El Poder Ejecutivo debería pagar casi USD 1.100 millones entre el viernes y el martes próximo, pero aún no confirmó si hará ese giro a Washington, en medio de una negociación trabada
La posibilidad de no pagarle al FMI en los próximos días el vencimiento de casi USD 1.100 millones que corresponden a la devolución del préstamo de 2018 orbita en las esferas de decisión más altas del Gobierno nacional. A cuatro días de que el Tesoro deba girar a Washington los primeros 717 millones, el Poder Ejecutivo retomó las conversaciones pero no anunció oficialmente si honrará o no esas obligaciones. Claro, está en medio de las negociaciones para acordar un nuevo programa.
Una de las preguntas que ronda el mercado en caso de un incumplimiento es: ¿qué consecuencias tendrá para la economía argentina si la Casa Rosada decide no abonar ese monto?.
Para los analistas, la falta de pago implicaría tensiones adicionales al mercado de cambios y hacia los activos financieros argentinos, ya que sería leido como una señal de alejamiento en las chances de un acuerdo en el corto o mediano plazo con el organismo. Pero, como contraparte, utilizar USD 1.100 millones de reservas en un contexto de un colchón fino de divisas en el Banco Central también podría acrecentar la volatilidad, ya que eso dejaría a la autoridad monetaria con mucho menos margen de intervención cambiaria.
Hay, por otra parte, otra serie de consecuencias eventuales ante un impago, y tienen que ver específicamente en la relación que tiene la Argentina con el Fondo Monetario y con otros organismo internacionales, que también son prestamistas del país en dólares, algo que no es posible para el Tesoro nacional desde que se cerró el mercado internacional voluntario de deuda hace casi tres años. Un incumplimiento de pago no implicaría un default inmediato en términos legales ante el Fondo pero desencadenaría un proceso largo que podría terminar con la expulsión del país como miembro del organismo.
Un informe reciente de la consultora Quantum explicó, paso por paso, cómo sería el devenir en la relación entre la Argentina y el FMI en caso de que el Gobierno decida no pagar el vencimiento de deuda de estos días. “La secuencia involucra un período de 24 meses, con etapas bien definidas, tanto en término de acciones y los efectos en la relación”, definió la consultora que dirige el ex secretario de Finanzas Daniel Marx.
El primer efecto, el inmediato, es que el staff comunica al país que debe atender el pago con urgencia, mientras que no se permitirá a la Argentina, en caso de que suceda ese impago, usar recursos del FMI hasta que se salde ese atraso. Dos semanas después tiene lugar el segundo paso, en el cual la conducción del Fondo se pone en contacto con el Ministerio de Economía para informarle sobre la “seriedad” del evento de impago y vuelve a reclamar esa cancelación.
Un mes después de un incumplimiento la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva debería comunicar oficialmente al directorio del organismo sobre la falta de pago por parte de la Argentina, en caso de que así fuera. El siguiente paso sucederá a las 6 semanas de sucedida la cuestión: Georgieva, a esa altura, debería comunicarse oficialmente con el país para exigir el pago. Si se llegara a este nivel de tensión, esto tendría lugar a mediados de marzo, cuando ya estén por vencer otros USD 2.800 millones con el FMI.
A los dos meses la directora gerente realizaría una queja formal ante el directorio respecto al evento de impago. Recién un mes después el Fondo Monetario haría público en su página web que uno de sus países miembro incurrió en incumplimiento de pago y difundiría además de qué monto se trata. Además, se dejará en claro que el país no tendrá acceso a ninguna asistencia del Fondo, incluyendo para programas para combatir la pobreza, hasta que salde esa deuda.
Luego Quantum enumeró una serie de consecuencias ya consideradas de mediano y largo plazo. En un rango de entre 6 meses y un año el Fondo Monetario revisará su decisión y considerará si la Argentina es “no elegible” para futuros desembolsos o préstamos. A los 15 meses desde sucedido el incumplimiento el directorio evaluará la cooperación del país en cuestión, y si existiera una declaración oficial de esa nación de que no cooperará, el FMI retirará cualquier asistencia técnica hacia ese Gobierno.
En un plazo de hasta un año y medio el FMI comenzaría la última parte del proceso, la más drástica y que ya evidenciaría eventualmente una relación completamente rota entre el organismo y el país. Primero evaluará la posibilidad de suspender su derecho a voto y de representación en el directorio y, por último, estudiará la expulsión del país como miembro del Fondo.
“Para el FMI, si el incumplimiento supera los 6 meses, entra en la categoría de “atrasos prolongados” (protracted arreas). En su historia, 31 países entraron en esta categoría, la mayoría de bajos ingresos, con severos conflictos políticos y sociales (ejemplo: revoluciones como fue el caso de Cuba), inclusive con guerras. En promedio, tardaron 7,8 años en salir de esa categoría, siendo Sudán el país de mayor permanencia, con 37,2 años, saliendo formalmente en el año 2021. En América Latina, Perú fue el país que más demoró en salir, 7,5 años (1985-1993)”, mencionó el informe.
“En su historia, estos atrasos no fueron significativos, totalizando SDR 4.848 millones (USD 6.200 millones actuales). Si se lo mide en términos de recursos disponibles del FMI, hace 20 años llegaron a representar 2,3%. Desde mayo del año pasado el FMI no tiene atrasos prolongados de sus miembros tras la cancelación que hizo Sudán”, aseguró Quantum.
Para la consultora que dirige Marx hay otro tipo de consecuencias para la economía en caso de un incumplimiento de pago. En ese sentido mencionó, entre otros:
– Se limita el acceso a financiamiento de otros organismos internacionales (Banco Mundial, BID), “salvo y eventualmente para asistir en proyectos sociales, aunque restrictivo”.
– Se restringe el acceso a financiamiento comercial de empresas para pago de importaciones, dificultades adicionales para acceder a crédito bancario, proveedores (empresas vinculadas o no), previsiones de empresas vinculadas, etcétera”, enumeró.
– Mercado de dinero: caída en la demanda de dinero, aumento del financiamiento del BCRA al Tesoro como principal fuente de financiamiento.
– Inversiones privadas: caída de flujos de inversión ante escenario de mayor incertidumbre y dificultad para evaluar rentabilidad y costos.
– Sostenibilidad de la deuda: un eventual nuevo programa con el FMI podría poner en discusión la sostenibilidad de la deuda recientemente reestructurada.
Por último, el informe consideró que “en todo este proceso, es esperable observar presión sobre las reservas internacionales, inestabilidad en los tipos de cambio (oficial y libres), mayores restricciones y controles al acceso a divisas para pagos e importaciones, caída adicional de la demanda de dinero, aumento del costo de capital y paralización de inversiones, entre otros”.
