Empezamos el evento a sala colmada con un discurso del presidente de la Suprema Corte local argumentando que los inmobiliarios matriculados pueden quedarse muy tranquilos: el ejercicio ilegal de la profesión ya es un delito penal. Y a partir de allí todo el día se entrecruzaron, en las sucesivas disertaciones, dictámenes tajantes como ese, que se contrapusieron con las señales débiles de la realidad, no explícitas pero a veces demoledoras.
En efecto, el temor a la «uberización» de toda la cadena de valor de la industria inmobiliaria y de la construcción se planteó reiteradamente. Ello significa que la tecnología actual amenaza con irrumpir y transformar, en un brevísimo plazo, cualquier sector toda vez que las cosas se puedan hacer mucho mejor y mucho más barato sin que el paraguas protector legal, más temprano que tarde, alcance en serio como antídoto sustentable. La intermediación inmobiliaria no escapa a esa situación. La construcción tampoco.