Desde el organismo le exigieron «consistencia» a Sturzenegger para bajar la inflación. Pero será a costa de un enfriamiento mayor de la economía
El acuerdo con el FMI sería perfectamente cumplible si no fuera por un detalle: se trata de un ajuste del gasto público inédito y para colmo en un año electoral. NI el anuncio de un préstamo récord de USD 50.000 millones anunciado el jueves consiguió despejar las dudas que tienen los inversores con la Argentina. Nadie está dispuesto a poner las manos en el fuego: no sólo el país entró en reiteradas oportunidades en cesación de pagos, también defaulteó casi todos los acuerdos firmados con el FMI a lo largo de las últimas décadas.
La historia nos juega en contra no sólo por estos incumplimientos reiterados de los compromisos. También es un tema de conducta. Del análisis del comportamiento de los últimos años surge un patrón muy claro. Los gobiernos se vuelven mucho más gastadores en años electorales, mucho más cuando se trata de elecciones presidenciales. Además, han contado con el respaldo de un Banco Central que acompañó esos desmadres de gasto avalando con mayor emisión monetaria.
Basta hacer un repaso de las principales variables económicas en los siguientes años: 2005,2007, 2011, 2013, 2015 y 2017. El 2009 queda excluido porque fue justo después de la crisis financiera global y sería injusto incorporarlo en el análisis. Pero más allá de esta excepción, todos fueron períodos de crecimiento económico, pero acompañado de un incremento del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Ni Néstor, ni Cristina Kirchner, pero tampoco Mauricio Macri se salvan de esta descripción.
Ahora con tal de conseguir un paquete financiero récord, el Gobierno promete que hará lo que ni éste ni otros han hecho en los últimos quince años: un ajuste fiscal récord en un año de elecciones presidenciales. No se debe culpar a los grandes bancos de inversión ni a los empresarios que como mínimo desconfíen de las metas acordadas con el FMI, que incluyen un recorte de gasto de unos 230.000 millones de pesos para bajar el déficit primario a 1,3% del PBI (contra 2,7% comprometido para este año) y que al mismo tiempo la inflación bajará a 17% a fines del 2019, diez puntos menos que el nivel proyectado para este año.
Las resistencias sociales
De movida, aun antes de conocerse la letra chica del acuerdo, el Gobierno ya comenzó a encontrar límites. El Congreso le votó una ley que retrotrae las tarifas a los niveles de principios de 2017, aunque fue rápidamente vetado. Y esta semana la CGT podría convocar a un nuevo paro general. No se trata del mejor punto de partida para discutir cómo se llevará adelante el fuerte ajuste comprometido para que el Fondo libere el paquete de USD 50.000 millones, aunque sólo una porción menor (USD 15.000 millones) será desembolsado en lo que resta de 2018 y el 2019.
El FMI se disfraza de Caperucita Roja cuando exige que se mantenga la ayuda para planes sociales y jubilaciones. Pero abajo aparece el Lobo Feroz a la hora de exigir fuertes compromisos fiscales y monetarios. Casi no hay diferencias respecto a los planes acordados con la Argentina en los años 1980 y 1990.
El modelo cierra perfecto en la planilla de Excel: si sucede todo lo que aparece en los cuadritos distribuidos el jueves último, el país precisará menos deuda, tomará dinero más barato, se encaminará a un equilibrio fiscal y el ratio de deuda versus PBI encontrará rápidamente un techo debajo del 35% y empezará a descender. Al mismo tiempo, desaparece el Banco Central como agente financiero del Estado y el Tesoro le cancelará letras intransferibles (consideradas hasta ahora papel pintado) por nada menos que USD 25.000 millones.
Se alejan las metas de crecimiento
Pero, de vuelta, todo el plan exige un gran compromiso de ajuste fiscal y esperar un largo rato para retomar un sendero de crecimiento sostenido. Los ejercicios elaborados por los técnicos del FMI y del Gobierno establecieron un cálculo de crecimiento inferior a 0,5% para este año y de apenas 1,5% para el próximo. Son pronósticos que están a años luz del 3,5% ó hasta 4% que el equipo económico vaticinaba para 2018 y 2019.
Con el paso de las horas se van conociendo nuevas exigencias que aparecerán en el acuerdo con el Fondo. No sólo pasan por aspectos fiscales, sino también monetarios. El Central estará obligado a cumplir con metas trimestrales de desinflación hasta llegar al 17% de fin de 2019 y luego una reducción de un punto trimestral hasta el 2021. Si en el camino se va desviando de ese sendero, tendrá que dar explicaciones ante el staff del FMI y en caso de convertirse en un incumplimiento reiterado podría incluso provocar que se caiga el acuerdo.
La tasa de interés seguirá siendo un componente fundamental para conseguir de una vez que baje la inflación. Y desde el FMI transmitieron un mensaje a los negociadores del Banco Central: «Tienen que ser mucho más consistentes en las políticas que aplican para conseguir que baje la inflación».
La traducción de este mensaje es que el titular del Central, Federico Sturzenegger, se equivocó en las dos oportunidades en que avanzó con una reducción de tasas, a fines de 2016 y en enero de 2018. En ambas oportunidades, el relajamiento monetario llevó a fuertes repuntes inflacionarios en los meses posteriores.
Para evitar nuevamente el mismo error, el FMI y el Central pactaron que las tasas de interés deberán permanecer en niveles muy elevados hasta que no haya señales mucho más claras de una reducción de la inflación. Y esto no sucederá en el corto plazo. En mayo la inflación núcleo rozó el 3% y se repetirían cifras similares en junio y posiblemente en julio. Por lo tanto, será extremadamente difícil que baje en este período la tasa de referencia del 40% fijada por el BCRA.
La consecuencia es que las PYME tendrán que soportar como mínimo algunos meses más de costos astronómicos para descontar cheques, es decir financiar capital de trabajo. Los problemas de este encarecimiento del dinero son palpables: este mes será complicadísimo para muchas empresas salir a pagar el medio aguinaldo, en medio además de la caída del consumo.
Enfriar la economía es, en definitiva, parte del plan diseñado junto al FMI. Es lo único que permitirá en el corto plazo que la suba del dólar no se traslade mucho más rápido a los precios. Al revés de lo que sucedió en la primera etapa del Gobierno, ahora la prioridad será bajar la inflación y en un segundo plano aparece el crecimiento económico.
El esquema de metas de inflación elegido, que implica que las tasas de interés son el principal instrumento para dominar los precios, se mantiene vigente. Esta vez, sin embargo, el Central no estaría tan solo: si baja el déficit fiscal como está comprometido y desaparece la obligación de emitir pesos para financiar al Tesoro, resultará de enorme ayuda para alcanzar aquel objetivo. Las tasas muy altas evitarían, además, que se produzca otro episodio de corrida cambiaria como el del mes pasado y se supone que de a poco incentivar el ingreso de dólares para apostar por instrumentos en pesos.
Pero insistir con las super tasas para bajar la inflación no convence a todo el mundo. El ex viceministro de Economía de Carlos Menem y ex rector del CEMA, Carlos Rodríguez, posteó ayer en Twitter: «El inflation target llevará la inflación a 30% o más al cabo de tres años, dos recesiones (2016 y ahora viene otra en 2018) y acumuló un stock de deuda en Lebacs tan grande que hay que pedir ayuda al FMI para cancelar parte. ¿Qué hace falta para darse cuenta de que este método no funciona?». La misma duda carcome al ala política del Gobierno. Pero no es el momento de andar ventilando semejantes objeciones, mucho menos horas después de haber conseguido un millonario paquete del FMI.
