La decisión del gobierno de usar USD 4.571 millones del Central para pagar vencimientos renueva el debate iniciado una década atrás, con la conflictiva salida de Martín Redrado de la entidad
Una década después del recordado conflicto entre el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kichner por la utilización de las reservas de la entidad para el pago de deuda pública, el presidente Alberto Fernández vuelve a recurrir a la misma herramienta. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en su artículo 61, habilita al Gobierno a emitir letras a favor del BCRA por USD 4.571 millones contra el uso de las reservas por ese monto. El destino será el pago de vencimiento en dólares de deuda bajo ley extranjera.
En enero de 2010, la oposición de Redrado a entregar USD 6.569 millones de la caja en el Banco Central para el Fondo del Bicentenario y, a la vez, a dejar su cargo tras el pedido del gobierno, desató un conflicto político en el que muchos protagonistas se repiten en la actualidad. Detrás de él subyacía una discusión teórica acerca de las consecuencias de gastar las reservas para afrontar vencimientos de deuda.
Quienes critican el mecanismo, apuntan a que el Banco Central pierde “poder de fuego” ante una crisis cambiaria, ya que queda con menos dólares para enfrentar las frecuentes corridas contra el peso que ocurren en la Argentina; también alertan sobre la debilidad que deja en el balance del BCRA, dado que sólo un 20% de los USD 45.000 millones actuales son líquidas de libre disponibilidad.
Del otro lado de la biblioteca, se resalta que usar las reservas es la mejor vía para financiarse cuando las otras opciones son caras o, peor aún, inexistentes.
Esas posiciones sintetizan un complejo debate, aún sin resolver, que explotó diez años atrás. El 14 de diciembre de 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación del Fondo del Bicentenario, por el cual se utilizarían USD 6.569 millones de reservas para pagar vencimientos de deuda con acreedores privados y organismos multilaterales. Aunque apenas menos de tres meses después derogó el FB, aunque ratificó el uso de las reservas del Central.
La medida se comunicó a través de uno de los habituales actos en Casa Rosada al que la Presidente convocó a Martín Redrado, quien fue informado de su contenido minutos antes del anuncio. Con ese comienzo, no podía arrancar otra cosa que un inocultable desacuerdo entre el titular del BCRA y la actual vicepresidente por la implementación de la medida, que desembocó en que aquel 6 de enero, el gobierno le pidiese la renuncia.
Redrado se negó a abandonar el cargo alegando que, por contar con acuerdo del Senado, si el gobierno quería echarlo debía hacerlo con el procedimiento previsto en la Carta Orgánica del BCRA, que incluía un dictamen previo no vinculante de una comisión bicameral del Congreso. Allí estalló una guerra político-judicial, en la que Redrado debió abandonar el cargo por un decreto de necesidad y urgencia pero pocas horas después retornó a él gracias a un amparo obtenido en los tribunales.
En el camino, también apareció una orden judicial para impedir la salida de los USD 6.500 millones de las arcas del Banco Central. Con Redrado desplazado, el entonces gerente general de la entidad intentó su cumplimiento, convencido de que las reservas no debían usarse para pagar deuda; el vicepresidente a cargo, alineado con el gobierno y convencido de lo contrario, lo removió de su cargo. Ambos protagonistas tienen estricta actualidad: el gerente general era Hernán Lacunza, hasta hace poco ministro de Hacienda. Y el vicepresidente no era otro que Miguel Pesce, hoy a cargo del BCRA.
Otro actor de esos días, Sergio Chodos, también tuvo relevancia antes y ahora. Diez años atrás fue uno de los directores del BCRA que defendió con firmeza la decisión del gobierno. Hoy, Chodos es representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional.
Enfrentando la habitual inactividad del Congreso en el verano, el kirchnerismo consiguió reunir la comisión bicameral, integrada por Julio Cobos, Alfonso Prat Gay y Gustavo Marconato a mediados de enero. Redrado decidió presentar su renuncia el 29 de ese mes, un par de días antes de que se conociera el dictamen no vinculante, que finalmente recomendó su remoción.
El 4 de febrero, tras 40 días de intenso conflicto político, Fernández de Kirchner designó presidenta del Banco Central a Mercedes Marcó del Pont, finalizando el interinato de Pesce, quien regresó a la vicepresidencia que ocuparía hasta diciembre de 2015. Y pocas semanas después, el gobierno consiguió transferir las reservas al Tesoro para cubrir vencimientos en dólares, algo que se extendió por el resto de su mandato.
La única alternativa
Marcó del Pont fue una de las firmes defensoras del uso de reservas para pagar deuda. “Quedó demostrado muy claramente el carácter virtuoso de la decisión política de pagar deuda con reservas. Y realmente es sorprendente que todavía haya objeciones o cuestionamientos a esta determinación”, dijo poco tiempo después de ocupar el cargo.
La actual titular de la AFIP también impulsó el financiamiento al Tesoro por parte del BCRA. “El pensamiento hegemónico de los últimos 30 años de la historia más corta local dio por tierra la génesis y la razón de existir de los bancos centrales, financiar a sus estados y sectores públicos”, señaló en un seminario de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA) en 2011.
A poco tiempo de asumir la presidencia del BCRA, Pesce anticipó la posibilidad de volver a usar las reservas en 2020, tal como se hizo en 2010. Consultado en una entrevista por el tema, recordó que “cuando se permitió el pago con reservas, estábamos en la discusión con los holdouts, con los fondos buitre y no teníamos acceso al crédito o era carísimo el crédito al que podíamos acceder. (Pagar con reservas) era la única alternativa sin pagar tasas exorbitantes. Estamos en circunstancias parecidas.”
En tren de establecer semejanzas y diferencias del uso de reservas en ambas coyunturas, el economista Rodrigo Alvarez, de la consultora Analytica, considera que “la evaluación de aquel entonces no es la misma que ahora. En ese entonces la crítica, acertada o no, se hacía sobre la expansión monetaria que generaba el uso de reservas para pagar deuda en un contexto en que comenzaba a deteriorarse el resultado fiscal. Hoy la situación es bien distinta porque no hay recursos fiscales para comprar esas reservas al Banco Central”.
Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, recuerda el episodio de 2010 como “un hito en el desbarranco de la política económica del kirchnerismo porque dejó al Banco Central pésimamente posicionado, lo que después generó la llegada del cepo cambiario. Puede aceptarse como medida de emergencia para no caer en default, pero siempre en nombre de la emergencia termina justificándose cualquier cosa”.
Una de las críticas del economista es que el uso de las reservas no puede extenderse demasiado: “Hoy el mercado está abastecido en base al cepo y a la recesión de la economía. De hecho, el Central tiene controlado el tipo de cambio oficial, lo que tuvo un efecto anti-inflacionario claro. Pero esto no es para siempre: este dólar se va a atrasar. Usar las reservas es una situación anormal que sin un mercado libre, solo puede dar resultados en el corto plazo.”
“El Central pierde poder de fuego para enfrentar las fluctuaciones del tipo de cambio. En países como el nuestro, donde el Banco Central tiene baja credibilidad, se necesitan las reservas para contener esos movimientos del dólar porque tienen efecto inflacionario”, agregó Tiscornia.
Las Letras Intransferibles
El antecedente originario para el uso de las reservas de divisas fue la cancelación total de la deuda con el FMI en 2006, que insumió USD 9.800 millones que representaban el 23% de las reservas de entonces. La motivación que dio entonces el gobierno de Néstor Kirchner para tomar tal decisión (ejecutada por Redrado y por la ex ministra de Economía, Felisa Miceli) era que dejar de tener deuda con el organismo iba a dotar al país de mayores grados de libertad para tomar sus decisiones de política económica.
Tanto desde lo legal como desde lo económico, la decisión de ese momento sobresalía por la excepcionalidad. Se decidía, por una única vez, usar reservas para cumplir con un objetivo particular: alejarse del FMI. Había también una motivación política explícita. El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, había anunciado la misma decisión para la deuda de su país con el FMI pocos días antes.
Ese carácter de excepción es lo que distinguía el pago total al FMI de 2006 del pago de todas las deudas en dólares de 2010, donde no quedaba claro hasta cuándo se seguirían usando las reservas. “En 2006 nos pidieron un balde de agua; en 2010, nos pidieron una canilla. No sabíamos durante cuánto tiempo se iban a usar las reservas”, graficó un funcionario del BCRA de entonces.
Hacía falta algún mecanismo para justificar la salida de tal cantidad de dinero en el balance del Banco Central. Allí nacieron las Letras Intransferibles. Diseñadas de apuro en aquella coyuntura, mantuvieron a grandes rasgos sus condiciones: 10 años de plazo, con una tasa de interés máxima de Libo menos un punto porcentual, a pagar semestralmente.
Hoy representan un 12% de los activos del Banco Central. Según su último balance, la autoridad monetaria tiene entre sus activos $793.000 millones en Letras Intrasferibles del Tesoro, producto de la contrapartida de haber entregado reservas para que el Tesoro pueda afrontar compromisos de deuda. Al tipo de cambio oficial, representan USD 13.200 millones, a los que se sumarán a fines de 2020 los USD 4.571 millones añadidos por el nuevo gobierno.
Alvarez señala que el deterioro que la colocación de Letras Intransferibles ocasiona en el patrimonio del Banco Central “es incontrastable con el daño que puede ocasionar a la economía una mala renegociación con acreedores privados y con el FMI. En 2016 se saneó parcialmente el patrimonio del BCRA reemplazando esas letras por títulos negociables, una medida que se podría volver a implementar más adelante”.
El debate sobre el uso de las reservas para pagar deuda, explica Tiscornia, ronda sobre el conocido argumento de la “restricción externa” que afecta a la Argentina y que indica que tarde o temprano, al país le faltarán dólares.
“La defensa de medidas de este tipo gira alrededor de una restricción que llega por una sequía, por la baja del precio de las materias primas que exporta la Argentina o por una suba de la tasa internacional. Pero la restricción externa debe ser vista en conjunto con el tema fiscal. Si siempre necesitamos del financiamiento externo es porque tenemos que cubrir una brecha fiscal, no se pueden disociar ambos temas. Y la Argentina tuvo déficit fiscal históricamente,” señaló Tiscornia. A la vez, el economista no ve vocación alguna en el Gobierno actual por canjear las Letras Intransferibles y mantener sano el balance del Banco Central.
