En su intento por poner un freno a la operatoria, analiza utilizar la norma que aprobó la creación de la AFI y autoriza al Ministerio Público a realizar escuchas a empresas y bancos
Poco después de que el fiscal antilavado Carlos Gonella anunciara que la Procelac recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para que declare ilegal el denominado «contado con liqui», desde el Gobierno analizan aplicar la ley de Inteligencia sancionada este año para controlar dicha operatoria, que permite comprar dólares a través de bonos y acciones.
El kirchnerismo busca avanzar desde varios frentes para frenar el contado con liqui, que sirve de termómetro para contener o disparar el dólar blue, que ayer tocó los $ 13,82, su punto más alto en todo el año. Una de sus principales espadas en ese intento es la Procuraduría que investiga el lavado de activos, la Procelac, liderada por Gonella y que depende del Ministerio Público Fiscal que encabeza Alejandra Gils Carbó.
Gonella fue, en diálogo con el diario Clarín, quien avivó la discusión en las últimas horas al reconocer que a través de la Procelac se presentó un recurso de queja ante la Corte para que se declare la ilegalidad del contado con liqui, en un expediente radicado contra el BBVA Banco Francés. Tras dos reveses en instancias judiciales previas, las expectativas de que el máximo tribunal revea el fallo son pocas en la Procelac y, por ende, en el Gobierno. Incluso, para que la Corte intervenga todavía falta el dictamen de la propia Gils Carbó, jefa directa de Gonella.
Ese contexto lleva al kirchnerismo a idear otras estrategias para combatir el «liqui». Por ejemplo, utilizar la ley de Inteligencia sancionada este año y que creó la Agencia Federal de Inteligencia, reemplazo de la ex SIDE, en los puntos concernientes a la posibilidad de llevar a cabo espionaje contra empresas, bancos y compañías financieras. Fuentes gubernamentales indicaron a El Cronista que «no se pretende dar de baja el contado con liqui, sino controlar la operatoria». Y profundizaron en esa línea al revelar que «existe información sobre bonos que se negociaron varias veces en el mismo día entre cuentas de los mismos titulares», lo cual no es legal. El objetivo, a través de la Ley, es apuntar a las cuevas y a los bancos privados, por un lado, y por el otro a las empresas.
Las escuchas estarán bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y serán llevadas a cabo por la ex Ojota, ahora rebautizada Dircom, y que encabezará Cristina Caamaño, fiscal cercana al oficialismo. Según explicaron fuentes judiciales, la Dircom no realizará las pinchaduras de teléfonos de manera arbitraria, sino luego de tener el pedido formal de un juez.
El intento de la Procelac por combatir el mercado ilegal de divisas incluye también una potencial reforma de la Ley Penal Cambiaria. Gonella se reunió en varias oportunidades con jueces y fiscales del fuero penal económico para formular un proyecto y presentarlo ante el Poder Ejecutivo. La norma actual, sancionada en 1995, es la 19.359 y su artículo 1º sólo reprime operaciones de cambio sin autorización. Sin embargo, tras evaluar la iniciativa, desde el Gobierno por ahora prefirieron no avanzar y, se cree, de hacerlo no lo hará este año, cuando restan cinco meses para el cambio de autoridades.
