La Comisión Nacional de Valores (CNV) acaba de poner en marcha una nueva consulta no vinculante, invitando a los interesados a brindar sus comentarios y propuestas hasta el viernes sobre los «project bonds», un instrumento que genera mucho interés en el mercado. Se trata de bonos que buscan fiinanciar proyectos (generalmente de infraestructura, aunque el regulador permite darle un alcance más amplio), que generarán un determinado flujo de fondos que garantiza el pago del título emitido. También se permiten emisiones para el refinanciamiento de proyectos.
Como aplicación concreta de su facultad de establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta pública, la CNV toma como base el marco para la emisión de obligaciones negociables y le agrega requisitos y tratamientos adicionales para bonos de proyecto. Debe tratarse siempre de emisión de obligaciones negociables, por lo cual hay que cumplir con el régimen general de solicitud de oferta pública.
La CNV recuerda que es objetivo estratégico de la ley de mercado de capitales el generar nuevos instrumentos de inversión y fomentar la canalización del ahorro hacia la financiación de proyectos productivos y el desarrollo de economías regionales.
También menciona estar alineándose con la política del Estado Nacional destinada a incentivar proyectos que hacen al interés público, como los contratos de participación público privada (PPP), si bien aclara que este régimen especial de financiamiento no se limita a los proyectos de PPP (infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica). «Es decir, la CNV busca que la nueva normativa tenga un alcance aún mayor», interpreta Juan Cruz Acosta Güemes, socio de FDI.
El texto propuesto permite que se utilicen garantías o mecanismos de mejora crediticia a fin de respaldar las emisiones. «Sin embargo, por la exigencia de que sean siempre titularidad de la emisora, deberíamos concluir que no puede constituirse un fideicomiso con los ingresos del proyecto, algo que le brindaría más seguridad a los inversores», advierte Acosta Güemes.
Solamente los inversores calificados podrán suscribir los títulos. En los considerandos de la Resolución General, se justifica esto por las particulares características y riesgos asociados a la inversión en este tipo de instrumentos. La CNV facilita el trámite indicando las distintas secciones del prospecto de emisión y el contenido que espera encontrar.
«Es un excelente vehículo para canalizar el dinero de los inversores institucionales hacia proyectos directo de infraestructura. Para los inversores, se trata además de una alternativa de inversión que ofrece una rentabilidad -ajustada por riesgo- bastante superior a las tradicionales, aunque no cuenta con la liquidez que puede tener un bono del gobierno nacional, importante en caso de que el inversor quiera disponer de su dinero y por lo tanto necesite venderlo antes de su vencimiento», precisa el directivo de FDI.
De todas formas, lo ve como una excelente alternativa para los inversores institucionales para diversificarse en otros rubros como infraestructura, «por cuanto permite al proyecto contar con este tipo de inversores, reduciendo el costo financiero, al anular la intermediación bancaria, ya que tradicionalmente los proyectos de infraestructura han sido financiados por entidades financieras».