Ambas leyes estarían reglamentadas en la primera quincena. Aseguran en Hacienda que no se verán afectadas, pese a los cambios, las metas fiscales programadas. Cambios en pagos a jubilados se aplicarán desde el año próximo. Pero en marzo se liquidaría mediante una fórmula mixta, con datos del último trimestre de 2017.
El Ministerio de Hacienda está prudentemente entusiasta. Según los datos que llegaron del Congreso, los diputados y senadores del oficialismo le aseguraron que el mecano fiscal diseñado, fundamentalmente con las reformas tributaria e impositiva, se aprobaría sin mayores cambios. Y que, eventualmente, sólo habría que «entregar» el impuesto interno a las bebidas azucaradas. El resto de las medidas que apuntan a un ahorro fiscal de aproximadamente $110.000 millones (originalmente eran $130.000 millones), estaría salvado. De todos modos se necesitaban unos $123.000 millones de reducción de gastos para lograr el déficit prometido a Mauricio Macri de 3,2% para 2018. Según el Excel del Ministerio de Hacienda el resto del dinero que no se obtendrá por ambas reformas lo aportará la mejora de la recaudación tributaria por la diferencia entre el crecimiento del 3,5% que propone el Presupuesto y la seguridad que la economía argentina subirá 4% el próximo año.
Según las fuentes políticas que hablan con Hacienda, la fecha clave será la del 27 de diciembre, cuando el Congreso en su última sesión del año (en extraordinarias), tendría ya aprobadas ambas leyes. Mientras tanto, los técnicos del Ejecutivo, aseguran que en la primera quincena de enero las reglamentaciones múltiples que necesitan las reformas estarán publicadas en el Boletín Oficial.
Dujovne recibió el dato sobre la garantía de la aprobación en el Legislativo de ambas reformas el viernes pasado, mientras circulaba por los jardines del Hotel Llao Llao en Bariloche, donde participó durante el fin de semana de la cumbre del G-20 con funcionarios de los ministerios de Economía y Finanzas de los estados miembros. La intención del ministro era enfrascarse en el temario de la cumbre.
La aprobación de las dos reformas era imprescindible al menos en dos capítulos centrales: los cambios en Ganancias de la reforma impositiva y la aplicación de la nueva fórmula de pago a los jubilados en la previsional. En el primer caso, al tratarse de un tributo anual, antes de que termine enero deberían estar reglamentados los cambios, incluyendo las aplicaciones de la AFIP. Si bien hay antecedentes legales de la posibilidad de modificar Ganancias en el transcurso de un ejercicio fiscal, Dujovne siempre buscó que haya prolijidad en la aplicación de los cambios. En especial en lo que se refiere a la modificación en el cálculo de la indexación de las escalas de Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, los que tendrán en 2018 mejoras pero con la aplicación de la nueva fórmula que reemplazará a la movilidad jubilatoria. Esto es, en otras palabras, una pérdida en los ingresos por la aplicación de una fórmula menos beneficiosa. Más suerte tuvieron los monotributistas, cuyas escalas fueron ya confeccionadas por la AFIP pero con la mejora del 28%.
En el caso de las jubilaciones, la aprobación en el Congreso antes que termine este año y la reglamentación posterior durante la primer quincena de 2018 resultaba clave por una cuestión simple: la eliminación de la fórmula de la «movilidad jubilatoria» por la del 70-30 (inflación + suba de salarios en blanco), aprobada ya por el Senado y que sería tratada el 27 en Diputados. El Gobierno debía tener las herramientas legislativas aprobadas al primero de enero, para poder aplicar este cambio desde el primer día de 2018, y evitar la «movilidad». Lo que no evitaría Hacienda es tener que aplicar esa fórmula el último trimestre de 2018 con lo que la mejora de los jubilados de marzo incluiría un aumento trimestral con la vieja fórmula y uno con la nueva. A partir de marzo (en los pagos de junio, septiembre y diciembre), ya se aplicaría el 70-30. El Gobierno salvaría así los cuestionamientos sobre constitucionalidad adelantados el jueves pasado por este diario, ante la pérdida de los derechos de los jubilados por la vigencia en el último trimestre del año. Fiscalmente aseguran en el Ejecutivo que renunciar a aplicar la nueva fórmula en el último trimestre del año no afectará el mecano de Dujovne ya que los $100.000 millones están calculados desde el primero de enero. El período octubre- diciembre 2017 ya estaba, fiscalmente, perdido.
El déficit de 3,2% del PBI es una imposición personal de Macri al resto del Gabinete. Lo considera la base y su primer paso de su gestión poselectoral, luego de la victoria de octubre pasado. Lo analiza como la primera reducción importante en el desequilibrio entre ingresos y gastos la que se complementaría con el dato esperado de 2019, donde el déficit perforaría el 3% y debería llegar al 2% del PBI, en sintonía con las metas que le impone la OCDE.
