El año que finalizó marcó un rebote del PBI tras el bajón producido por la pandemia. El Gobierno tendrá que evitar una devaluación brusca mientras negocia con el FMI en un clima de desconfianza
El derrumbe provocado por la pandemia del 2020 fue el trampolín que permitió el fuerte rebote de la economía de este año. La realidad superó a los pronósticos y la mejora que se venía proyectando en torno al 7% finalmente terminó en 10%. El repunte se aceleró en la segunda mitad del año, de la mano del aumento del gasto, mejora del consumo y la estabilidad cambiaria. Como resultado, la actividad cerró el año por encima de los niveles prepandemia. No se trata de un gran logro, pero las expectativas previas fueron superadas.
El 2022 arranca más complicado ya desde el plano estadístico, dado que la base de comparación es más elevada. Sería un verdadero milagro que la economía pueda repetir una mejora siquiera parecida a la de 2021.
Las proyecciones privadas y oficiales son mucho más austeras, partiendo de una realidad que nadie desconoce: los motores que podrían sostener la recuperación funcionan como mucho a media máquina. El “efecto arrastre” que queda para este año se ubica en torno al 2,5%. No será para nada sencillo mejorar esta base, aunque el Banco Central destacó en su informe de objetivos para el 2022 que “pensar en una expansión de 4% del PBI es un cálculo conservador”.
En el año que se inicia habrá que seguir conviviendo con una elevada inflación, que tendría un piso de 50% pero muchos analistas privados ven cerca del 60%. Los incesantes aumentos de precios impedirán que se recupere el poder adquisitivo de los salarios. Tampoco se podrá lograr demasiado para bajar los altos niveles de pobreza (que terminó el 2021 cómodamente arriba del 40%), teniendo en cuenta el aumento de los costos de la canasta alimenticia.
El mayor desafío, sin embargo, está nuevamente dado por el frente cambiario. Habrá menos dólares que en 2021 y se estima que la balanza comercial tendrá un superávit de alrededor de USD 9.000 millones contra más de USD 14.000 millones del año pasado. Tampoco habrá desembolsos extraordinarios por parte del FMI, que este año distribuyó Derechos Especiales de Giro como parte del proceso de su capitalización. A la Argentina le tocó el equivalente a USD 4.350 millones.
Por lo tanto, habrá que lidiar con un contexto de menor disponibilidad de divisas, al tiempo que el Banco Central que se queda prácticamente sin reservas líquidas. Por lo tanto, el cepo cambiario tendrá que mantenerse con las mismas o incluso mayores restricciones para compensar la demanda y evitar una devaluación brusca del tipo de cambio oficial.
El primer trimestre estará enmarcado por las negociaciones con el FMI. Los inversores dan por descontado que finalmente se llegará a algún tipo de entendimiento y la Argentina evitaría un default con el organismo, que se convertiría en un hito histórico en la larga cadena de incumplimientos que arrastra el país hace décadas. Sin embargo, ni el Presidente ni su vicepresidenta parecen dispuestos a enfrentarse a este escenario, más allá de alguna dialéctica subida de tono y algunos sectores marginales dentro del oficialismo que alientan la idea.
Pero al acuerdo con el FMI no hay que pedirle más de lo que realmente puede dar. El gran objetivo pasa por patear para adelante los vencimientos de la deuda tomada entre 2018 y 2019, además de refinanciar el último pago con el Club de París. En total son unos USD 40.000 millones que recién habría que empezar a devolver en cinco años. Sin embargo, el arreglo estaría lejos de cumplir el objetivo de regenerar la confianza en el Gobierno o de atraer inversiones, ya sea financieras como productivas.
Los grandes temas estructurales que debe encarar la Argentina seguirán ausentes en el programa con el Fondo. Una reforma laboral que permita más flexibilidad en la contratación de la mano de obra y un freno a la insoportable presión tributaria seguirán ausentes del debate. Para colmo, 2022 viene con sorpresas negativas en materia fiscal: suben las alícuotas máximas de Bienes personales al 1,75%, aumentan el impuesto a las Ganancias en las empresas, se frenó cualquier posibilidad de reducción adicional de Ingresos Brutos y el Gobierno ya anunció la intención de poner sobre la mesa un nuevo impuesto a la herencia.
Mientras tanto, las últimas medidas van en dirección a las exigencias del Fondo, empezando por los mejores números fiscales que dejó el 2021. El ajuste debe ubicarse entre los más grandes de cualquier país tras el déficit récord que dejó el primer año de pandemia.
El rojo primario cayó de 6,5% en 2020 a sólo 3% el último año. Un recorte silencioso que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le tuvo que esconder a Cristina Fernández de Kirchner en medio del proceso electoral, ante los reclamos de la vicepresidenta para salir a gastar más en la previa electoral. Ni siquiera una buena noticia, como lo es una mayor austeridad fiscal, puede ser aprovechada en medio de fuertes tensiones políticas.
El recorrido fiscal del 2021 demostró incluso que el “plan platita” se quedó a mitad de camino, porque no llegó a desviar el objetivo de conseguir una mejora notable de las cuentas públicas. El punto de partida es casi óptimo para cumplir con el pedido del Fondo, que seguramente pedirá un déficit que no se aleje del 2,5% del PBI para este año.
El frente cambiario también empezó a mostrar cambios. En línea con el pedido del organismo de acumular reservas, el Central dejó de intervenir en las cotizaciones del dólar bursátil. Durante un año dedicó más de USD 3.000 millones para mantener a raya al contado con liquidación, con escaso éxito. Pero después de las elecciones, el Gobierno aceptó “sincerar” la situación y hoy las distintas cotizaciones bursátiles están más baratas que el dólar libre, que terminó el año en $ 208. La brecha cambiaria también finalizó arriba del 100%, lo puede gatillar más remarcaciones adelantándose a una posible devaluación del tipo de cambio oficial.
En un clima de desconfianza, el BCRA se mueve en una línea que es cada vez más delgada. La brecha cambiaria volvió a superar el 100%, el tipo de cambio oficial continúa atrasándose en relación a la inflación y la capacidad de intervención oficial está cada día más menguada. Una suba de tasas de interés en enero será una medida casi imposible de evitar, mientras continúan las negociaciones con el Fondo.
El cóctel del mercado financiero y cambiario es sumamente riesgoso. El Central emitió medio billón de pesos sólo en diciembre para financiar el rojo de las cuentas públicas. Esos pesos ya comenzaron a presionar el tipo de cambio libre. Quienes aprovecharon las ventas de fin de año difícilmente utilicen esos pesos excedentes para invertir. Posiblemente el destino sea la compra de dólares como cobertura ante un escenario de alta incertidumbre. Por eso será más urgente que nunca la absorción que lleve adelante el Central en las próximas semanas.
El ajuste de tarifas que se anunció en la última semana va en la misma dirección. No sólo es el ajuste del 20%, sino que además arrancará un esquema de segmentación tarifaria que permitiría ir reduciendo gradualmente los subsidios, que volvieron a crecer peligrosamente.
A mitad de camino
Un análisis del economista Fernando Marull concluyó que ese ajuste tarifario aún está lejos de atacar seriamente los desequilibrios. En el caso de la tarifa eléctrica, por ejemplo, el consumidor estaría pagando apenas el 40% del costo de generación. Y el valor promedio quedaría 60% abajo del pico de abril de 2019, cuando arrancó el congelamiento. Por eso, será necesario complementarlo con un aumento de tarifas que podría llegar al 400% en el caso de los contribuyentes con mayor poder adquisitivo. Algunos especialistas ya hablan de la ilegalidad ante la enorme disparidad de valores que tendrán las tarifas, incluso entre un barrio y otro de la ciudad de Buenos Aires.
También las naftas deberían salir del congelamiento en los primeros meses del 2022. Entre la suba del dólar oficial y el aumento del petróleo, el atraso de precios en el surtidor ya supera el 15% y continuará incrementándose en la medida que no se retome el ajuste gradual de precios.
El sector energético presenta récord de producción, como sucede por ejemplo en el mercado petrolero, pero los niveles de inversión siguen siendo bajísimos. Sólo Vaca Muerta precisaría unos USD 15.000 millones anuales para explotar todo su potencial. Pero por ahora las empresas sólo destinan una mínima fracción y cada vez son más las grandes petroleras que se retiran del mercado local. El peligro es que las necesidades de importación de gas en el invierno provoquen un agujero adicional a las ya menguadas reservas.
Alberto Fernández arrancó su tercer año de gobierno con el mismo estigma que lo persigue desde su victoria en las PASO 2019: la falta total de credibilidad entre los inversores. El año que arranca luce muy desafiante y un paso en falso podría desatar una crisis cambiaria de proporciones.
Evitar la “mala praxis” en las decisiones económicas de los próximos meses y cerrar lo más rápido posible un acuerdo con el Fondo son los grandes desafíos de corto plazo. Pensar en un horizonte más largo es hoy casi un ejercicio de ciencia ficción.
