Constructores y corredores inmobiliarios de la región apuestan por la mayor fluidez posible para el funcionamiento de los Certificados de Depósitos para Inversión (Cedin) en la reglamentación de la ley de blanqueo de capitales.
El eje central del planteo es que la ventana de tres meses para hacer operaciones con estos documentos sean potenciadas al máximo evitando posibles "correcciones" sobre la marcha que impidan aprovechar la oportunidad para hacer más negocios.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) daría a conocer hoy la reglamentación de la ley de exteriorización de capitales. La norma entraría en vigencia en julio hasta octubre.
Los empresarios locales manifestaron su punto de vista el martes ante las autoridades del Banco Central y salieron de la reunión con optimismo sobre la posibilidad de que se incorporen en la reglamentación aspectos que permitirían aceitar mejor el mecanismo de negociación de los Cedin para concretar más operaciones, fundamentalmente en el segmento de nuevos emprendimientos.
Así lo expresó ayer el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios (Cocir) y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira), Javier Grandinetti, durante su presentación en el acto de conformación de la Cadena de Valor Santafesina de la Construcción de Viviendas, impulsada por el gobierno provincial y que se realizó ayer en la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
Grandinetti manifestó la necesidad de que los corredores inmobiliarios colegiados puedan certificar también las operaciones. En el caso de los nuevos emprendimientos, como las escrituras recién se realizan una vez terminada la construcción, proponen que sean los corredores los que puedan certificar la operación al momento del boleto, y aclara que eso no significa ningún gasto adicional ni un desplazamiento de otros actores de sus funciones.
Por su parte, el titular de la CAC local, Ricardo Griot, dio por "descontado" que el Estado provincial se adherirá a la norma. La preocupación de los empresarios es que si no lo hace podría la Administración Provincial de Impuestos (API) ir contra los que blanqueen capitales en este proceso, ya que estos inversores hasta ahora sólo serían liberados de sanción a nivel nacional.
El secretario del Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y otras Manufacturas dependiente del Ministerio de la Producción provincial, José Garibay, que encabazaba el acto escuchó el planteo empresarial, pero prefirió no anticipar ninguna respuesta oficial.
Desde el interior. Griot describió que la industria de la construcción atemperó su caída en los últimos meses, pero explicó que, de no mediar inversiones en obras de infraestructura, se complicará el crecimiento de la actividad en el mediano plazo. Igual, mantiene una "visión moderadamente optimista". El antídoto que propuso para concretar proyectos clave —y ausente la financiación internacional— es armar fórmulas público-privadas, como el proyecto del puerto de Santa Fe.
Los nuevos permisos de edificación están en baja. Pero Griot resaltó el récord de ventas de cemento, que se explicaría por un viraje dentro del mercado de la construcción hacia obras de ampliación, refacción o remodelación de viviendas particulares. Influyen los créditos Procrear. Los proveedores de insumos crecen más que otros actores de la cadena.
Marcelo Passardi, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), coincidió en el diagnóstico. Pero agregó que, de caer aún más los permisos de edificación, podría provocar, en un par de años, un recalentamiento del valor de los alquileres.