El sábado pasado en la Asamblea de Armstrong habló de esa posibilidad el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. También los productores del norte recibieron asesoramiento de sus abogados, para definir las acciones a seguir
El campo evalúa presentarse en la Justicia para que se determine en que situación quedan los derechos de exportación tras el vencimiento de la Ley de Solidaridad Social que facultaba al Poder Ejecutivo a establecer las alícuotas correspondientes al referido gravamen, y luego que se rechazara el presupuesto del presente año en la Cámara de Diputados, que contemplaba la prorroga de dicha facultad por dos años. Las diferentes opciones que se analizan.
La posibilidad de recurrir a la Justicia fue anunciada el sábado pasado durante la asamblea de productores en Armstrong por parte del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y además los dirigentes y productores de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) se reunieron con su equipo de asesores jurídicos para definir los pasos a seguir, entre los que se encuentran una presentación judicial.
Hay que recordar que durante la asamblea de productores desde la Sociedad Rural Argentina, señalaron que “las retenciones son inconstitucionales”, ya que sostienen que “desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos. El impuesto ya no tiene sustento legal, pues venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente la reglamentación de los derechos de exportación”.
Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, manifestó Pino. Las retenciones contemplan alícuotas del 33% para la soja, del 12% para el resto de los granos y del 9% para la carne vacuna.
“El tema se mantendrá en análisis permanente de acuerdo al comportamiento de los mercados y la reacción que vaya adoptando la cadena de comercialización, el gobierno nacional y el sector productivo”, comentaron desde Apronor. Roberto Palomo, integrante de la entidad, sostuvo que desde su espacio y junto al equipo de abogados, están evaluando diferentes alternativas. En ese sentido, aseguró que la presentación de un recurso de amparo es difícil porque hay requisitos que no se cumplen, como por ejemplo el de la urgencia de daño o de perjuicio sobre la persona.
Otras alternativas
Entonces los abogados de Apronor recomiendan una acción ante la Justicia Federal, denominada “Acción declarativa de Certeza”, que es reclamar a un Juez Federal que declare la constitucionalidad o no del Decreto en cuestión. Paralelamente a esto, se sugiere a los productores del norte de nuestro país realizar un recurso de repetición ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El mismo es un recurso administrativo que se tramita en los tribunales contenciosos y administrativos, para que se devuelvan los impuestos, en este caso las retenciones “mal retenidas”.
“Nosotros estamos evaluando todas estas posibilidades. Hemos realizado ventas en los últimos días para poder contar con la liquidación donde queda plasmado que nos están cobrando las retenciones. También estamos viendo si el Gobierno introduce alguna Ley en el Congreso de la Nación con respecto a todo esto, y que se brinde un marco legal a los derechos de exportación. Consideramos que la batalla final será en el Congreso, como fue en el 2008 con la Resolución 125, aunque por otro lado puede suceder que el presidente Alberto Fernández firme un decreto avalando las retenciones, algo que no puede hacer porque las facultades vencieron el 31 de diciembre pasado″, manifestó Roberto Palomo.
El dirigente reconoció que la región de el NOA y el NEA representa alrededor del 12% del total de aporte de retenciones, y advirtió sobre los recursos que se retiran a las provincias y pueblos del interior porque los mismos no regresan en servicios que mejoren la calidad de vida de la población. “Si ese dinero quedara en manos de los productores significaría un dinamismo para las economías de todas esas zonas, además de ser más eficientes al momento de producir, y habría un corrimiento importante de la frontera agrícola que derivaría en un incremento exponencial de las toneladas producidas”, dijo el representante de Apronor.
Por último, comentó que el dinero que el Estado dejaría de recaudar por las retenciones, lo compensaría con el Impuesto a las Ganancias ante un aumento de la producción. “Somos un país dependiente de las retenciones. Eso no va a cambiar por lo menos en un corto plazo, por más que desde el sector hagamos mucha fuerza para revertir el actual panorama”, concluyó.
