Se viene el mensaje presidencial. Y como cada año, la lectura política y económica deberá navegar las profundas aguas de un año electoral. También ha dado su mensaje el Banco Central en las últimas horas. Inflación y dólar han merecido un abordaje, que habla de cómo serán los próximos meses en materia financiera y que se desarrollan en esta columna. De fondo subyace la pregunta sobre las herramientas que utilizará el Gobierno para tratar de frenar los precios: tipo de cambio, tasa de interés y tarifas podrían ser parte de la respuesta.
Por último, no son menores otros registros: los DEG del FMI y la cotización de las materias primas.
Atrás parecen haber quedado los durísimos días en que el Gobierno debió enfrentar las acusaciones por el vacunatorio vip, cuyo costo político todavía se mensura puertas adentro y que eyectó del Poder Ejecutivo a exministro Ginés González García. A favor, en los últimos días, se ubica la intención de la Casa Rosada de retomar la iniciativa saldando el acuerdo paritario con los gremios nacionales docentes y el anuncio de los bonos para los jubilados.
La instancia institucional, el discurso del Presidente por la apertura de sesiones ordinarias, podrá entonces centrarse no sólo en los aciertos en el manejo de la pandemia, sino también en el diálogo social como herramienta y en las mejoras prometidas para los sectores de ingresos bajos y medios, algunas de ellas que serán apuntaladas con proyectos que serán enviados al Congreso, como el de Ganancias.
En forma periférica, se podrá echar mano, sin duda, a la siempre buscada estabilidad financiera y económica conseguida en los últimos meses después de enhebrar planes de carácter social con medidas sui generis para frenar la salida de dólares de las arcas del Banco Central, negociación de la deuda con los bonistas mediante.
La foto del primer año de gestión del Frente de Todos, tras la malograda herencia macrista, buscó mitigar los efectos de la pandemia en materia social y económica, pero también muestra con claridad los desafíos que se vienen, y de ello dejará constancia el titular del Ejecutivo. En el último año, Desarrollo Productivo redobló la apuesta por el programa Precios Cuidados, con verificaciones que pasaron de cuatrimestrales a trimestrales a las que se sumó un segundo programa, Precios Máximos. También se congelaron las tarifas de servicios públicos y combustible, se edificó una estructura de restricciones cambiarias colocando un impuesto al dólar ahorro y turismo, que institucionalizó una brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo en torno al 70%. Tomando siempre como parámetro la recesión de los últimos años macristas, se devolvió el IVA a los 13 alimentos de la canasta básica. Se llevó a cabo la negociación de la deuda con los fondos privados y ahora con el FMI y el Club de París. Sin embargo, los números evidenciaron el esfuerzo fiscal. El déficit en el primer año de gobierno (pandemia mediante) se ubicó en el 8% y la proyección en el Presupuesto aspira a 4,5% para este año. El ministro Guzmán ya ha anticipado que eso se financiará un 40% con emisión monetaria (hay proyecciones privadas en $1,7 billones) y 60% fondeándose con deuda en el mercado local. El tipo de cambio promedio será de $102,40 y la inflación, señala el ministro, se ubicará en el 29%, aunque los números en el arranque de este año lo hacen de difícil consecución. Por esa razón, las consultoras ponderan una inflación que se ubicaría cerca del 48% y un dólar más alto, en torno a los $124.
Aprovechará la Casa Rosada entonces la inercia política que generó la primera reunión con las cadenas alimenticias para hablar de precios y su preocupación en mantener la inflación en los niveles más bajos que sean posibles. Febrero habría terminado con una inflación en alimentos por encima del 4% mensual. Le servirá para mostrarse atento a lo que pasa en la calle, si bien la mesa de negociación con empresarios ofrece otros registros no tan lineales que se detallarán. Uno de ellos fue la propuesta que bajó del Ministerio de Desarrollo Productivo a los distintos eslabones de la cadena para llevar adelante un trabajo coordinado y basado en cinco ejes con el fin de corregir los “aumentos injustificados”. Esos ejes abarcan a los insumos alimenticios y los no alimenticios tanto del agro como los de la industria. Previo al encuentro, los industriales habían pedido poner fin al congelamiento de precios y a la prohibición de despidos y suspensiones. Sin embargo, en el discurso, las fuentes señalan que el Gobierno se enarbolará como el encargado de controlar precios y evitar el impacto en las familias de menores ingresos. Se hará mención de proyectos y herramientas que están pensados para asistir en la consecución de ese objetivo y en la posibilidad de hacer cumplir de forma estricta la ley de abastecimiento de alimentos, programas para que se atomice más la oferta de productos en góndola, al margen de mantener monitoreado el sector.
Ganancias, salarios y acuerdos pendientes
También habrá mensajes para los hogares de clase media, golpeados en términos del poder adquisitivo del salario desde el 2018, ya que llevan perdidos, en promedio, unos 23 puntos porcentuales en términos reales. Para ellos, el Gobierno apunta a modificar el Impuesto a las Ganancias, al margen de otras cuestiones como la reglamentación de la ley de alquileres (ya anunciada por AFIP). El Senado viene de aprobar iniciativas giradas por el Poder Ejecutivo que buscan impulsar la reactivación económica y que incluyen el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias y una serie de incentivos tributarios para el rubro de la construcción, pensado para reactivar las obras en el sector privado. En este último, se exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% del monto invertido. Además, se determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un “blanqueo fiscal” respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas. De acuerdo con el proyecto, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la ley pagarán un impuesto del 5%, mientras las que lo hagan después de esa fecha, y hasta los 90 días, pagarán un único tributo del 10%, y las que realicen su declaración desde ese día y hasta 120 días abonarán 20%.
En su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, Alberto Fernández buscará también mantener viva la idea del Consejo Económico y Social, presidido por el secretario Gustavo Béliz con la finalidad de forjar una mesa de diálogo permanente con los gremios, empresarios y movimientos sociales. Sabido es que está previsto que los gobernadores se conecten a distancia (remoto) y que no participarán de forma presencial ninguno de los integrantes de la Corte Suprema.
Dólar, tasas y anclas varias
También ayuda el sector externo. Los precios de las principales materias primas de exportación vienen trepando en torno a un 30% si se lo compara con el mes de septiembre. Las lluvias acaecidas en las últimas ocho semanas y la anunciada ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI (a la Argentina le tocarían unos u$s3.000 millones para engrosar reservas), podrían implicar un impulso en las cuentas externas.
No obstante, las novedades llegan del Banco Central. La entidad dio a conocer su Informe de Política Monetaria (IPOM). Allí señala que la mayor velocidad inflacionaria en diciembre y enero tuvo un “carácter transitorio”. Por esa razón, sostiene, no habría aplicado una suba de tasas de interés. El informe señala que la entidad que conduce Miguel Pesce “seguirá enfocada en absorber los esfuerzos anticíclicos de manera de preservar los equilibrios monetario y financiero, asegurando las condiciones necesarias para que el proceso gradual de reducción de la tasa de inflación continúe”. El eje, como siempre, se pone en las tasas. Una Leliq paga en promedio un 38% anual y un plazo fijo se ubica apenas por debajo, en torno a un 37% lo que supone una remuneración muy ajustada (o por debajo) de la tasa de inflación, anualizada, que se vio en enero y que probablemente podrá verse en febrero. En rigor, el dólar también se menciona. Sostiene el BCRA que “continuará con su política de administración del tipo de cambio, propiciando que la dinámica cambiaria contribuya a consolidar el proceso gradual de baja en la tasa de inflación”. En otro párrafo, se señala que “dado que en el mediano plazo siguen siendo objetivos centrales la acumulación de reservas y el mantenimiento del superávit externo, el BCRA procurará mantener el tipo de cambio real en un nivel competitivo, acorde a los fundamentos de la economía”. Una excursión a la tierra del dólar informal muestra algunos registros interesantes. El blue rebotó el último viernes hasta los $146, luego de encadenar tres caídas consecutivas, si bien en los primeros dos meses de 2021 acumuló un retroceso de $21 y su cotización se ubica por debajo de los dólares financieros, MEP y liqui. De esta manera, la brecha con el oficial mayorista bajó al 62,5%. El último jueves el spread había alcanzado el nivel más bajo desde el 20 de abril de 2020. Si se toma una comparación histórica, la cotización se encuentra en niveles similares a los de fines de septiembre, antes del brusco salto que llevó la cotización hasta los $195 el 23 de octubre del año pasado. La duda, como se dijo, es cómo conducirá el ciclo económico Martín Guzmán. Si promoverá un ritmo de crawling-peg por debajo de la inflación y qué efecto podría tener esto en la brecha cambiaria. En el manual de usos múltiples, pareciera que el discípulo de Stiglitz, junto a Pesce, apuntan a utilizar el tipo de cambio y, en menor medida, las tasas, para anclar las expectativas inflacionarias y llevarlas, lentamente, a coincidir con las premisas que se intentan marcar en los acuerdos en marcha vinculados a precios y salarios.
