sesiones ordinarias en el Congreso. La segunda es que la Argentina pague a los acreedores «me too» que acepten la propuesta con quita de entre 27,5% y 30% hasta el 29 de febrero inclusive.
Hasta el viernes pasado, los fondos EM, de Kenneth Dart, y Montreux, habían aceptado la oferta. Entre ambos, suman reclamos por u$s 773 millones. A ellos se sumarían acreedores minoritarios. A ellos debería pagar la Argentina luego de derogar la ley Cerrojo para que Griesa elimine las restricciones.
En cambio, NML Capital, Aurelius, Olifant, Blue Angel y otros fondos más combativos que suman u$s 4000 millones rechazaron la oferta y siguen litigando. Según informó ayer la agencia Bloomberg, estos fondos más duros pidieron reanudar conversaciones, pero no obtuvieron respuesta del Gobierno.
Fuentes oficiales consideraron que el escrito de Griesa fue una «buena reacción», y un «procedimiento legal formal, consecuencia de nuestra oferta». Pero no opinaron sobre la exigencia del juez de pagar los acuerdos conseguidos antes del 29 de febrero para liberar los pagos de deuda reestructurada y permitir al país endeudarse a tasas más bajas y sin riesgo de embargo.
Anoche, la Secretaría de Finanzas que comanda Luis Caputo (el negociador que estuvo la semana pasada al frente de las gestiones en los despachos del mediador Daniel Pollack), analizaba los pasos a seguir.
