Los fondos buitres le pedirán al juez Thomas Griesa que sancione a la Argentina por no haber entregado información en el marco del Discovery, es decir la autorización judicial con la que cuentan los holdouts para rastrear activos argentinos en el exterior y embargarlos para asegurarse el pago de la sentencia de diciembre de 2012. El fondo NML considera que YPF, Enarsa y el Banco Central deberían ser pasibles de embargo.
En un documento presentado ante Griesa, el abogado del fondo buitre NML, Robert Cohen, solicitó que habilite el pedido de “sanciones” por parte de los demandantes y de “otro alivio que la corte considere justo y apropiado”, por no cumplir con la orden de Discovery emitida en 2013, de facilitar información sobre potenciales bienes del Estado. Según ese dictamen, los fondos que litigan contra Argentina podrían embargar bienes del Estado argentino en el exterior a modo de compensación por la falta de pago.
Cohen también nombra, en su presentación, los posibles “alter ego” del Estado argentino con activos en el exterior, de los cuales los buitres reclaman información: YPF (por su asociación con Chevron), Enarsa y el Banco Central. Para el caso de la petrolera, los fondos buitre consideran que como consecuencia de su asociación con Chevron, la compañía norteamericana habría pasado a manejar activos financieros argentinos. Los holdouts cuentan para eso con el respaldo de la propia Corte Suprema estadounidense, que rechazó la apelación argentina para evitar la búsqueda de información por parte de los holdouts.
Contra acciones de clase
Los abogados que defienden a la Argentina en los tribunales de Nueva York intentarán evitar que se “viralice” la acción de los “me too” en el caso de los bonos en default. La defensa tratará de bloquear las acciones de clase de bonistas que se presenten ante los tribunales en demandas grupales. Además, los abogados consideran que no son válidas las acciones de clase para inversores que dejaron la administración de los bonos en cuestión a otros fondos. La finalidad de la acción de clase estadounidense es la de facilitar el acceso a la justicia mediante la acumulación en un solo procedimiento, iniciado por una o varias personas representantes de un grupo, de la suma de reclamaciones que, individualmente (es decir, en el ámbito de una acción de reclamación individual), cada uno de los miembros del grupo podría iniciar en relación con un derecho o interés propio. Se trata de evitar que, por la ineficiencia que pueda suponer cada reclamación individual, se dejen de interponer multitud de reclamaciones.
