La distancia hoy entre el Gobierno y los acreedores es de u$s1.600 millones, según estiman analistas. Si se extiende el plazo, sería la séptima prórroga. La relación con el Fondo, clave.
El tironeo entre el ministro Martín Guzmán y los acreedores externos no afloja. Entre hoy y mañana, el Gobierno debe ponerle un broche final al acuerdo con los bonistas porque así lo indica la fecha límite que el país incluyó en la última oferta que oficializó a comienzos de julio ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Serán 48 horas determinantes. Si no se logra un acuerdo y se cae la oferta vigente, fuentes oficiales le dijeron a Ámbito que una eventual nueva propuesta de la Argentina estará enmarcada en las conversaciones por un nuevo programa con el FMI y lo más probable es que, dado el deterioro de las perspectivas sobre la economía mundial, el retoque empeore los rendimientos que recibirán los acreedores.
El reloj sigue avanzando. Las diferencias entre las partes son económicas y legales. Entre la última propuesta del país y la que presentaron de manera conjunta los tres grupos de acreedores, la distancia es de u$s1.600 millones. El análisis que hace el mercado es que la propuesta de los tres grupos de bonistas arroja un VPN de u$s56,1; tres dólares por encima de lo que valúan a la propuesta oficial. Esa diferencia, indica un análisis realizado por la consultora 1816, se explica por el “bono PDI” (por el cual los acreedores piden cupón anual fijo de 4,9% versus el 1% que ofreció el Gobierno) y también por el flujo total de los bonos. Sobre esto último, desde la consultora estimaron que los comités piden “u$s1.000 millones más de flujos en el actual mandato presidencial y, en total, u$s1.600 millones durante la vida total de los bonos”. La revisión de las cláusulas legales fue una puerta que el Gobierno buscó abrir para seguir dialogando y aceptó modificaciones bajo la condición de que sean avaladas por los organismos de regulación de mercado de capitales a nivel internacional.
Fuentes oficiales le dijeron a Ámbito que no se buscará extender el plazo más allá del 4 de agosto, aunque dejaron la puerta abierta a que haya alguna otra definición durante el día de hoy. “Por ahora la decisión es no extender. Se analizará mañana (por hoy)”, respondieron desde la administración nacional. Si el Gobierno decide extender la fecha hasta fin de agosto, sería la séptima prórroga. Sin embargo, también desde el Gobierno aseguran que, si los acreedores no aceptan la actual oferta, las discusiones en el futuro estarán enmarcadas en un nuevo programa que la Argentina acuerde con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Si no hay acuerdo, la nueva propuesta estará enmarcada en un nuevo programa con el FMI. Pero esa propuesta se va a hacer con un nuevo ejercicio de cálculo, porque la que todavía está vigente asumía una caída de 2,3% del PBI mundial y ahora las proyecciones hablan de una caída del alrededor del 10%”, aseguraron desde el Gobierno en diálogo con Ámbito. “El FMI no va a convalidar un deal que no asegure la sostenibilidad de su pago”, razonaron.
En enero, cuando el covid-19 estaba focalizado en China, el FMI estimaba que el PBI del mundo crecería un 3,3%. En abril, esas estimaciones pasaron a -3,3%. Y, en los últimos cálculos de junio, la contracción mundial llegará al 4,9% en promedio, estimó el organismo conducido por Kristalina Georgieva. El razonamiento que hacen desde el Gobierno es que, con este nuevo panorama mundial, no se puede “evitar un default a cualquier precio”. “A nadie le conviene ir por el lado judicial, porque en ese camino no se cobra, se litiga”, fue otro de los argumentos a favor de cerrar un acuerdo.
Durante el fin de semana se habló de la posibilidad de un acuerdo standstill, una especie de pacto de congelar las negociaciones y retomarlas en el futuro. Sobre esta posibilidad, un conocedor de la estrategia oficial aseguró que depende de los acreedores, pero que no le parece probable que los bonistas quieran postergar las negociaciones.
Sobre el acuerdo con el FMI y la posibilidad de recibir nuevos fondos netos por parte del organismo, desde el Gobierno dijeron que “es probable que no” se vaya por ese camino. “Filosóficamente estamos en contra de pedir más fondos, porque el endeudamiento es parte del problema”, remarcaron. ¿Cuándo se avanzará en las negociaciones con el organismo internacional? “Próximamente”, aseguran.
