La gran pregunta que hay que hacerse es qué puede deparar el futuro cercano tras el arreglo con los bonistas. Quedará por ver cómo avanza el Gobierno en la administración de los desequilibrios.
Condición necesaria pero no suficiente, el “arreglo” de la deuda es un paso en la dirección correcta, de muchos pasos que el Gobierno deberá dar. La gran pregunta que hay que hacerse es qué puede deparar el futuro cercano, el veranito prometido, una vez la economía pueda despegar del subsuelo, y con los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios acicateando el plan de salida.
La negociación por la reestructuración de más de u$s 60.000 millones de bonos bajo legislación extranjera quedará como un ícono en la línea histórica del presidente Alberto Fernández, una especie de mojón que probablemente lo ponga al Gobierno, ahora, en la responsabilidad de darle carnadura política definitiva al plan de la reactivación económica. En sí mismo, esto llevará un desafío especial: poder ejecutar con precisión y eficiencia todo aquello que se decida en las mesas de diálogo.
Con respecto a la negociación con los bonistas, quedan los últimos retoques, una serie de conversaciones que irán definiendo el número final. También habrá que esperar el anuncio del Presidente, quien buscará capitalizar algo de crédito político adicional que seguramente va a necesitar para sentar en la mesa del acuerdo económico y social, y con mayor compromiso, a los principales actores de la economía. Si algo pedían empresarios y banqueros al presidente, eso era que cierre un acuerdo con Larry Fink y los suyos. Veían en ese gesto una vía de auxilio, una especie de investment grade vernáculo, para una economía que acumula desequilibrios donde uno ponga el ojo.
Precisamente la Casa Rosada tiene más presente que nunca esto. En rigor, fue un rápido ejercicio de análisis el que decantó que los recursos adicionales comprometidos que se volcarán ahora para el repago de la deuda, estarán más que compensados si el Gobierno puede cerrar el frente externo y dedicarse a compensar esos desequilibrios. Entienden (el verbo es desmedido), que se juega el futuro del Gobierno en estos días, ya que una mala elección el año próximo puede debilitar aún más.
Guzmán cierra el acuerdo, pero también necesita aportarle al resto del equipo económico su propia cartera de anuncios, donde seguramente estará presente un aumento de la presión impositiva. El plan Procrear refleja la reactivación añorada de la obra pública, al tiempo que Desarrollo pretende consolidar el IFE como política de estado. Si se lo piensa, se empezará a gastar ahora y se verá si el año próximo sube un poco la recaudación. Esto lleva a pensar otras cosas, por ejemplo, el déficit, o la emisión. También, que al BCRA, en plena expansión monetaria, le queda quizás más de lo mismo. Esto significa que podrían sumarse más controles en la administración de la escasez de dólares, seguir emitiendo pesos y continuar con la colocación de Leliq, mucho de lo cual fue reforzado en los últimos días con nuevas medidas.
En última instancia habrá que prestar atención al plan Kulfas, si se trata de una miniatura sectorial de baja intensidad, o si en cambio, se contemplan las grandes necesidades de los principales sectores productivos de la Argentina. Hay una larguísima tira de pedidos de parte de los empresarios.
Por último, más allá de la cuestión fiscal, habrá que ponderar la situación de la falta de dólares. Con la cotización en $76 podría pensarse que no se está tan mal en términos del tipo de cambio real, pero también hay que aceptar el ruido que mete el blue, en la zona de $ 140, que le mete mucha presión al BCRA y que también influye en la formación de los precios.
Por eso se entiende el esfuerzo del Gobierno por cerrar el acuerdo. Es fácil acercarse al momentum que enfrenta en estos aspectos. En la que es la quinta oferta, Guzmán mejoró el valor de los bonos hasta u$s54,8 (venía de u$s 53). Sábado y domingo se le dio forma al resto de la gestión: el presidente Fernández lo destrabó. Una vez más la política decidió. Los bonistas pedían u$s 54,9 (AdHoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores). Calculan que de esa forma la Argentina obtendría un 80% de aceptación como mínimo aunque podría ser más. A eso se le sumó también la propuesta para mover el cronograma de pagos hacia adelante. Se esperaba por estas horas un comunicado de los bonistas aceptando la propuesta, y a partir de allí el Gobierno saldría a anunciarlo.
Más allá de las cuestiones cuantitativas, habrá que hacer una evaluación. Estarán aquellos que verán en el acuerdo la potencial “victoria” de los fondos de inversión sobre el Gobierno. Pero habrá que pensar un poco más frío: por cada u$s 100 de valor nominal de un título, los bonistas recibirán u$s 54. Habrá quienes objetarán que hubo quienes compraron esos bonos a precio de descuento. Puede ser, pero claramente no son la mayoría. Por otro lado, si hubiese más de uno, podría decirse que lo más relevante es la sostenibilidad de la deuda, esto es que, de ahora en adelante, la Argentina repagará su deuda a tasas relativamente parecidas a la de sus vecinos. En ese contexto, quedará por ver cómo avanza el Gobierno en la administración de los desequilibrios, con algo más de recursos, cierto mínimo acceso al mercado financiero y los ánimos empresarios más tranquilos.
